Sebastián Piñera visitó la Casa Blanca durante la semana pasada, en donde se reunió con Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden para tratar temas comerciales, entre ellos, concretar las negociaciones del Acuerdo Estratégico Trans Pacífico de Cooperación Económica o TPP.
Este es un tratado de libre comercio que lleva muchos años en firmas y negociaciones. En primera instancia, su origen es el P3-CEP, cuyas conversaciones se iniciaron en el año 2002 en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en Los Cabos, con la presencia del presidente de esos años, Ricardo Lagos. Los países participantes fueron Nueva Zelanda, Chile y Singapur. Luego, se conoció como P4, debido a la adhesión en las negociaciones de Brunéi en abril del año 2005.
Actualmente, el TPP se ha abierto a 12 países: Estados Unidos, Japón, Vietnam, Canadá, Australia, Malasia, México, Perú y los firmantes del P4, Chile, Brunéi, Singapur y Nueva Zelanda. Todas estas naciones están involucradas en la negociación de acuerdos comerciales de diferente orden, desde el comercio de lácteos, regulaciones laborales, patentes farmacéuticas y derechos de propiedad intelectual incluso en Internet.
La construcción de este TLC se ha hecho de forma secreta, sin que la ciudadanía de los países en cuestión, conozcan las implicancias de los acuerdos en su vida. Tal como informa el sitio TPP Abierto, en febrero del año 2011 se filtró el capítulo de propiedad intelectual impuesto por Estados Unidos al resto de los países, dando a conocer una política tremendamente restrictiva respecto a estos derechos, así como también a los de los consumidores y del acceso a Internet.
En cuanto a los derechos de autor, el tratado “exige sanciones criminales para quienes eludan medidas tecnológicas de protección, incluso si no hay infracción a los derechos de autor. Igualmente, se exigen sanciones criminales incluso si supuestas infracciones han sido cometidas sin ánimo de lucro y sin beneficio económico para el infractor”, tal como consigna la ONG Derechos Digitales.
Asimismo, los contenidos protegidos por derechos de autor también se verán restringidos, pues se intentará extender la duración de la restricción de uso de las obras. Actualmente, en Chile el plazo es de 70 años y se pretende extenderlo hasta los 95, después de publicada la obra, haciendo aún más difícil el acceso a productos culturales, incluso de forma generacional.
Otra exigencia del tratado se relaciona con la importación de obras con autorización de los titulares del derecho de autor, lo que permitirá enviar una obra de un país a otro sólo con aquella firma, lo cual significa una barrera más grande para el consumo cultural que ya es, prácticamente, un lujo.
Por otra parte, este TLC exige un nuevo sistema de responsabilidad para los prestadores de servicio de internet. Insiste en que estos se hagan cargo de quienes infrinjan los derechos de autor en línea, medida que convertirá a las compañías telefónicas en agentes encargados de identificar a los infractores y desconectarlos de Internet de forma arbitraria, sin una orden judicial. “Varias de las medidas propuestas por el TPP entran en conflicto con los derechos y libertades constitucionales. Por ejemplo, las normas sobre desconexión de usuarios de Internet por supuestas infracciones infringen el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, la libertad de expresión y el derecho a la vida privada”, asegura Alberto Cerda Silva, fundador de la ONG Derechos Digitales para El Ciudadano.
Este tratado de libre comercio lleva mucho tiempo negociándose sin que los ciudadanos comprendan qué es lo que está en juego. En el caso de las modificaciones al uso del Internet y de los derechos de autor, la vida cotidiana es la que puede cambiar. Los usuarios podrían convertirse en delincuentes, ser multados, desconectados y hasta arriesgar penas de cárcel por postear un video en alguna red social o blog, o por poner su canción favorita en un video casero.
Además, si el consumo de productos culturales extranjeros, como libros o discos, ya es algo que una minoría puede permitirse dentro de su presupuesto mensual, este tratado logrará que muchos menos puedan acceder a estos contenidos, debido a que el material ya no estará disponible de manera legal para ser editado, importado o reproducido en esta región.
Al igual que cuando se debatía sobre la ley SOPA a principios del 2012, ¿qué es lo que se está resguardando de verdad? Realmente ¿es necesario restringir y modificar tanto el uso de los productos culturales para resguardar los derechos de autor? ¿Estarán más protegidos de esta forma o sólo es una estrategia para mantener el control del acceso a la información?
Como ciudadanos y usuarios de Internet es necesario conocer la naturaleza de estas negociaciones ahora, ya que Estados Unidos y Chile han planteado la idea de firmar este tratado en octubre del 2013, hasta ahora, a espaldas de todos, incluso del Congreso Nacional que, al no estar al tanto de los pasos que se han seguido, citó al Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno este martes 11 de junio, junto al director de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Álvaro Jana, para informar al plenario sobre este tema.
