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Importantes modificaciones tendrá el anteproyecto que consolida un Sistema de Protección de Datos sustentado en el derecho de las personas de controlar y proteger su información. Es que hace algunos días finalizó la Consulta Pública del texto preparado por el Ejecutivo y la subsecretaria de Economía, Katia Trusich, anunció que recogerán algunos de los comentarios que llegaron a esta instancia.
La regulación de la información personal es una tema que preocupa al sector privado porque el establecer un Registro Central podría ocasionar que se estuviese solicitando reiteradamente autorización a las personas o a un organismo para mantener o cambiar las bases de datos.
Algunas de estas dudas serán atendidas en el proyecto que el gobierno redactará y enviará este año al Congreso.
Tras el período de consulta pública, se decidió que la Autoridad de Protección de Datos será un organismo autónomo e independiente, lo que además facilitará el reconocimiento de la Unión Europea en “nivel adecuado de protección”.
“Hoy Chile tiene compromisos pendientes en la materia no sólo con sus ciudadanos, también con la OCDE y la Unión Europea. Es hora de implementar un sistema que nos permita equilibrar la libre circulación de la información con la efectiva protección de los derechos de nuestros nacionales”, indicó la subsecretaria.
Otra sugerencia acogida de la consulta será una aplicación gradual de la normativa. El plazo exacto de esta entrada en marcha se está evaluando.
“Aprendimos mucho de los aportes que recibimos porque nos permitieron ver cosas que no habíamos considerado y porque gracias a ellos ponderamos de una forma diferente algunas materias para la realidad de nuestro país”, admitió Trusich.
Otras materias que se precisarán serán el ámbito de aplicación de la ley y los casos que quedarán exceptuados de la misma. Cabe recordar que Contraloría solicitó que los datos personales que mantiene el sector público no contemplaran la posibilidad de renuncia por parte de los ciudadanos.
También se perfeccionarán aspectos como definiciones, régimen de principios de tratamiento de datos, derechos de los titulares y transferencia de información.
Y se incorporarán algunas materias nuevas como el tratamiento de datos genéticos para fines de seguros generales. “El proyecto en lo sustantivo no cambia, pero sí se hacen precisiones que permitirán eliminar incertidumbres respecto a cuál es el alcance de los derechos y obligaciones que la ley impone”, explicó la autoridad.
Amplia participación
En la consulta ciudadana que se extendió por un mes participaron seis personas naturales, y 31 jurídicas, algunas que también participaron en la mesa de trabajo donde se sentaron la Asociación de Bancos, la Cámara de Comercio de Santiago, el Comité de Retail Financiero, entre otros.
Los comentarios se traducen en unos 600 aportes focalizados principalmente en el tratamiento de datos, derechos de los titulares, autorregulación, Códigos de Conducta, mayor flexibilidad a las transferencias internacionales , crear una institucionalidad autónoma, independiente con alto grado de expertise; y la necesidad de un régimen de transición en la implementación de la ley.
“Gracias a la Consulta pudimos evidenciar que hay consenso en, por ejemplo, la necesidad de regular, cuáles son los principios del tratamiento y los derechos de los titulares, que debe existir una institucionalidad, que deben existir sanciones, etc. Fue un proceso participativo que nos permitió aprender y trabajar en conjunto con la ciudadanía, la sociedad, civil y las empresas”, precisó la subsecretaria.
Ya finalizada esta etapa correspondería la elaboración del articulado que el Ejecutivo debe tramitar en el Congreso.
Claves del Proyecto
Principios del Proyecto
Los principios del nuevo proyecto de ley que prepara Economía son legitimidad; de finalidad del dato; proporcionalidad; calidad; transparencia en el actuar, y por último, que haya un manejo responsable y seguro de los datos.
La materialización de estos principios implicará que las personas den su consentimiento para el manejo de los datos.
Derechos “Arcos”
En base a esos principios se recogen cinco derechos fundamentales conocidos como “derechos arcos”.
El primero es acceso, permitir que los sujetos puedan exigir el conocimiento de los datos que una empresa tiene de ellos.
El segundo es de rectificación, donde las personas podrán pedir que sus datos sean modificados en caso que estén incorrecto.
El tercero es de cancelación, donde el ciudadano tendrá la opción de que sus datos sean borrados de las bases.
El cuarto es de oposición, con este principio los usuarios tendrán la opción de que sus datos no sean ocupados.
El quinto es impugnación, que implica que no se pueden refutar datos sin consultarle a la persona.
Agencia de Protección de Datos
La nueva institucionalidad tendrá atribuciones para fiscalizar y sancionar con multas que van desde los $4 millones hasta los $400 millones en caso de “manejo negligente”.
La idea era generar un órgano similar al Consejo para la Transparencia”. Tras la Consulta Pública se definió que deberá ser un organismo autónomo e independiente, lo que permitirá lograr el reconocimiento de la Unión Europea como país adecuado.
Procedimiento
Se contempla iniciar un procedimiento por petición de las personas o de oficio.
La Agencia no manejará datos, sino que sólo los campos de información que cada empresa mantiene de cada individuo a la cual las personas interesadas podrán recurrir para saber el contenido de las bases de datos de cada empresa.
