En la era de las ciudades inteligentes, la brecha entre Internet y el llamado mundo físico se está cerrando. Atrás quedaron los días en que Internet se limitaba a sus actividades detrás de una pantalla de escritorio, cuando nadie sabía que usted era un perro.
Hoy en día, los objetos que nos rodean y los que llevamos con nosotros, están cada vez más conectados a Internet. Incluso nuestros cuerpos, a través de aplicaciones y dispositivos que rastrean nuestros datos físicos, están ahora conectados.
Esta nueva realidad está transformando nuestros espacios públicos. Muchas ciudades en particular han sido objeto de una fuerte vigilancia por parte de los gobiernos y las empresas por igual. Esto tiene consecuencias reales para nuestras democracias y nos niega la posibilidad de disentir y protestar.
En 2018, la Red Internacional de Privacidad llevó a cabo una amplia investigación y promoción sobre la cuestión de la privacidad en los espacios públicos. Hoy, como parte de la Semana de la privacidad de datos, examinamos algunos de los trabajos que se han publicado.
Nuestra lucha por la transparencia en el uso de los Captadores de IMSI
Un captador IMSI es una pieza de tecnología intrusiva que puede ser usada para localizar y rastrear todos los teléfonos móviles que están encendidos en un área determinada. Se puede utilizar para rastrear a los asistentes a una manifestación política o a un evento público como un partido de fútbol. Los receptores de IMSI representan una enorme invasión de nuestro derecho a la privacidad, y potencialmente de nuestros derechos a la libertad de expresión y de reunión.
En 2018, presentamos una apelación ante el Tribunal de Primera Instancia del Reino Unido para impugnar una serie de decisiones de la Oficina del Comisionado de Información que confirmaban la negativa de varias fuerzas policiales a revelar información sobre su compra y uso de captadores IMSI.
El caso surgió de una serie de solicitudes de Libertad de Información (FOI) presentadas por PI a las fuerzas policiales de todo el Reino Unido para averiguar cuáles de ellas habían comprado receptores de IMSI. Todos los organismos rechazaron todas las categorías de solicitudes de la FOI con el argumento de que no podían “ni confirmar ni negar” si tenían información que respondiera a la solicitud.
Drones
Los aviones teledirigidos son ahora aparentemente omnipresentes, desplegados por los países para promover ostensiblemente la seguridad en los espacios públicos. Pero, ¿cuál es realmente el impacto de los drones en los ciudadanos comunes y corrientes, específicamente en su derecho a la privacidad?
En Filipinas, los aviones teledirigidos se han utilizado para apoyar operaciones militares, gestión del tráfico, inspección de infraestructuras y más. Sin embargo, un informe de la Foundation for Media Alternatives destaca que esta expansión en el uso no ha ido acompañada de salvaguardias legales adecuadas, y pide a los responsables políticos que actúen pronto para limitar los peligros para los derechos humanos.
Cámaras de vídeo y proyectos de vigilancia fallidos
¿Por qué estamos hablando de un proyecto de vigilancia que no funcionó en lugar de celebrar ese hecho? Porque debemos analizar y debatir estos proyectos para desmitificar algunos mitos comunes cuando se proponen. Los gobiernos tienden a simplificar en exceso la complejidad y los costos de los proyectos de vigilancia, embarcándose en iniciativas que violan los derechos humanos y no cumplen sus promesas.
Cámaras de vídeo y proyectos de vigilancia fallidos
Hoy en día, la vídeovigilancia parece haberse convertido en una parte integral de la política de control del crimen y desarrollo urbano, promovida por las fuerzas policiales y los políticos como una solución primaria para la disfunción cívica. En 2018, apoyamos la publicación de dos investigaciones de Heidi Swart sobre la compra de cámaras de vídeovigilancia en Johannesburgo y Ciudad del Cabo en el periódico en línea Daily Maverick de Sudáfrica.
En septiembre, Swart reveló cómo la compra de nuevas cámaras de vigilancia de alta tecnología en Johannesburgo -con reconocimiento facial- podría dar lugar a falsas detenciones, ataques contra ciudadanos inocentes y discriminación contra las minorías.
Más tarde ese mismo año, Swart arrojó luz sobre el costo oculto de las 1.500 cámaras de vídeovigilancia y los aviones teledirigidos desplegados en Ciudad del Cabo.
Proyecto Ciudades Seguras del gobierno de Punjab: ¿Una ciudad más segura o sobre vigilancia policial?
En Pakistán, el gobierno de Punjab finalizó su iniciativa Ciudades Seguras a principios de 2018, en la que se instalaron 8.000 cámaras de vídeovigilancia en toda la capital con el objetivo de mejorar la policía urbana a través de las TIC. La Digital Rights Foundationexaminó el proyecto desde la perspectiva de los derechos humanos y descubrió que la falta de reglamentación podría dar lugar a que finalmente se utilizara como instrumento para justificar una mayor vigilancia en los espacios públicos.
Nuestras ciudades se están convirtiendo en espacios cada vez más vigilados, donde ya no existe el paseo anónimo por las calles. La Red de IP continuará documentando las realidades de la vigilancia y continuará presionando en contra de proyectos que afectan negativamente nuestros derechos humanos.
