por Pablo Agustín Voillier para Manzana Mecánica
El Trans-Pacific Partnership (TPP) es un acuerdo comercial áltamente controversial, cuya negociación express indica que puede ser suscrito, por sus distintos países miembros, antes del mes de octubre del presente año. A las críticas por su carácter secreto y la alerta que han levantado distintas organizaciones sociales y ONG’s, preocupados por su efecto sobre el precio de los medicamentos, la libertad de expresión y los derechos digitales, entre nosotros, se han sumado distintas voces de las mismas filas del gobierno.
Es de esta forma que, hace unas semanas atrás, el ex-jefe negociador del TPP del gobierno en el medio peruano “Caretas” llamaba a los países negociadores a “una posición negociadora firme ante las pretensiones y presiones de los países más ricos en el TPP y sus empresas”.
A estas declaraciones hoy se suman las del ex director general de DIRECON, y hoy Director de la División de Comercio Internacional e Integración de CEPAL, Osvaldo Rosales quien señaló que “Chile tiene TLC con todos los integrantes del TPP, por lo que las ganancias en acceso a mercado serán marginales”. Asimismo, en temas de propiedad intelectual, advierte el peligro de que EE.UU. incorpore elementos de dos sus proyectos de ley, postergados en su país por la movilización de la ciudadanía (SOPA y PIPA). Por ello recomienda que sería bueno “asegurarse que ninguna de esas tendencias que coartan libertad de expresión y las innovaciones en Internet estén presentes en los borradores del TPP”.
Como podemos ver, la oposición a la manera en que se ha llevado a cabo la negociación del TPP, no sólo proviene de organizaciones que velan por los intereses de la ciudadanía y los consumidores, sino que desde distintos sectores políticos se han levantado contundentes críticas y cuestionamientos. Lo que deja en evidencia la cada vez más indefendible posición del gobierno frente a un tratado oscuro, inconducente y poco favorable para nuestro país, y cuyo único “punto a favor” hasta el momento, e intento de justificación por parte del ejecutivo, es “formar parte de un determinado club”.
por Pablo Agustín Voillier para Manzana Mecánica
El Trans-Pacific Partnership (TPP) es un acuerdo comercial áltamente controversial, cuya negociación express indica que puede ser suscrito, por sus distintos países miembros, antes del mes de octubre del presente año. A las críticas por su carácter secreto y la alerta que han levantado distintas organizaciones sociales y ONG’s, preocupados por su efecto sobre el precio de los medicamentos, la libertad de expresión y los derechos digitales, entre nosotros, se han sumado distintas voces de las mismas filas del gobierno.
Es de esta forma que, hace unas semanas atrás, el ex-jefe negociador del TPP del gobierno en el medio peruano “Caretas” llamaba a los países negociadores a “una posición negociadora firme ante las pretensiones y presiones de los países más ricos en el TPP y sus empresas”.
A estas declaraciones hoy se suman las del ex director general de DIRECON, y hoy Director de la División de Comercio Internacional e Integración de CEPAL, Osvaldo Rosales quien señaló que “Chile tiene TLC con todos los integrantes del TPP, por lo que las ganancias en acceso a mercado serán marginales”. Asimismo, en temas de propiedad intelectual, advierte el peligro de que EE.UU. incorpore elementos de dos sus proyectos de ley, postergados en su país por la movilización de la ciudadanía (SOPA y PIPA). Por ello recomienda que sería bueno “asegurarse que ninguna de esas tendencias que coartan libertad de expresión y las innovaciones en Internet estén presentes en los borradores del TPP”.
Como podemos ver, la oposición a la manera en que se ha llevado a cabo la negociación del TPP, no sólo proviene de organizaciones que velan por los intereses de la ciudadanía y los consumidores, sino que desde distintos sectores políticos se han levantado contundentes críticas y cuestionamientos. Lo que deja en evidencia la cada vez más indefendible posición del gobierno frente a un tratado oscuro, inconducente y poco favorable para nuestro país, y cuyo único “punto a favor” hasta el momento, e intento de justificación por parte del ejecutivo, es “formar parte de un determinado club”.
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