Incluso limitando el debate entre transparencia y privacidad a un marco sencillo, sus consecuencias son complicadas. La manera en que las sociedades resuelvan el conflicto entre privacidad de sus individuos y transparencia de sus gobiernos decidirá gran parte de la organización de las sociedades y democracias durante el siglo XXI.
La reciente publicación de los “Papeles de Panamá” ha traído de nuevo al frente el debate de la privacidad frente a la transparencia, un debate hermano al balance entre privacidad y seguridad. Ambos se sitúan en el epicentro por la batalla de los derechos civiles de nuestras décadas. Cómo sean resueltos por nuestras sociedades marcará la situación política y social del siglo XXI.
El debate se puede resumir en las diferencias de consideración entre individuos y los aparatos democráticos que los gobiernan. Mantener el debate en las estructuras del estado liberal moderno y alejarse de autocracias asiáticas permite enfocar mejor aún la situación.
Es de los derechos inherentes, propios o incluso evidentes de los individuos, que emana la democracia que, con variaciones históricas tradicionales, forman los pilares comunes en todos los estados modernos.
Privacidad y el individuo
La mayoría de los países recogen de forma constitucional o por ley el derecho a la privacidad en determinadas situaciones de sus individuos por parte del Estado que los gobierna y de otros individuos. El debate actual da vueltas en torno a la privacidad que las matemáticas y la informática de consumo permiten obtener a casi cualquier ciudadano, capaz de disponer por muy poco dinero de protecciones para sus datos limitadas a entidades corporativas o gobiernos hasta hace poco.
Estas mismas matemáticas son las que hacen imposible para los estados —el propio y ajenos— acceder a los datos que el ciudadano se niegue a proveer, llegando a choques con la seguridad y bienestar de otros ciudadanos en caso de que sean considerados delitos, o para esclarecer en un juicio si lo son.
Hay un amplio rango de delitos que tienen en el cifrado de los datos —y de su transmisión— un poderoso aliado. Los más evidentes seguramente sean la planificación de atentados terroristas, hasta delitos financieros y económicos que afectan al aparato recaudatorio de los gobiernos.
Transparencia y el gobierno
El gobierno se compone de empleados civiles y militares que se ocupan de mantener sus funciones de forma adecuada. Los ciudadanos deben comprobar si estos empleados están haciendo bien su trabajo, y a través de sus representantes o del sistema judicial, mantener que esto sea así.
A raíz de esta necesidad de controlar cómo operan las diferentes partes del aparato, surgen tanto los grupos de presión política —bien pueden estar sustentados por empresas privadas o ser movimientos horizontales organizados por simples ciudadanos—, los sindicatos laborales, o incluso las ONG y partidos políticos. En una situación similar se encuentra también parte de la prensa, autodenominada como el quinto poder.
El trabajo de todas estas organizaciones se ve imposibilitado si el aparato opera con mayor o menor opacidad. Para solucionarlo, se crean leyes de transparencia de diverso calado, funcionamiento y capacidad. De la misma forma que los cuerpos de Policía necesitan de un cuerpo propio que vigile que hace bien su trabajo, popularmente conocido como “Asuntos Internos”. Estas leyes facilitan que sea el propio estado el que tenga la obligación de vigilarse a sí mismo de forma interdepartamental.
Secreto bancario
El secreto bancario tiene una especial importancia dentro de nuestra necesidad de privacidad. Forzar a las entidades bancarias a ofrecer datos de las cuentas bancarias de sus clientes a gobiernos por motivos fiscales es justificado. Todos los ciudadanos tienen la obligación de pagar impuestos según ingresos. Llevar nuestras finanzas a un país extranjero no es ilegal como tampoco es ilegal cifrar tus fotos y mensajes.
En un futuro donde todas las finanzas serán digitales, cifradas e incluso puede que descentralizadas, la materia legal va a complicarse. Grandes cantidades de moneda o equivalentes en su definición más básica podrían esconderse detrás de una simple contraseña. ¿Podrán decidir los gobiernos que tienen derecho a conocer esta información por motivos fiscales? Sí, pero será difícil de implementar en la práctica sin, de nuevo, chocar de frente con los derechos civiles.
El conflicto
Decidir la extensión de las leyes de transparencia es crucial. Pocos ciudadanos dudan de la necesidad de mantener bajo mayor resguardo los datos relativos a la operación de las centrales nucleares, por ejemplo, como tampoco dudan de solicitar la auditoría constante de los gastos y decisiones de los funcionarios, por muy altos que sean en la jerarquía estatal.
Tampoco duda mucho la opinión pública en la necesidad de que las fuerzas de seguridad sean capaces de hacer su trabajo con eficacia. Lamentablemente la tecnología, como recurso indiferente que es, permanece inalterable al uso que se le aplica.
