El pasado miércoles 13 de noviembre, WikiLeaks dio a conocer un documento de 96 páginas referentes al capítulo de propiedad intelectual del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP por sus siglas en inglés), este documento proviene de la decimonovena ronda de negociación del acuerdo llevada a cabo entre el 22 y 30 de agosto de 2013 en Bandar Seri Begawan, capital del sultanato de Brunei. En el texto revelado, aunque no de muy fácil lectura, se pueden ver las posiciones por país dentro de los temas y el articulado del acuerdo.
¿Cómo llegamos a esto?
De acuerdo al Sistema de Información de Comercio Exterior de la Organización de Estados Americanos (OEA), “El proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacíficotiene por objeto la creación de una plataforma para una potencial integración económica en la región del Asia-Pacífico. Los países participantes en las negociaciones del TPP se proponen diseñar un acuerdo inclusivo y de alta calidad que siente las bases para el crecimiento económico, el desarrollo y la generación de empleo de los países miembros”.
El acuerdo es negociado desde el año 2005 por Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Posteriormente, en febrero de 2008 Estados Unidos hace pública su intención de sumarse al acuerdo y con ello se modifican los alcances y reglas para continuar con el contenido del TPP. No fue sino hasta 2012 cuando México fue notificado de su inclusión a las negociaciones. En un comunicado del 10 de julio de 2012, firmado por Ron Kirk, se notifica al Congreso estadounidense la inclusión de México previa presión del entonces presidente Felipe Calderón, quien en abril de ese año declaró “quisiera unir fuerzas lo antes posible con el TPP (Trans-Pacific Partnership), porque sabemos que los mexicanos pueden contribuir a una conclusión rápida y exitosa de este proceso”.
Así es que México entró a las negociaciones del TPP. De alguna manera sorprendió la insistencia del gobierno mexicano tras el revés recibido en el caso del Acuerdo Comercial Anti-falsificación (ACTA), en el que la legislatura pasada en el Senado votó de manera unánime una serie de conclusiones provenientes de un grupo plural de trabajo que argumentó públicamente en contra de la forma en que fue negociado ese acuerdo (en secreto) y del fondo del mismo, contrario a los principios constitucionales. Sin haber aprendido mucho de este error, México inició las negociaciones del TPP.
En la forma, el TPP tiene la misma falla que ACTA: ha sido negociado en secreto para la sociedad civil y abiertamente para las corporaciones. Lo anterior refuerza la asimetría de diálogo y participación de los ciudadanos en políticas que les afectan en su vida cotidiana. La forma en cómo se ha conducido la negociación ha sido criticada por numerosas organizaciones internacionales en los últimos años, con efectos apenas cosméticos: la inclusión de audiencias con la sociedad civil en “el cuarto trasero” de las negociaciones.
La nueva ola de tratados
El TPP se inserta en la nueva ola de acuerdos comerciales del siglo XXI que tratan de responder a las crisis económicas y al desgaste del modelo neoliberal. Sin embargo las recetas no son del todo nuevas, reproducen modelos del siglo pasado que no fueron del todo exitosos. Además los nuevos acuerdos negociados fuera de los foros internacionales más públicos e idóneos trastocan entre otras cosas derechos fundamentales como los de libertad de expresión, al tratar de regular Internet y otros medios con el pretexto de preservar los derechos de propiedad y propiedad intelectual.
Se trata, por ejemplo, de asumir que la fórmula “más mercado, menos estado” es la única válida cuando se habla de comercio transnacional. El problema es que estos acuerdos no están del todo preocupados por los derechos de propiedad o cualquiera de sus argumentos. Centralmente, como vemos en la última filtración del TPP, la preocupación principal es la de restringir la capacidad de los estados para regular y poner impuestos a las corporaciones. Con su activa participación en la configuración de estos acuerdos, las corporaciones tratan de ganar en lo oscurito lo que no pudieron ganar en el debate público.