POTQ Magazine apoya las campañas a favor del libre uso de Internet y la defensa de derechos fundamentales de consumidores y ciudadanos, que en este caso se encuentran amenazados.
por Javiera Tapia para POTQ
Este es un tratado de libre comercio que lleva muchos años en firmas y negociaciones. En primera instancia, su origen es el P3-CEP, cuyas conversaciones se iniciaron en el año 2002 en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en Los Cabos, con la presencia del presidente de esos años, Ricardo Lagos. Los países participantes fueron Nueva Zelanda, Chile y Singapur. Luego, se conoció como P4, debido a la adhesión en las negociaciones de Brunéi en abril del año 2005.
Actualmente, el TPP se ha abierto a 12 países: Estados Unidos, Japón, Vietnam, Canadá, Australia, Malasia, México, Perú y los firmantes del P4, Chile, Brunéi, Singapur y Nueva Zelanda. Todas estas naciones están involucradas en la negociación de acuerdos comerciales de diferente orden, desde el comercio de lácteos, regulaciones laborales, patentes farmacéuticas y derechos de propiedad intelectual incluso en Internet.
La construcción de este TLC se ha hecho de forma secreta, sin que la ciudadanía de los países en cuestión, conozcan las implicancias de los acuerdos en su vida. Tal como informa el sitio TPP Abierto, en febrero del año 2011 se filtró el capítulo de propiedad intelectual impuesto por Estados Unidos al resto de los países, dando a conocer una política tremendamente restrictiva respecto a estos derechos, así como también a los de los consumidores y del acceso a Internet.
En cuanto a los derechos de autor, el tratado “exige sanciones criminales para quienes eludan medidas tecnológicas de protección, incluso si no hay infracción a los derechos de autor. Igualmente, se exigen sanciones criminales incluso si supuestas infracciones han sido cometidas sin ánimo de lucro y sin beneficio económico para el infractor”, tal como consigna la ONG Derechos Digitales.
Asimismo, los contenidos protegidos por derechos de autor también se verán restringidos, pues se intentará extender la duración de la restricción de uso de las obras. Actualmente, en Chile el plazo es de 70 años y se pretende extenderlo hasta los 95, después de publicada la obra, haciendo aún más difícil el acceso a productos culturales, incluso de forma generacional.
Otra exigencia del tratado se relaciona con la importación de obras con autorización de los titulares del derecho de autor, lo que permitirá enviar una obra de un país a otro sólo con aquella firma, lo cual significa una barrera más grande para el consumo cultural que ya es, prácticamente, un lujo.
Por otra parte, este TLC exige un nuevo sistema de responsabilidad para los prestadores de servicio de internet. Insiste en que estos se hagan cargo de quienes infrinjan los derechos de autor en línea, medida que convertirá a las compañías telefónicas en agentes encargados de identificar a los infractores y desconectarlos de Internet de forma arbitraria, sin una orden judicial. “Varias de las medidas propuestas por el TPP entran en conflicto con los derechos y libertades constitucionales. Por ejemplo, las normas sobre desconexión de usuarios de Internet por supuestas infracciones infringen el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, la libertad de expresión y el derecho a la vida privada”, asegura Alberto Cerda Silva, fundador de la ONG Derechos Digitales para El Ciudadano.
Este tratado de libre comercio lleva mucho tiempo negociándose sin que los ciudadanos comprendan qué es lo que está en juego. En el caso de las modificaciones al uso del Internet y de los derechos de autor, la vida cotidiana es la que puede cambiar. Los usuarios podrían convertirse en delincuentes, ser multados, desconectados y hasta arriesgar penas de cárcel por postear un video en alguna red social o blog, o por poner su canción favorita en un video casero.
Además, si el consumo de productos culturales extranjeros, como libros o discos, ya es algo que una minoría puede permitirse dentro de su presupuesto mensual, este tratado logrará que muchos menos puedan acceder a estos contenidos, debido a que el material ya no estará disponible de manera legal para ser editado, importado o reproducido en esta región.
Al igual que cuando se debatía sobre la ley SOPA a principios del 2012, ¿qué es lo que se está resguardando de verdad? Realmente ¿es necesario restringir y modificar tanto el uso de los productos culturales para resguardar los derechos de autor? ¿Estarán más protegidos de esta forma o sólo es una estrategia para mantener el control del acceso a la información?
Como ciudadanos y usuarios de Internet es necesario conocer la naturaleza de estas negociaciones ahora, ya que Estados Unidos y Chile han planteado la idea de firmar este tratado en octubre del 2013, hasta ahora, a espaldas de todos, incluso del Congreso Nacional que, al no estar al tanto de los pasos que se han seguido, citó al Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno este martes 11 de junio, junto al director de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Álvaro Jana, para informar al plenario sobre este tema.
POTQ Magazine apoya las campañas a favor del libre uso de Internet y la defensa de derechos fundamentales de consumidores y ciudadanos, que en este caso se encuentran amenazados.
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