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Importantes modificaciones tendrá el anteproyecto que consolida un Sistema de Protección de Datos sustentado en el derecho de las personas de controlar y proteger su información. Es que hace algunos días finalizó la Consulta Pública del texto preparado por el Ejecutivo y la subsecretaria de Economía, Katia Trusich, anunció que recogerán algunos de los comentarios que llegaron a esta instancia.
La regulación de la información personal es una tema que preocupa al sector privado porque el establecer un Registro Central podría ocasionar que se estuviese solicitando reiteradamente autorización a las personas o a un organismo para mantener o cambiar las bases de datos.
Algunas de estas dudas serán atendidas en el proyecto que el gobierno redactará y enviará este año al Congreso.
Tras el período de consulta pública, se decidió que la Autoridad de Protección de Datos será un organismo autónomo e independiente, lo que además facilitará el reconocimiento de la Unión Europea en “nivel adecuado de protección”.
“Hoy Chile tiene compromisos pendientes en la materia no sólo con sus ciudadanos, también con la OCDE y la Unión Europea. Es hora de implementar un sistema que nos permita equilibrar la libre circulación de la información con la efectiva protección de los derechos de nuestros nacionales”, indicó la subsecretaria.
Otra sugerencia acogida de la consulta será una aplicación gradual de la normativa. El plazo exacto de esta entrada en marcha se está evaluando.
“Aprendimos mucho de los aportes que recibimos porque nos permitieron ver cosas que no habíamos considerado y porque gracias a ellos ponderamos de una forma diferente algunas materias para la realidad de nuestro país”, admitió Trusich.
Otras materias que se precisarán serán el ámbito de aplicación de la ley y los casos que quedarán exceptuados de la misma. Cabe recordar que Contraloría solicitó que los datos personales que mantiene el sector público no contemplaran la posibilidad de renuncia por parte de los ciudadanos.
También se perfeccionarán aspectos como definiciones, régimen de principios de tratamiento de datos, derechos de los titulares y transferencia de información.
Y se incorporarán algunas materias nuevas como el tratamiento de datos genéticos para fines de seguros generales. “El proyecto en lo sustantivo no cambia, pero sí se hacen precisiones que permitirán eliminar incertidumbres respecto a cuál es el alcance de los derechos y obligaciones que la ley impone”, explicó la autoridad.
Amplia participación
En la consulta ciudadana que se extendió por un mes participaron seis personas naturales, y 31 jurídicas, algunas que también participaron en la mesa de trabajo donde se sentaron la Asociación de Bancos, la Cámara de Comercio de Santiago, el Comité de Retail Financiero, entre otros.
Los comentarios se traducen en unos 600 aportes focalizados principalmente en el tratamiento de datos, derechos de los titulares, autorregulación, Códigos de Conducta, mayor flexibilidad a las transferencias internacionales , crear una institucionalidad autónoma, independiente con alto grado de expertise; y la necesidad de un régimen de transición en la implementación de la ley.
“Gracias a la Consulta pudimos evidenciar que hay consenso en, por ejemplo, la necesidad de regular, cuáles son los principios del tratamiento y los derechos de los titulares, que debe existir una institucionalidad, que deben existir sanciones, etc. Fue un proceso participativo que nos permitió aprender y trabajar en conjunto con la ciudadanía, la sociedad, civil y las empresas”, precisó la subsecretaria.
Ya finalizada esta etapa correspondería la elaboración del articulado que el Ejecutivo debe tramitar en el Congreso.
Claves del Proyecto
Los principios del nuevo proyecto de ley que prepara Economía son legitimidad; de finalidad del dato; proporcionalidad; calidad; transparencia en el actuar, y por último, que haya un manejo responsable y seguro de los datos.
La materialización de estos principios implicará que las personas den su consentimiento para el manejo de los datos.
En base a esos principios se recogen cinco derechos fundamentales conocidos como “derechos arcos”.
El primero es acceso, permitir que los sujetos puedan exigir el conocimiento de los datos que una empresa tiene de ellos.
El segundo es de rectificación, donde las personas podrán pedir que sus datos sean modificados en caso que estén incorrecto.
El tercero es de cancelación, donde el ciudadano tendrá la opción de que sus datos sean borrados de las bases.
El cuarto es de oposición, con este principio los usuarios tendrán la opción de que sus datos no sean ocupados.
El quinto es impugnación, que implica que no se pueden refutar datos sin consultarle a la persona.
La nueva institucionalidad tendrá atribuciones para fiscalizar y sancionar con multas que van desde los $4 millones hasta los $400 millones en caso de “manejo negligente”.
La idea era generar un órgano similar al Consejo para la Transparencia”. Tras la Consulta Pública se definió que deberá ser un organismo autónomo e independiente, lo que permitirá lograr el reconocimiento de la Unión Europea como país adecuado.
Se contempla iniciar un procedimiento por petición de las personas o de oficio.
La Agencia no manejará datos, sino que sólo los campos de información que cada empresa mantiene de cada individuo a la cual las personas interesadas podrán recurrir para saber el contenido de las bases de datos de cada empresa.
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