El TPP representa un eslabón en una batalla cultural de rompimiento con los modelos del siglo XX, el siglo de la propiedad intelectual, en donde se consolidaron los modelos de política exterior tras dos guerras mundiales y una guerra fría polarizada ideológicamente, se instaló el modelo capitalista y neoliberal sin una revisión autocrítica de parte sus promotores. Internet como elemento de choque es la única infraestructura que, al conectarnos, nos ha hecho repensar todos estos supuestos. Por eso si el TPP se hubiera negociado a finales de la década de los 80 del siglo pasado, probablemente no hubiera pasado mucho.
Las filtraciones
WikiLeaks y las plataformas para filtrar documentos de interés público de manera anónima ha jugado un papel clave en el desarrollo de la resistencia internacional al TPP. Lejos de perjudicar el desarrollo del tratado, se abre la posibilidad de discutir públicamente sus efectos y lo que honestamente esperan los gobiernos con esto. Como lo argumentan Martha Finnemore y Henry Farrel en la revista estadounidense Foreign Affairs, las filtraciones podrían significar el fin de la hipocresía de la política exterior.
El TPP ha tenido por lo menos tres filtraciones en donde quienes están excluidos del debate se han enterado de lo que se negocia. La primera filtración ocurrió en febrero de 2011. En aquel documento de casi 40 páginas se delineaban las preocupaciones sobre los derechos de propiedad intelectual que se discutirían en las rondas de negociación siguientes. La segunda filtración ocurrió en julio de 2012; el documento obtenido era la sección sobre excepciones y limitaciones del copyright dentro del TPP. Ambos documentos permitieron a la sociedad civil e interesados exigir a sus gobiernos y representantes que rindieran cuentas acerca del contenido total del acuerdo, las implicaciones y consecuencias del mismo para la vida cotidiana de las personas y de las instituciones y leyes locales. Muchas de estas respuestas no han llegado, los gobiernos han preferido guardar silencio o defender la secrecía del acuerdo y presentar índices y beneficios por lo menos cuestionables.
Problemas y preocupaciones
El capítulo de propiedad intelectual filtrado por WikiLeaks propone la concesión de más patentes, la creación de derechos de propiedad intelectual sobre los datos, la extensión en los plazos de protección de las patentes y derechos de autor, la ampliación de los privilegios de los titulares de derechos y el aumento de sanciones por infracción. Además el documento conocido reduce el espacio para exigir excepciones en todo tipo de derecho de propiedad intelectual.
Dentro del documento persiste la idea de ampliar la criminalización de las personas por el uso de material protegido con propiedad intelectual, incluso cuando la supuesta infracción se haga con fines distintos al lucro. La definición usada para el término “escala comercial” es tan amplia que cualquier tipo de infracción, aún en el ámbito privado, puede ser criminalizada. Además las sanciones por esquivar las medidas tecnológicas de protección a derechos de autor (léase los candados digitales para no copiar música, videos o juegos) parecen desmedidas: no solamente operarían en caso de hacerlo de manera dolosa sino cuando el presunto infractor tenga “motivos razonables” para saberlo. Las sanciones se plantean, por ejemplo, si se almacena temporalmente en forma electrónica un archivo sin autorización del autor. Además de los problemas subyacentes de esta medida, que incluyen formas específicas de censura previa indirecta, estas medidas también podrían afectar la vida privada de las personas. Sobre lo anterior, Alberto Cerda, de la organización chilena Derechos Digitales, advierte: “el TPP exige la adopción de medidas específicas que menoscaban la privacidad de las personas, por ejemplo, favoreciendo la utilización de tecnologías que controlan el uso de las obras y a los usuarios, como también por medio de normas que obliguen a los prestadores de servicios en línea a identificar supuestos infractores”.