Es seguro afirmar que cualquier tipo de legislación anti-cifrado es ineficaz e inaplicable sin alterar los derechos civiles que consideramos básicos. El cifrado de las comunicaciones y almacenamiento de datos —y los metadatos: datos que hacen referencia a los datos originales— de individuos y empresas, debe ser considerado como un elemento de máximo respeto por parte de los gobiernos.
Al igual que hay legislación que prohíbe escuchar las llamadas telefónica, abrir la correspondencia física u obligar a hacer declaraciones ante la policía y jueces. Se debe proteger también el derecho de los ciudadanos a no ofrecer acceso a sus dispositivos electrónicos. Así pues, no se puede forzar a un ciudadano a decir la clave de su portátil o smartphone, pero queda por ver si se podría forzar a un usuario a poner el dedo en el lector de huellas. ¿Cuenta como una declaración y no puede ser forzada? Los expertos legales no se ponen de acuerdo.
Si un smartphone es una extensión de nuestros pensamientos e ideas, acceder a ellas sin permiso del ciudadano sería una violación de sus derechos. Los métodos que la policía utiliza para acceder a nuestros datos y nuestras comunicaciones funcionan cada año con menos dispositivos. Llegará un momento que, si queremos, será matemáticamente imposible obtener nuestros datos sin nuestra colaboración, incluidos los bancarios.
Las urnas demandarán leyes que impidan a la gente esconder dinero para no pagar impuestos en sus ordenadores y smartphones, los jueces obligarán a los ciudadanos a entregar las claves, y los ciudadanos se negarán a declararlas. Y como será imposible acceder a los datos sin esas claves ¿qué haremos entonces? Si prohíben a las compañías crear software de cifrado para aumentar la seguridad no se conseguirá nada, los criminales usarán aplicaciones de software libre o harán las suyas propias. ¿Van a prohibir las matemáticas? No hay nada que hacer.
Los delitos existen en el mundo real, y las fuerzas de seguridad y jueces actúan sobre personas reales. Simplemente debemos darles más recursos para que puedan operar y mantenernos seguros y libres sin quebrar nuestros derechos civiles. La privacidad y la transparencia pueden coexistir en equilibrio si realmente se quiere.
Es mucho más caro mantener una red de policías con informantes entre los criminales. De mantener cientos de espías consiguiendo información, que simplemente monitorizar todas las llamadas conversaciones entre los ciudadanos. Al final los criminales siguen delinquiendo, mientras el resto pierde sus libertades.
Incluso limitando el debate entre transparencia y privacidad a un marco sencillo, sus consecuencias son complicadas. La manera en que las sociedades resuelvan el conflicto entre privacidad de sus individuos y transparencia de sus gobiernos decidirá gran parte de la organización de las sociedades y democracias durante el siglo XXI.
La reciente publicación de los “Papeles de Panamá” ha traído de nuevo al frente el debate de la privacidad frente a la transparencia, un debate hermano al balance entre privacidad y seguridad. Ambos se sitúan en el epicentro por la batalla de los derechos civiles de nuestras décadas. Cómo sean resueltos por nuestras sociedades marcará la situación política y social del siglo XXI.
El debate se puede resumir en las diferencias de consideración entre individuos y los aparatos democráticos que los gobiernan. Mantener el debate en las estructuras del estado liberal moderno y alejarse de autocracias asiáticas permite enfocar mejor aún la situación.
Es de los derechos inherentes, propios o incluso evidentes de los individuos, que emana la democracia que, con variaciones históricas tradicionales, forman los pilares comunes en todos los estados modernos.
Privacidad y el individuo
La mayoría de los países recogen de forma constitucional o por ley el derecho a la privacidad en determinadas situaciones de sus individuos por parte del Estado que los gobierna y de otros individuos. El debate actual da vueltas en torno a la privacidad que las matemáticas y la informática de consumo permiten obtener a casi cualquier ciudadano, capaz de disponer por muy poco dinero de protecciones para sus datos limitadas a entidades corporativas o gobiernos hasta hace poco.
Estas mismas matemáticas son las que hacen imposible para los estados —el propio y ajenos— acceder a los datos que el ciudadano se niegue a proveer, llegando a choques con la seguridad y bienestar de otros ciudadanos en caso de que sean considerados delitos, o para esclarecer en un juicio si lo son.
Hay un amplio rango de delitos que tienen en el cifrado de los datos —y de su transmisión— un poderoso aliado. Los más evidentes seguramente sean la planificación de atentados terroristas, hasta delitos financieros y económicos que afectan al aparato recaudatorio de los gobiernos.
Transparencia y el gobierno
El gobierno se compone de empleados civiles y militares que se ocupan de mantener sus funciones de forma adecuada. Los ciudadanos deben comprobar si estos empleados están haciendo bien su trabajo, y a través de sus representantes o del sistema judicial, mantener que esto sea así.
