Cartera dice que el TPP extendería la protección de datos de los remedios de 5 a 12 años.
El avance que han mostrado las negociaciones para cerrar el Acuerdo TransPacific Partnership, más conocido como TPP por su sigla en inglés, en las últimas semanas está inquietando a las autoridades locales de salud.
La iniciativa, que convoca a 12 países, entre ellos Estados Unidos, Japón y Chile, es un tratado de comercio multilateral que aborda diversas materias y regulaciones, algunas de las cuales son sensibles para nuestro país, como el trato que se dará a los medicamentos. Hay sectores que miran con preocupación la eventual suscripción del convenio bajo las actuales condiciones.
Se advierte que, de firmar el tratado, éste podría interferir con algunas políticas sociales en el país. En específico, el requerimiento de EE.UU. de que se extiendan en todo el bloque, incluido Chile, las protecciones de medicamentos biológicos, desde los actuales cinco años a un total de 12. Esto implicaría, en la práctica, que durante ese período no podrían haber en el mercado versiones genéricas y más baratas, de los fármacos.
La semana pasada, el Ejecutivo participó en mesas de conversaciones en Washington con representantes de la cuenca del Pacífico. A la cita asistió el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, quien manifestó las aprehensiones de la cartera respecto a la extensión del plazo de las protecciones de datos de prueba, que implican un período en el que se impide replicar el fármaco registrado por una compañía.
Burrows explicó que el ISP entrega esta protección a los laboratorios por cinco años como máximo, por lo que aumentar el plazo “hace que no puedan ingresar nuevos actores al mercado” para reproducir remedios clave y ampliar así la oferta, generando más alternativas de precio, sobre los medicamentos que se usan para tratar enfermedades de alto costo (como las patologías raras o huérfanas).
Para la cartera, las negociaciones cobran especial relevancia en el marco de la Ley Ricarte Soto, que se encuentra en último trámite en el Senado y que asegura la cobertura de remedios, alimentos especiales y dispositivos para los pacientes que padezcan patologías costosas. Con ello, se evita que una familia se endeude o que, incluso, se arruine.
Burrows sostuvo que “el Estado tendrá que adquirir fármacos para una serie de enfermedades. Cuando se amplían estas protecciones, eso tiene una repercusión económica, porque durante más tiempo son empresas mono-productoras, por lo tanto, los precios son más altos”, agregó.
La meta de la cartera es que se moderen los costos a los que el Fisco adquiere medicamentos. El problema -detalló el subsecretario-, es que Chile es, básicamente, un comprador de insumos y genera pocos medicamentos nuevos.
En particular preocupa el impacto que pueda generar en los medicamentos de tipo biológico, detallan fuentes de Salud. Ello equivale a productos de última generación y que apuntan no sólo a paliar los síntomas, sino que a generar anticuerpos en los pacientes, lo que provoca una recuperación más integral.
En la industria defienden que este tipo de remedios tienen un desarrollo complejo para el rubro farmacéutico y que las protecciones de datos incentivan la investigación que, además de elevados recursos, requieren de tecnología compleja y largos años de estudios.
Industria
Desde la Cámara de la Innovación Farmacéutica (CIF) -que agrupa a 17 compañías, americanas y europeas, con presencia en Chile- su vicepresidente ejecutivo, Jean Jacques Duhart, aseguró que los acuerdos de libre comercio suscritos entre Chile y la Unión Europea, en 2003 y con Estados Unidos, en 2004, generaron mejoras en cuanto a la propiedad intelectual de productos farmacéuticos (se creó la figura de protección de datos, con un plazo de cinco años, y se perfeccionaron las patentes).
Agregó que, en ese momento, los temores de aumentos significativos de precio en los medicamentos estuvieron presentes durante todo el período de negociación de los tratados y que “la evidencia actual disponible, pasada más de una década de ambos acuerdos internacionales, resultaron infundados”.
Duhart añadió que, según datos de la OCDE, el gasto de Chile en Salud era de 7,2% del PIB en 2003 y que se alcanzó un 7,6% en 2012. Es decir, el aumento acumulado fue menor al 6% en una década.
“No hay ninguna evidencia empírica de que haya una correlación entre ambas cosas. No existe evidencia para Chile que justifique los temores de posible aumentos en el gasto de medicamentos asociados a una mejor protección de la propiedad industrial. A veces esa discusión es muy emocional y es bueno ponerle cifras”, enfatizó.
Una visión distinta tienen las compañías nacionales en la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa). Ello, pues el gremio afirman que el tratado podría afectar el precio y la disponibilidad de los remedios (ver nota secundaria).
Camilo Cid, economista en salud de la U. Católica, planteó que estos posibles cambios preocupan, pues el aumento de las coberturas de fármacos en Chile van en alza y deberían mantenerse a valores “razonables”. “Hay que tomar en cuenta que la población posee un 37% de gasto de bolsillo en remedios, lo que sube cuando se trata de adultos mayores o enfermos graves”, dijo. En Europa, agregó, el gasto promedio de los usuarios es del 15% de su sueldo.
Helia Molina, ex ministra de Salud y asesora en la Organización Panamericana de Salud, dijo que, pese al inminente acuerdo, “el hecho de que el Estado invierta gran cantidad del presupuesto en este ítem, le da gran poder de negociación”. Recordó que, con la nueva norma, “un relevante comprador será el Estado y eso se debe tomar en cuenta”, además de que -dice- también se puede recurrir a la importación directa de insumos.
La decisión de alcanzar un acuerdo está en manos de dos potencias: Estados Unidos y Japón. Ambos países aspiran a cerrarlo el 26 de mayo próximo.