Como en el caso de ACTA, el TPP prevé incentivos para la cooperación entre los proveedores de servicios de Internet y los titulares de derechos, así como sanciones para quienes se nieguen a cooperar. En este sentido, el análisis realizado por la organización Knowledge Ecology International, afirma que “Para determinar la cuantía de la indemnización en virtud del párrafo 2, las autoridades judiciales estarán facultadas para examinar, entre otras cosas, cualquier medida legítima de valor que el titular del derecho presente; éstas pueden incluir la pérdida de ganancias, el valor de los bienes o servicios infringidos medidos por el precio del mercado o el precio de venta sugerido”.
Una de las discusiones más álgidas que se observan en el documento probablemente sea la de laresponsabilidad legal de los proveedores de servicio de Internet. Estados Unidos y Australia proponen que se extiendan las responsabilidades de intermediarios sobre lo que ocurra en sus redes; por otro lado, un bloque que integra Canadá, México, Vietnam, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur y Chile se opone a esta medida entendiendo que se debe establecer de manera clara los límites de la responsabilidad. Las obligaciones propuestas por EUA contemplan la cancelación del servicio y el bloqueo de contenidos en la red.
Otra de las batallas claras entre EUA y el resto de los países es la de las patentes. Mientras Estados Unidos está presionando intensamente por reforzar y endurecer el sistema de patentes mundial (aunque el sistema doméstico de EUA no sea tan eficiente), esta batalla llega al absurdo de querer imponer la posibilidad de patentar operaciones matemáticas, mentales y quirúrgicas. En las leyes locales esto transformaría el entorno legal y comercial. La preocupación principal recae en el tema de acceso a medicamentos que podría restringirse con un nuevo sistema de patentes. Al respecto la primera reacción de Médicos Sin Fronteras ante la filtración fue: “La filtración del texto secreto confirma que el gobierno de EUA continúa con la intención de avasallar a sus socios comerciales frente a una oposición firme sobre los términos que restrinjan severamente el acceso a medicamentos asequibles para millones de personas. Los EE.UU. se niegan a retractarse de disposiciones peligrosas que impidan el acceso oportuno a medicamentos asequibles”.
El efecto Cantoral-Manzanero se deja ver en la posición de México con respecto a los tiempos de vigencia de los derechos de autor. Para los términos de copyright dentro del TPP, EE.UU., Australia, Perú, Singapur y Chile proponen un período de 70 años para las personas físicas. Para las obras propiedad de las empresas, EE.UU. propone 95 años de derechos exclusivos, mientras que Australia, Perú, Singapur y Chile proponen 70 años para las obras propiedad de las empresas. México quiere 100 años para las personas físicas y 75 años para las obras propiedad de las empresas. Para las obras no publicadas, los EE.UU. quiere un período de 120 años, pese al documentado problema de la orfandad de obras.
En suma vemos un texto abierto con discusiones claras. Parece que hasta agosto las negociaciones responden a los intereses de las grandes farmacéuticas y la industria del entretenimiento; se trata de un texto que construye techos al ejercicio de derechos fundamentales en lugar de pisos comunes y razonables para hacerlo.
Desde México
El texto continúa en discusión y la siguiente semana otra ronda de negociación tendrá lugar en Salt Lake City, Utah, EUA. Enrique Peña Nieto ha insistido con que el TPP es uno de sus proyectos más ambiciosos en materia de política comercial internacional. Sin embargo, en México el Senado tendrá la última palabra al respecto de ratificarlo o no. En febrero de este año, el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo compareció ante los senadores para aclarar dudas sobre el TPP. Desde entonces poco hemos sabido al respecto. Por lo menos se intuye que el PRD (por declaraciones de Dolores Padierna y Mario Delgado) y el PAN (por cuestionamiento de Gaby Cuevas) podrían estar en la apertura de deliberar públicamente la posición del Senado, tal como lo hicieron con ACTA en la legislatura pasada. Por su parte, la senadora del PRI, Marcela Guerra, ha argumentado a favor del acuerdo incluso sin ser público. Lo cierto es que los senadores tampoco han cumplido con vigilar de cerca las negociaciones, como consta en un documento del 23 de abril de la junta de coordinación política en el cual se les encomendó la tarea de hacer y hasta la fecha no han asistido a ninguna de las rondas de negociación realizadas.
