por JOSÉ LUIS CÁRDENAS
La negociación del TPP (Trans-Pacific Partnership), sigue avanzando a pasos agigantados y sin resolver los cuestionamientos globales que enfrenta.
El TPP pretende ser un gran bloque comercial del área Asia-Pacífico –algunos postulan que para contrarrestar la influencia China–, compuesto por países con los cuales Chile ya tiene TLCs (EE.UU., Australia, Canadá, Japón, México, Malasia, Singapur, entre otros). En términos generales, mediante el TPP se impone a los países adoptar numerosas regulaciones, que muchas veces no son adecuadas para naciones en vías de desarrollo como la nuestra, sino que más bien miran al interés de países desarrollados y sus industrias. Esos serían los costos del TPP para Chile. ¿Y los beneficios? Ninguno evidente, ya que nuestro país tiene ingreso preferencial para sus productos en todos los países del TPP, gracias a los TLCs. Sobre este punto, Carlos Furche, ex Director General de DIRECON, ha preparado un crítico informe (http://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/TPP-furche.pdf).
Los jefes de gobierno de los Estados negociadores han comprometido, durante el Foro APEC de comienzos de octubre, todos sus esfuerzos para cerrar el acuerdo dentro del año 2013, a pesar de que existen múltiples y complejos temas pendientes relacionados con propiedad intelectual, inversiones, empresas del Estado, laborales, medioambientales, etc.
Esa ha sido precisamente la señal que ha dado el Gobierno de Chile.
Hace pocos días, por su parte, el comando de la candidata Michelle Bachelet ha hecho público su programa de gobierno, donde se refiere expresamente al TPP, indicando que “tenemos preocupación ante la urgencia por negociar el acuerdo Transpacific Partnership (TPP). Para velar por el interés de Chile, se debe hacer una revisión exhaustiva de sus alcances e implicaciones. Para nuestro país es prioritario impedir aspectos cuestionables que pudieran surgir en este acuerdo, pues, mal manejado, se transformaría en una renegociación indirecta de nuestro TLC con EEUU, debilitando acuerdos ya establecidos en materia de propiedad intelectual, farmacéuticos, compras públicas, servicios e inversiones, o llevaría a la instalación de nuevas normas en el sector financiero”.
En buenas cuentas, el altamente previsible próximo gobierno, tiene una visión muy cautelosa, si no crítica, sobre el TPP y el apuro en negociarlo.
En tal contexto, ¿puede un gobierno saliente legítimamente, a pocos meses de terminar su mandato, firmar un acuerdo de la envergadura del TPP, sin tomar en consideración la opinión negativa del gobierno entrante? No, salvo que ignore la necesaria deferencia democrática: las encuestas dan por ganadora a quien tiene una visión negativa sobre el TPP.
En países como Australia y Nueva Zelanda (también partes del TPP) esto se encuentra resuelto a nivel constitucional, mediante la institución llamada Caretaker (tener cuidado). El Caretaker parte de la base de que el gobierno saliente no debe tomar “decisiones políticas mayores”, durante el período de transición.
De hecho, en el caso australiano, hay norma expresa sobre negociaciones internacionales que indica que el gobierno, durante el período de transición, no debe “convenir obligaciones mayores” en el contexto de estas negociaciones, sino que debe asumir un status de observador. Si ello no es posible, debe limitarse a entregar información sobre su posición pasada, en temas específicos. Si todo ello es imposible, debe condicionar sus posturas a la aprobación del gobierno entrante.
Dicho estándar parece del todo razonable. ¿Lo ocupará el actual Gobierno o soslayará la debida deferencia democrática, simplemente para hacerlo parecer como un “logro” propio?
El autor es Abogado, LL.M. & Ph.D. y Académico
por JOSÉ LUIS CÁRDENAS
La negociación del TPP (Trans-Pacific Partnership), sigue avanzando a pasos agigantados y sin resolver los cuestionamientos globales que enfrenta.
El TPP pretende ser un gran bloque comercial del área Asia-Pacífico –algunos postulan que para contrarrestar la influencia China–, compuesto por países con los cuales Chile ya tiene TLCs (EE.UU., Australia, Canadá, Japón, México, Malasia, Singapur, entre otros). En términos generales, mediante el TPP se impone a los países adoptar numerosas regulaciones, que muchas veces no son adecuadas para naciones en vías de desarrollo como la nuestra, sino que más bien miran al interés de países desarrollados y sus industrias. Esos serían los costos del TPP para Chile. ¿Y los beneficios? Ninguno evidente, ya que nuestro país tiene ingreso preferencial para sus productos en todos los países del TPP, gracias a los TLCs. Sobre este punto, Carlos Furche, ex Director General de DIRECON, ha preparado un crítico informe (http://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/TPP-furche.pdf).
Los jefes de gobierno de los Estados negociadores han comprometido, durante el Foro APEC de comienzos de octubre, todos sus esfuerzos para cerrar el acuerdo dentro del año 2013, a pesar de que existen múltiples y complejos temas pendientes relacionados con propiedad intelectual, inversiones, empresas del Estado, laborales, medioambientales, etc.
Esa ha sido precisamente la señal que ha dado el Gobierno de Chile.
Hace pocos días, por su parte, el comando de la candidata Michelle Bachelet ha hecho público su programa de gobierno, donde se refiere expresamente al TPP, indicando que “tenemos preocupación ante la urgencia por negociar el acuerdo Transpacific Partnership (TPP). Para velar por el interés de Chile, se debe hacer una revisión exhaustiva de sus alcances e implicaciones. Para nuestro país es prioritario impedir aspectos cuestionables que pudieran surgir en este acuerdo, pues, mal manejado, se transformaría en una renegociación indirecta de nuestro TLC con EEUU, debilitando acuerdos ya establecidos en materia de propiedad intelectual, farmacéuticos, compras públicas, servicios e inversiones, o llevaría a la instalación de nuevas normas en el sector financiero”.
En buenas cuentas, el altamente previsible próximo gobierno, tiene una visión muy cautelosa, si no crítica, sobre el TPP y el apuro en negociarlo.
En tal contexto, ¿puede un gobierno saliente legítimamente, a pocos meses de terminar su mandato, firmar un acuerdo de la envergadura del TPP, sin tomar en consideración la opinión negativa del gobierno entrante? No, salvo que ignore la necesaria deferencia democrática: las encuestas dan por ganadora a quien tiene una visión negativa sobre el TPP.
En países como Australia y Nueva Zelanda (también partes del TPP) esto se encuentra resuelto a nivel constitucional, mediante la institución llamada Caretaker (tener cuidado). El Caretaker parte de la base de que el gobierno saliente no debe tomar “decisiones políticas mayores”, durante el período de transición.
De hecho, en el caso australiano, hay norma expresa sobre negociaciones internacionales que indica que el gobierno, durante el período de transición, no debe “convenir obligaciones mayores” en el contexto de estas negociaciones, sino que debe asumir un status de observador. Si ello no es posible, debe limitarse a entregar información sobre su posición pasada, en temas específicos. Si todo ello es imposible, debe condicionar sus posturas a la aprobación del gobierno entrante.
Dicho estándar parece del todo razonable. ¿Lo ocupará el actual Gobierno o soslayará la debida deferencia democrática, simplemente para hacerlo parecer como un “logro” propio?
El autor es Abogado, LL.M. & Ph.D. y Académico
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