Chile cuenta desde el año 1999 con un cuerpo legal específico para regular la forma en la que se tratan los datos personales de los ciudadanos del país. Sin embargo, los avances tecnológicos de los últimos años han mermado la vigencia de esta normativa y prueba de esto son las más de 70 mociones parlamentarias introducidas para perfeccionar el tratamiento de los datos personales.
Hoy día los chilenos contamos con una ley que no se adapta a los estándares internacionales, carece de una institucionalidad sólida y deja expuestos los datos personales de los ciudadanos. Conociendo estas debilidades, nuestro país se encuentra trabajando desde el 2014 en una propuesta de Ley, por la que tanto ciudadanos como empresarios estamos expectantes y ansiosos.
Este proyecto se enmarca dentro de la responsabilidad de crecimiento y desarrollo suscrito en el Convenio de Adhesión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), firmado en el año 2010, y que entre las buenas prácticas, ha solicitado la “Protección de la privacidad y flujo transfronterizo de datos personales”. Esta recomendación persigue impulsar el desarrollo de mercados emergentes de nuestra economía, tales como el de Offshoring o Servicios Globales.
Chile es reconocido como una localidad emergente con una gran oportunidad para desarrollar una estrategia de especialización internacional en servicios de alto valor. Sin embargo, algunas empresas internacionales han expresado su preocupación por la insuficiente protección jurídica de las bases de datos personales.
Por ejemplo, en este momento Chile, al ser considerado como un país con un nivel no adecuado de protección en materia de datos personales, ha debido someterse al mecanismo de las cláusulas tipo en los respectivos contratos que se suscriben con empresas extranjeras.
Una Ley de Protección de datos debe ir acompañada de un marco jurídico que consagre los derechos de las personas a ser propietarios de sus datos personales y a proteger la vida privada, y un tratamiento correcto de ellos bajo estándares mundiales. Pero también requiere de una entidad que haga cumplir la legislación y fiscalice su cumplimento.
Sin embargo, más allá del tema de la gobernabilidad, lo más importante en este momento es avanzar en la discusión y aprobación de una Ley que nos beneficie a todos e impulse la competitividad de nuestra industria, fomente la inversión extranjera y nos permita un crecimiento basado en Servicios Globales.
Carlos Busso Vyhmeister
Presidente de la Asociación Chilena De Tecnologías de la Información A.G. (ACTI)
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“Chile es reconocido como una localidad emergente con una gran oportunidad para desarrollar una estrategia de especialización internacional en servicios de alto valor. Sin embargo, algunas empresas internacionales han expresado su preocupación por la insuficiente protección jurídica de las bases de datos personales”.
Chile cuenta desde el año 1999 con un cuerpo legal específico para regular la forma en la que se tratan los datos personales de los ciudadanos del país. Sin embargo, los avances tecnológicos de los últimos años han mermado la vigencia de esta normativa y prueba de esto son las más de 70 mociones parlamentarias introducidas para perfeccionar el tratamiento de los datos personales.
Hoy día los chilenos contamos con una ley que no se adapta a los estándares internacionales, carece de una institucionalidad sólida y deja expuestos los datos personales de los ciudadanos. Conociendo estas debilidades, nuestro país se encuentra trabajando desde el 2014 en una propuesta de Ley, por la que tanto ciudadanos como empresarios estamos expectantes y ansiosos.
Este proyecto se enmarca dentro de la responsabilidad de crecimiento y desarrollo suscrito en el Convenio de Adhesión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), firmado en el año 2010, y que entre las buenas prácticas, ha solicitado la “Protección de la privacidad y flujo transfronterizo de datos personales”. Esta recomendación persigue impulsar el desarrollo de mercados emergentes de nuestra economía, tales como el de Offshoring o Servicios Globales.
Chile es reconocido como una localidad emergente con una gran oportunidad para desarrollar una estrategia de especialización internacional en servicios de alto valor. Sin embargo, algunas empresas internacionales han expresado su preocupación por la insuficiente protección jurídica de las bases de datos personales.
Por ejemplo, en este momento Chile, al ser considerado como un país con un nivel no adecuado de protección en materia de datos personales, ha debido someterse al mecanismo de las cláusulas tipo en los respectivos contratos que se suscriben con empresas extranjeras.
Una Ley de Protección de datos debe ir acompañada de un marco jurídico que consagre los derechos de las personas a ser propietarios de sus datos personales y a proteger la vida privada, y un tratamiento correcto de ellos bajo estándares mundiales. Pero también requiere de una entidad que haga cumplir la legislación y fiscalice su cumplimento.
Sin embargo, más allá del tema de la gobernabilidad, lo más importante en este momento es avanzar en la discusión y aprobación de una Ley que nos beneficie a todos e impulse la competitividad de nuestra industria, fomente la inversión extranjera y nos permita un crecimiento basado en Servicios Globales.
Carlos Busso Vyhmeister
Presidente de la Asociación Chilena De Tecnologías de la Información A.G. (ACTI)
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