Por otro lado sorprende que en vísperas de la presentación de la llamada “Agenda Digital” por parte de la Presidencia de la República (concretamente la oficina comandada por Alejandra Lagunes), ninguno de estos temas (propiedad intelectual, responsabilidad de intermediarios, neutralidad de la red, vigilancia y libertad de expresión en línea) figuren en la conformación de la misma, lo que evidencia la falta de coherencia. No se puede tener una agenda digital sin un ecosistema que lo permita y que no criminalice al usuario. Tal parece que la preocupación principal se centra en liberar datos (que no democratizar procesos y documentación), hacer más eficientes los trámites gubernamentales y ofrecer soluciones para todo vía aplicaciones móviles. Ante la falta de solvencia técnica de Lagunes, probablemente sea buena idea que la coordinadora de la sociedad de la información y el conocimiento, Mónica Aspe Bernal, ingrese a las negociaciones del TPP para zanjar la falta de visión acusada hasta ahora. El reto consiste en abordar decididamente una defensa que permita el florecimiento de un ecosistema digital en el país.
Conclusión
La filtración del TPP ya tuvo consecuencias políticas: en el congreso de Estados Unidos han levantado dudas razonables para no aprobar el plan de “fast-track” pretendido por el Presidente Obama. Por otro lado, de cara a la ronda de Salt Lake City, el documento publicado por WikiLeaks aumenta la presión entre los negociadores hoy expuestos ante la opinión pública y probablemente, como en el caso de ACTA, esto matice las posiciones de todos. Sustantivamente, lo conocido hasta ahora es preocupante no sólo porque a primera vista se trata de un acuerdo que contraviene el orden constitucional, sino porque vemos a un gobierno mexicano que no defiende decididamente los derechos de las personas.
El pasado miércoles 13 de noviembre, WikiLeaks dio a conocer un documento de 96 páginas referentes al capítulo de propiedad intelectual del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP por sus siglas en inglés), este documento proviene de la decimonovena ronda de negociación del acuerdo llevada a cabo entre el 22 y 30 de agosto de 2013 en Bandar Seri Begawan, capital del sultanato de Brunei. En el texto revelado, aunque no de muy fácil lectura, se pueden ver las posiciones por país dentro de los temas y el articulado del acuerdo.
¿Cómo llegamos a esto?
De acuerdo al Sistema de Información de Comercio Exterior de la Organización de Estados Americanos (OEA), “El proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacíficotiene por objeto la creación de una plataforma para una potencial integración económica en la región del Asia-Pacífico. Los países participantes en las negociaciones del TPP se proponen diseñar un acuerdo inclusivo y de alta calidad que siente las bases para el crecimiento económico, el desarrollo y la generación de empleo de los países miembros”.
El acuerdo es negociado desde el año 2005 por Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Posteriormente, en febrero de 2008 Estados Unidos hace pública su intención de sumarse al acuerdo y con ello se modifican los alcances y reglas para continuar con el contenido del TPP. No fue sino hasta 2012 cuando México fue notificado de su inclusión a las negociaciones. En un comunicado del 10 de julio de 2012, firmado por Ron Kirk, se notifica al Congreso estadounidense la inclusión de México previa presión del entonces presidente Felipe Calderón, quien en abril de ese año declaró “quisiera unir fuerzas lo antes posible con el TPP (Trans-Pacific Partnership), porque sabemos que los mexicanos pueden contribuir a una conclusión rápida y exitosa de este proceso”.