Cartera dice que el TPP extendería la protección de datos de los remedios de 5 a 12 años.
El avance que han mostrado las negociaciones para cerrar el Acuerdo TransPacific Partnership, más conocido como TPP por su sigla en inglés, en las últimas semanas está inquietando a las autoridades locales de salud.
La iniciativa, que convoca a 12 países, entre ellos Estados Unidos, Japón y Chile, es un tratado de comercio multilateral que aborda diversas materias y regulaciones, algunas de las cuales son sensibles para nuestro país, como el trato que se dará a los medicamentos. Hay sectores que miran con preocupación la eventual suscripción del convenio bajo las actuales condiciones.
Se advierte que, de firmar el tratado, éste podría interferir con algunas políticas sociales en el país. En específico, el requerimiento de EE.UU. de que se extiendan en todo el bloque, incluido Chile, las protecciones de medicamentos biológicos, desde los actuales cinco años a un total de 12. Esto implicaría, en la práctica, que durante ese período no podrían haber en el mercado versiones genéricas y más baratas, de los fármacos.
La semana pasada, el Ejecutivo participó en mesas de conversaciones en Washington con representantes de la cuenca del Pacífico. A la cita asistió el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, quien manifestó las aprehensiones de la cartera respecto a la extensión del plazo de las protecciones de datos de prueba, que implican un período en el que se impide replicar el fármaco registrado por una compañía.
Burrows explicó que el ISP entrega esta protección a los laboratorios por cinco años como máximo, por lo que aumentar el plazo “hace que no puedan ingresar nuevos actores al mercado” para reproducir remedios clave y ampliar así la oferta, generando más alternativas de precio, sobre los medicamentos que se usan para tratar enfermedades de alto costo (como las patologías raras o huérfanas).
Para la cartera, las negociaciones cobran especial relevancia en el marco de la Ley Ricarte Soto, que se encuentra en último trámite en el Senado y que asegura la cobertura de remedios, alimentos especiales y dispositivos para los pacientes que padezcan patologías costosas. Con ello, se evita que una familia se endeude o que, incluso, se arruine.
Burrows sostuvo que “el Estado tendrá que adquirir fármacos para una serie de enfermedades. Cuando se amplían estas protecciones, eso tiene una repercusión económica, porque durante más tiempo son empresas mono-productoras, por lo tanto, los precios son más altos”, agregó.
La meta de la cartera es que se moderen los costos a los que el Fisco adquiere medicamentos. El problema -detalló el subsecretario-, es que Chile es, básicamente, un comprador de insumos y genera pocos medicamentos nuevos.
En particular preocupa el impacto que pueda generar en los medicamentos de tipo biológico, detallan fuentes de Salud. Ello equivale a productos de última generación y que apuntan no sólo a paliar los síntomas, sino que a generar anticuerpos en los pacientes, lo que provoca una recuperación más integral.
En la industria defienden que este tipo de remedios tienen un desarrollo complejo para el rubro farmacéutico y que las protecciones de datos incentivan la investigación que, además de elevados recursos, requieren de tecnología compleja y largos años de estudios.
Industria
Desde la Cámara de la Innovación Farmacéutica (CIF) -que agrupa a 17 compañías, americanas y europeas, con presencia en Chile- su vicepresidente ejecutivo, Jean Jacques Duhart, aseguró que los acuerdos de libre comercio suscritos entre Chile y la Unión Europea, en 2003 y con Estados Unidos, en 2004, generaron mejoras en cuanto a la propiedad intelectual de productos farmacéuticos (se creó la figura de protección de datos, con un plazo de cinco años, y se perfeccionaron las patentes).
Agregó que, en ese momento, los temores de aumentos significativos de precio en los medicamentos estuvieron presentes durante todo el período de negociación de los tratados y que “la evidencia actual disponible, pasada más de una década de ambos acuerdos internacionales, resultaron infundados”.
Duhart añadió que, según datos de la OCDE, el gasto de Chile en Salud era de 7,2% del PIB en 2003 y que se alcanzó un 7,6% en 2012. Es decir, el aumento acumulado fue menor al 6% en una década.
“No hay ninguna evidencia empírica de que haya una correlación entre ambas cosas. No existe evidencia para Chile que justifique los temores de posible aumentos en el gasto de medicamentos asociados a una mejor protección de la propiedad industrial. A veces esa discusión es muy emocional y es bueno ponerle cifras”, enfatizó.
Una visión distinta tienen las compañías nacionales en la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa). Ello, pues el gremio afirman que el tratado podría afectar el precio y la disponibilidad de los remedios (ver nota secundaria).
Camilo Cid, economista en salud de la U. Católica, planteó que estos posibles cambios preocupan, pues el aumento de las coberturas de fármacos en Chile van en alza y deberían mantenerse a valores “razonables”. “Hay que tomar en cuenta que la población posee un 37% de gasto de bolsillo en remedios, lo que sube cuando se trata de adultos mayores o enfermos graves”, dijo. En Europa, agregó, el gasto promedio de los usuarios es del 15% de su sueldo.
Helia Molina, ex ministra de Salud y asesora en la Organización Panamericana de Salud, dijo que, pese al inminente acuerdo, “el hecho de que el Estado invierta gran cantidad del presupuesto en este ítem, le da gran poder de negociación”. Recordó que, con la nueva norma, “un relevante comprador será el Estado y eso se debe tomar en cuenta”, además de que -dice- también se puede recurrir a la importación directa de insumos.
La decisión de alcanzar un acuerdo está en manos de dos potencias: Estados Unidos y Japón. Ambos países aspiran a cerrarlo el 26 de mayo próximo.
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