A propósito del sismo que afectó la zona centro-norte de Chile el pasado miércoles 16 de septiembre, el presidente estadounidense, Barack Obama, consideró oportunollamar a su par chileno, la presidenta Michelle Bachelet, consultarle por el estado de los planes de reconstrucción y hacer presión diplomática para que el país acepte el periodo de ocho años de producción monopólica de medicamentos biológicos que actualmente se discute en el marco del TPP.
La protección de medicamentos biológicos es uno de los grandes temas pendientes en las negociaciones del Tratado Transpacífico. Se trata de productos derivados de organismos vivos, más caros que los medicamentos comunes. Estados Unidos ha estado presionado fuertemente para garantizar la producción monopólica de estos fármacos por un plazo de ocho años, mientras que los países en vías de desarrollo no están dispuestos a que ese periodo supere los cinco años. Chile se ha comprometido “a muerte” a no ceder en este punto, postura que Estados Unidos está tratando de revertir con medidas como el telefonazo de Obama.
Los plazos de producción exclusiva de los medicamentos tienen incidencia directa en el derecho a la salud de las personas. Monopolios legales más largos se traducen en mayores trabas para la producción de medicamentos genéricos, mucho más baratos que los originales. Esto encarece la salud, lo que en muchos casos puede significar incluso la muerte de pacientes incapaces de costear el tratamiento adecuado.
El mecanismo para limitar su producción es decretar la exclusividad de datos de prueba, es decir, el cúmulo de estudios que prueban la eficacia y seguridad de un medicamento. Al proteger los datos de prueba se impide a los productores de genéricos usar los datos existentes, retrasando varios años la salida al mercado de versiones hasta 60 veces más barata que los medicamentos originales.
Ante la negativa de los países a conceder un plazos de protección monopólica mayor a cinco años, Estados Unidos hizo una “contrapropuesta”: mantener la exclusividad de los datos de prueba en cinco años, seguidos de tres años de “farmacovigilancia” durante los cuales los genéricos no pueden ser comercializados. Es decir, los mismos ocho años en total.
Ante esta ilusión de alternativas, es importante que el Gobierno chileno mantenga su posición. Monopolios más largos afectarán directamente el alcance de políticas públicas como la ley Ricarte Soto, y podrían hacer la diferencia entre la vida y muerte de muchos ciudadanos.
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A propósito del sismo que afectó la zona centro-norte de Chile el pasado miércoles 16 de septiembre, el presidente estadounidense, Barack Obama, consideró oportunollamar a su par chileno, la presidenta Michelle Bachelet, consultarle por el estado de los planes de reconstrucción y hacer presión diplomática para que el país acepte el periodo de ocho años de producción monopólica de medicamentos biológicos que actualmente se discute en el marco del TPP.
La protección de medicamentos biológicos es uno de los grandes temas pendientes en las negociaciones del Tratado Transpacífico. Se trata de productos derivados de organismos vivos, más caros que los medicamentos comunes. Estados Unidos ha estado presionado fuertemente para garantizar la producción monopólica de estos fármacos por un plazo de ocho años, mientras que los países en vías de desarrollo no están dispuestos a que ese periodo supere los cinco años. Chile se ha comprometido “a muerte” a no ceder en este punto, postura que Estados Unidos está tratando de revertir con medidas como el telefonazo de Obama.
Los plazos de producción exclusiva de los medicamentos tienen incidencia directa en el derecho a la salud de las personas. Monopolios legales más largos se traducen en mayores trabas para la producción de medicamentos genéricos, mucho más baratos que los originales. Esto encarece la salud, lo que en muchos casos puede significar incluso la muerte de pacientes incapaces de costear el tratamiento adecuado.
El mecanismo para limitar su producción es decretar la exclusividad de datos de prueba, es decir, el cúmulo de estudios que prueban la eficacia y seguridad de un medicamento. Al proteger los datos de prueba se impide a los productores de genéricos usar los datos existentes, retrasando varios años la salida al mercado de versiones hasta 60 veces más barata que los medicamentos originales.
Ante la negativa de los países a conceder un plazos de protección monopólica mayor a cinco años, Estados Unidos hizo una “contrapropuesta”: mantener la exclusividad de los datos de prueba en cinco años, seguidos de tres años de “farmacovigilancia” durante los cuales los genéricos no pueden ser comercializados. Es decir, los mismos ocho años en total.
Ante esta ilusión de alternativas, es importante que el Gobierno chileno mantenga su posición. Monopolios más largos afectarán directamente el alcance de políticas públicas como la ley Ricarte Soto, y podrían hacer la diferencia entre la vida y muerte de muchos ciudadanos.
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