Así es que México entró a las negociaciones del TPP. De alguna manera sorprendió la insistencia del gobierno mexicano tras el revés recibido en el caso del Acuerdo Comercial Anti-falsificación (ACTA), en el que la legislatura pasada en el Senado votó de manera unánime una serie de conclusiones provenientes de un grupo plural de trabajo que argumentó públicamente en contra de la forma en que fue negociado ese acuerdo (en secreto) y del fondo del mismo, contrario a los principios constitucionales. Sin haber aprendido mucho de este error, México inició las negociaciones del TPP.
En la forma, el TPP tiene la misma falla que ACTA: ha sido negociado en secreto para la sociedad civil y abiertamente para las corporaciones. Lo anterior refuerza la asimetría de diálogo y participación de los ciudadanos en políticas que les afectan en su vida cotidiana. La forma en cómo se ha conducido la negociación ha sido criticada por numerosas organizaciones internacionales en los últimos años, con efectos apenas cosméticos: la inclusión de audiencias con la sociedad civil en “el cuarto trasero” de las negociaciones.
La nueva ola de tratados
El TPP se inserta en la nueva ola de acuerdos comerciales del siglo XXI que tratan de responder a las crisis económicas y al desgaste del modelo neoliberal. Sin embargo las recetas no son del todo nuevas, reproducen modelos del siglo pasado que no fueron del todo exitosos. Además los nuevos acuerdos negociados fuera de los foros internacionales más públicos e idóneos trastocan entre otras cosas derechos fundamentales como los de libertad de expresión, al tratar de regular Internet y otros medios con el pretexto de preservar los derechos de propiedad y propiedad intelectual.
Se trata, por ejemplo, de asumir que la fórmula “más mercado, menos estado” es la única válida cuando se habla de comercio transnacional. El problema es que estos acuerdos no están del todo preocupados por los derechos de propiedad o cualquiera de sus argumentos. Centralmente, como vemos en la última filtración del TPP, la preocupación principal es la de restringir la capacidad de los estados para regular y poner impuestos a las corporaciones. Con su activa participación en la configuración de estos acuerdos, las corporaciones tratan de ganar en lo oscurito lo que no pudieron ganar en el debate público.
El TPP representa un eslabón en una batalla cultural de rompimiento con los modelos del siglo XX, el siglo de la propiedad intelectual, en donde se consolidaron los modelos de política exterior tras dos guerras mundiales y una guerra fría polarizada ideológicamente, se instaló el modelo capitalista y neoliberal sin una revisión autocrítica de parte sus promotores. Internet como elemento de choque es la única infraestructura que, al conectarnos, nos ha hecho repensar todos estos supuestos. Por eso si el TPP se hubiera negociado a finales de la década de los 80 del siglo pasado, probablemente no hubiera pasado mucho.
Las filtraciones
WikiLeaks y las plataformas para filtrar documentos de interés público de manera anónima ha jugado un papel clave en el desarrollo de la resistencia internacional al TPP. Lejos de perjudicar el desarrollo del tratado, se abre la posibilidad de discutir públicamente sus efectos y lo que honestamente esperan los gobiernos con esto. Como lo argumentan Martha Finnemore y Henry Farrel en la revista estadounidense Foreign Affairs, las filtraciones podrían significar el fin de la hipocresía de la política exterior.
El TPP ha tenido por lo menos tres filtraciones en donde quienes están excluidos del debate se han enterado de lo que se negocia. La primera filtración ocurrió en febrero de 2011. En aquel documento de casi 40 páginas se delineaban las preocupaciones sobre los derechos de propiedad intelectual que se discutirían en las rondas de negociación siguientes. La segunda filtración ocurrió en julio de 2012; el documento obtenido era la sección sobre excepciones y limitaciones del copyright dentro del TPP. Ambos documentos permitieron a la sociedad civil e interesados exigir a sus gobiernos y representantes que rindieran cuentas acerca del contenido total del acuerdo, las implicaciones y consecuencias del mismo para la vida cotidiana de las personas y de las instituciones y leyes locales. Muchas de estas respuestas no han llegado, los gobiernos han preferido guardar silencio o defender la secrecía del acuerdo y presentar índices y beneficios por lo menos cuestionables.