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En la era de las ciudades inteligentes, la brecha entre Internet y el llamado mundo físico se está cerrando. Atrás quedaron los días en que Internet se limitaba a sus actividades detrás de una pantalla de escritorio, cuando nadie sabía que usted era un perro.
Hoy en día, los objetos que nos rodean y los que llevamos con nosotros, están cada vez más conectados a Internet. Incluso nuestros cuerpos, a través de aplicaciones y dispositivos que rastrean nuestros datos físicos, están ahora conectados.
Esta nueva realidad está transformando nuestros espacios públicos. Muchas ciudades en particular han sido objeto de una fuerte vigilancia por parte de los gobiernos y las empresas por igual. Esto tiene consecuencias reales para nuestras democracias y nos niega la posibilidad de disentir y protestar.
En 2018, la Red Internacional de Privacidad llevó a cabo una amplia investigación y promoción sobre la cuestión de la privacidad en los espacios públicos. Hoy, como parte de la Semana de la privacidad de datos, examinamos algunos de los trabajos que se han publicado.
Nuestra lucha por la transparencia en el uso de los Captadores de IMSI
Un captador IMSI es una pieza de tecnología intrusiva que puede ser usada para localizar y rastrear todos los teléfonos móviles que están encendidos en un área determinada. Se puede utilizar para rastrear a los asistentes a una manifestación política o a un evento público como un partido de fútbol. Los receptores de IMSI representan una enorme invasión de nuestro derecho a la privacidad, y potencialmente de nuestros derechos a la libertad de expresión y de reunión.
En 2018, presentamos una apelación ante el Tribunal de Primera Instancia del Reino Unido para impugnar una serie de decisiones de la Oficina del Comisionado de Información que confirmaban la negativa de varias fuerzas policiales a revelar información sobre su compra y uso de captadores IMSI.
El caso surgió de una serie de solicitudes de Libertad de Información (FOI) presentadas por PI a las fuerzas policiales de todo el Reino Unido para averiguar cuáles de ellas habían comprado receptores de IMSI. Todos los organismos rechazaron todas las categorías de solicitudes de la FOI con el argumento de que no podían “ni confirmar ni negar” si tenían información que respondiera a la solicitud.
Drones
Los aviones teledirigidos son ahora aparentemente omnipresentes, desplegados por los países para promover ostensiblemente la seguridad en los espacios públicos. Pero, ¿cuál es realmente el impacto de los drones en los ciudadanos comunes y corrientes, específicamente en su derecho a la privacidad?
En Filipinas, los aviones teledirigidos se han utilizado para apoyar operaciones militares, gestión del tráfico, inspección de infraestructuras y más. Sin embargo, un informe de la Foundation for Media Alternatives destaca que esta expansión en el uso no ha ido acompañada de salvaguardias legales adecuadas, y pide a los responsables políticos que actúen pronto para limitar los peligros para los derechos humanos.
Cámaras de vídeo y proyectos de vigilancia fallidos
La Fundación Karisma publicó su análisis sobre un proyecto fallido de vigilancia por circuito cerrado de televisión que debía ser implementado en el sistema de transporte público de Bogotá.
¿Por qué estamos hablando de un proyecto de vigilancia que no funcionó en lugar de celebrar ese hecho? Porque debemos analizar y debatir estos proyectos para desmitificar algunos mitos comunes cuando se proponen. Los gobiernos tienden a simplificar en exceso la complejidad y los costos de los proyectos de vigilancia, embarcándose en iniciativas que violan los derechos humanos y no cumplen sus promesas.
Cámaras de vídeo y proyectos de vigilancia fallidos
Hoy en día, la vídeovigilancia parece haberse convertido en una parte integral de la política de control del crimen y desarrollo urbano, promovida por las fuerzas policiales y los políticos como una solución primaria para la disfunción cívica. En 2018, apoyamos la publicación de dos investigaciones de Heidi Swart sobre la compra de cámaras de vídeovigilancia en Johannesburgo y Ciudad del Cabo en el periódico en línea Daily Maverick de Sudáfrica.
En septiembre, Swart reveló cómo la compra de nuevas cámaras de vigilancia de alta tecnología en Johannesburgo -con reconocimiento facial- podría dar lugar a falsas detenciones, ataques contra ciudadanos inocentes y discriminación contra las minorías.
Más tarde ese mismo año, Swart arrojó luz sobre el costo oculto de las 1.500 cámaras de vídeovigilancia y los aviones teledirigidos desplegados en Ciudad del Cabo.
Proyecto Ciudades Seguras del gobierno de Punjab: ¿Una ciudad más segura o sobre vigilancia policial?
En Pakistán, el gobierno de Punjab finalizó su iniciativa Ciudades Seguras a principios de 2018, en la que se instalaron 8.000 cámaras de vídeovigilancia en toda la capital con el objetivo de mejorar la policía urbana a través de las TIC. La Digital Rights Foundation examinó el proyecto desde la perspectiva de los derechos humanos y descubrió que la falta de reglamentación podría dar lugar a que finalmente se utilizara como instrumento para justificar una mayor vigilancia en los espacios públicos.
Nuestras ciudades se están convirtiendo en espacios cada vez más vigilados, donde ya no existe el paseo anónimo por las calles. La Red de IP continuará documentando las realidades de la vigilancia y continuará presionando en contra de proyectos que afectan negativamente nuestros derechos humanos.
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