A raíz de esta necesidad de controlar cómo operan las diferentes partes del aparato, surgen tanto los grupos de presión política —bien pueden estar sustentados por empresas privadas o ser movimientos horizontales organizados por simples ciudadanos—, los sindicatos laborales, o incluso las ONG y partidos políticos. En una situación similar se encuentra también parte de la prensa, autodenominada como el quinto poder.
El trabajo de todas estas organizaciones se ve imposibilitado si el aparato opera con mayor o menor opacidad. Para solucionarlo, se crean leyes de transparencia de diverso calado, funcionamiento y capacidad. De la misma forma que los cuerpos de Policía necesitan de un cuerpo propio que vigile que hace bien su trabajo, popularmente conocido como “Asuntos Internos”. Estas leyes facilitan que sea el propio estado el que tenga la obligación de vigilarse a sí mismo de forma interdepartamental.
Secreto bancario
El secreto bancario tiene una especial importancia dentro de nuestra necesidad de privacidad. Forzar a las entidades bancarias a ofrecer datos de las cuentas bancarias de sus clientes a gobiernos por motivos fiscales es justificado. Todos los ciudadanos tienen la obligación de pagar impuestos según ingresos. Llevar nuestras finanzas a un país extranjero no es ilegal como tampoco es ilegal cifrar tus fotos y mensajes.
En un futuro donde todas las finanzas serán digitales, cifradas e incluso puede que descentralizadas, la materia legal va a complicarse. Grandes cantidades de moneda o equivalentes en su definición más básica podrían esconderse detrás de una simple contraseña. ¿Podrán decidir los gobiernos que tienen derecho a conocer esta información por motivos fiscales? Sí, pero será difícil de implementar en la práctica sin, de nuevo, chocar de frente con los derechos civiles.
El conflicto
Decidir la extensión de las leyes de transparencia es crucial. Pocos ciudadanos dudan de la necesidad de mantener bajo mayor resguardo los datos relativos a la operación de las centrales nucleares, por ejemplo, como tampoco dudan de solicitar la auditoría constante de los gastos y decisiones de los funcionarios, por muy altos que sean en la jerarquía estatal.
Tampoco duda mucho la opinión pública en la necesidad de que las fuerzas de seguridad sean capaces de hacer su trabajo con eficacia. Lamentablemente la tecnología, como recurso indiferente que es, permanece inalterable al uso que se le aplica.
Es seguro afirmar que cualquier tipo de legislación anti-cifrado es ineficaz e inaplicable sin alterar los derechos civiles que consideramos básicos. El cifrado de las comunicaciones y almacenamiento de datos —y los metadatos: datos que hacen referencia a los datos originales— de individuos y empresas, debe ser considerado como un elemento de máximo respeto por parte de los gobiernos.
Al igual que hay legislación que prohíbe escuchar las llamadas telefónica, abrir la correspondencia física u obligar a hacer declaraciones ante la policía y jueces. Se debe proteger también el derecho de los ciudadanos a no ofrecer acceso a sus dispositivos electrónicos. Así pues, no se puede forzar a un ciudadano a decir la clave de su portátil o smartphone, pero queda por ver si se podría forzar a un usuario a poner el dedo en el lector de huellas. ¿Cuenta como una declaración y no puede ser forzada? Los expertos legales no se ponen de acuerdo.
Si un smartphone es una extensión de nuestros pensamientos e ideas, acceder a ellas sin permiso del ciudadano sería una violación de sus derechos. Los métodos que la policía utiliza para acceder a nuestros datos y nuestras comunicaciones funcionan cada año con menos dispositivos. Llegará un momento que, si queremos, será matemáticamente imposible obtener nuestros datos sin nuestra colaboración, incluidos los bancarios.
Las urnas demandarán leyes que impidan a la gente esconder dinero para no pagar impuestos en sus ordenadores y smartphones, los jueces obligarán a los ciudadanos a entregar las claves, y los ciudadanos se negarán a declararlas. Y como será imposible acceder a los datos sin esas claves ¿qué haremos entonces? Si prohíben a las compañías crear software de cifrado para aumentar la seguridad no se conseguirá nada, los criminales usarán aplicaciones de software libre o harán las suyas propias. ¿Van a prohibir las matemáticas? No hay nada que hacer.
Los delitos existen en el mundo real, y las fuerzas de seguridad y jueces actúan sobre personas reales. Simplemente debemos darles más recursos para que puedan operar y mantenernos seguros y libres sin quebrar nuestros derechos civiles. La privacidad y la transparencia pueden coexistir en equilibrio si realmente se quiere.
Es mucho más caro mantener una red de policías con informantes entre los criminales. De mantener cientos de espías consiguiendo información, que simplemente monitorizar todas las llamadas conversaciones entre los ciudadanos. Al final los criminales siguen delinquiendo, mientras el resto pierde sus libertades.
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