Problemas y preocupaciones
El capítulo de propiedad intelectual filtrado por WikiLeaks propone la concesión de más patentes, la creación de derechos de propiedad intelectual sobre los datos, la extensión en los plazos de protección de las patentes y derechos de autor, la ampliación de los privilegios de los titulares de derechos y el aumento de sanciones por infracción. Además el documento conocido reduce el espacio para exigir excepciones en todo tipo de derecho de propiedad intelectual.
Dentro del documento persiste la idea de ampliar la criminalización de las personas por el uso de material protegido con propiedad intelectual, incluso cuando la supuesta infracción se haga con fines distintos al lucro. La definición usada para el término “escala comercial” es tan amplia que cualquier tipo de infracción, aún en el ámbito privado, puede ser criminalizada. Además las sanciones por esquivar las medidas tecnológicas de protección a derechos de autor (léase los candados digitales para no copiar música, videos o juegos) parecen desmedidas: no solamente operarían en caso de hacerlo de manera dolosa sino cuando el presunto infractor tenga “motivos razonables” para saberlo. Las sanciones se plantean, por ejemplo, si se almacena temporalmente en forma electrónica un archivo sin autorización del autor. Además de los problemas subyacentes de esta medida, que incluyen formas específicas de censura previa indirecta, estas medidas también podrían afectar la vida privada de las personas. Sobre lo anterior, Alberto Cerda, de la organización chilena Derechos Digitales, advierte: “el TPP exige la adopción de medidas específicas que menoscaban la privacidad de las personas, por ejemplo, favoreciendo la utilización de tecnologías que controlan el uso de las obras y a los usuarios, como también por medio de normas que obliguen a los prestadores de servicios en línea a identificar supuestos infractores”.
Como en el caso de ACTA, el TPP prevé incentivos para la cooperación entre los proveedores de servicios de Internet y los titulares de derechos, así como sanciones para quienes se nieguen a cooperar. En este sentido, el análisis realizado por la organización Knowledge Ecology International, afirma que “Para determinar la cuantía de la indemnización en virtud del párrafo 2, las autoridades judiciales estarán facultadas para examinar, entre otras cosas, cualquier medida legítima de valor que el titular del derecho presente; éstas pueden incluir la pérdida de ganancias, el valor de los bienes o servicios infringidos medidos por el precio del mercado o el precio de venta sugerido”.
Una de las discusiones más álgidas que se observan en el documento probablemente sea la de laresponsabilidad legal de los proveedores de servicio de Internet. Estados Unidos y Australia proponen que se extiendan las responsabilidades de intermediarios sobre lo que ocurra en sus redes; por otro lado, un bloque que integra Canadá, México, Vietnam, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur y Chile se opone a esta medida entendiendo que se debe establecer de manera clara los límites de la responsabilidad. Las obligaciones propuestas por EUA contemplan la cancelación del servicio y el bloqueo de contenidos en la red.
Otra de las batallas claras entre EUA y el resto de los países es la de las patentes. Mientras Estados Unidos está presionando intensamente por reforzar y endurecer el sistema de patentes mundial (aunque el sistema doméstico de EUA no sea tan eficiente), esta batalla llega al absurdo de querer imponer la posibilidad de patentar operaciones matemáticas, mentales y quirúrgicas. En las leyes locales esto transformaría el entorno legal y comercial. La preocupación principal recae en el tema de acceso a medicamentos que podría restringirse con un nuevo sistema de patentes. Al respecto la primera reacción de Médicos Sin Fronteras ante la filtración fue: “La filtración del texto secreto confirma que el gobierno de EUA continúa con la intención de avasallar a sus socios comerciales frente a una oposición firme sobre los términos que restrinjan severamente el acceso a medicamentos asequibles para millones de personas. Los EE.UU. se niegan a retractarse de disposiciones peligrosas que impidan el acceso oportuno a medicamentos asequibles”.
El efecto Cantoral-Manzanero se deja ver en la posición de México con respecto a los tiempos de vigencia de los derechos de autor. Para los términos de copyright dentro del TPP, EE.UU., Australia, Perú, Singapur y Chile proponen un período de 70 años para las personas físicas. Para las obras propiedad de las empresas, EE.UU. propone 95 años de derechos exclusivos, mientras que Australia, Perú, Singapur y Chile proponen 70 años para las obras propiedad de las empresas. México quiere 100 años para las personas físicas y 75 años para las obras propiedad de las empresas. Para las obras no publicadas, los EE.UU. quiere un período de 120 años, pese al documentado problema de la orfandad de obras.
En suma vemos un texto abierto con discusiones claras. Parece que hasta agosto las negociaciones responden a los intereses de las grandes farmacéuticas y la industria del entretenimiento; se trata de un texto que construye techos al ejercicio de derechos fundamentales en lugar de pisos comunes y razonables para hacerlo.
Desde México
El texto continúa en discusión y la siguiente semana otra ronda de negociación tendrá lugar en Salt Lake City, Utah, EUA. Enrique Peña Nieto ha insistido con que el TPP es uno de sus proyectos más ambiciosos en materia de política comercial internacional. Sin embargo, en México el Senado tendrá la última palabra al respecto de ratificarlo o no. En febrero de este año, el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo compareció ante los senadores para aclarar dudas sobre el TPP. Desde entonces poco hemos sabido al respecto. Por lo menos se intuye que el PRD (por declaraciones de Dolores Padierna y Mario Delgado) y el PAN (por cuestionamiento de Gaby Cuevas) podrían estar en la apertura de deliberar públicamente la posición del Senado, tal como lo hicieron con ACTA en la legislatura pasada. Por su parte, la senadora del PRI, Marcela Guerra, ha argumentado a favor del acuerdo incluso sin ser público. Lo cierto es que los senadores tampoco han cumplido con vigilar de cerca las negociaciones, como consta en un documento del 23 de abril de la junta de coordinación política en el cual se les encomendó la tarea de hacer y hasta la fecha no han asistido a ninguna de las rondas de negociación realizadas.
Por otro lado sorprende que en vísperas de la presentación de la llamada “Agenda Digital” por parte de la Presidencia de la República (concretamente la oficina comandada por Alejandra Lagunes), ninguno de estos temas (propiedad intelectual, responsabilidad de intermediarios, neutralidad de la red, vigilancia y libertad de expresión en línea) figuren en la conformación de la misma, lo que evidencia la falta de coherencia. No se puede tener una agenda digital sin un ecosistema que lo permita y que no criminalice al usuario. Tal parece que la preocupación principal se centra en liberar datos (que no democratizar procesos y documentación), hacer más eficientes los trámites gubernamentales y ofrecer soluciones para todo vía aplicaciones móviles. Ante la falta de solvencia técnica de Lagunes, probablemente sea buena idea que la coordinadora de la sociedad de la información y el conocimiento, Mónica Aspe Bernal, ingrese a las negociaciones del TPP para zanjar la falta de visión acusada hasta ahora. El reto consiste en abordar decididamente una defensa que permita el florecimiento de un ecosistema digital en el país.
Conclusión
La filtración del TPP ya tuvo consecuencias políticas: en el congreso de Estados Unidos han levantado dudas razonables para no aprobar el plan de “fast-track” pretendido por el Presidente Obama. Por otro lado, de cara a la ronda de Salt Lake City, el documento publicado por WikiLeaks aumenta la presión entre los negociadores hoy expuestos ante la opinión pública y probablemente, como en el caso de ACTA, esto matice las posiciones de todos. Sustantivamente, lo conocido hasta ahora es preocupante no sólo porque a primera vista se trata de un acuerdo que contraviene el orden constitucional, sino porque vemos a un gobierno mexicano que no defiende decididamente los derechos de las personas.
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