Todo empezó con tres o cuatro carpas, un fuego y gente alrededor de la planta y con la colaboración de cientos de personas se fueron levantando construcciones de madera, barro y adobe.
La lucha comenzó cuando parecía que ya no se podía hacer nada. Monsanto planeaba instalar en Argentina su mayor planta de secado de semillas transgénicas con dos cartas ganadoras que a primera vista resultan insuperables: una inversión de 160 millones de dólares y la creación de 400 puestos de trabajo en una de las poblaciones más pobres de la región.
Ante la falta de respuesta a las primeras reclamaciones sobre los efectos que esta industria provocaría en la salud de los pobladores, los vecinos de la localidad Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, y algunos miembros de grupos ecologistas levantaron el campamento para bloquear el acceso al predio.
“Una cosa es la contribución a la cadena del modelo productivo que ya está impuesto y otra es la contaminación local que provocaría esta planta aquí en Malvinas, de la cual sí somos afectados directos, porque vivimos a escasos metros de donde se pretende instalar la planta”, explicó a RT Gastón Mazalais, de la organización Malvinas Lucha por la Vida.
Resistiendo brutales represiones, el campamento logró que sus demandas fueran escuchadas y la justicia ordenó paralizar las obras hasta que se presente un debido informe de impacto ambiental. Además, la presión social llevó hace unos días al gobierno de la provincia a dar marcha atrás en la aprobación del proyecto.
“Hay un sinnúmero de informes que dan cuenta de que va a afectar de manera negativa al ambiente, es decir, que va a contaminar. Y los vecinos no quieren la planta. Por lo tanto es muy improbable que se instale, muy improbable”, subrayó el abogado de Malvinas Lucha por la Vida, Federico Mavciocchi.
La producción agrícola a gran escala y el uso de agrotóxicos están fuertemente instalados en toda la región latinoamericana donde, sin evaluar sus efectos, se generan miles de millones de dólares por la exportación principalmente de soja y maíz transgénicos a los países del primer mundo. Sin embargo, para quienes llevan adelante esta lucha, los pequeños triunfos abren una puerta a la esperanza.
Con el revés judicial y el de la provincia, ahora es el gobierno local el que deberá definir en los próximos días si le da o no a Monsanto la posibilidad de presentar un nuevo informe de impacto ambiental.
Por el momento, el ambicioso proyecto es apenas un enorme esqueleto de hierro, custodiado de sol a sol por el campamento de los asambleístas. Mientras siguen las indefiniciones políticas, ellos aseguran que continuarán su lucha para que con el paso del tiempo esta estructura férrea se convierta en el símbolo de una pequeña comunidad que un día decidió enfrentarse a un gigante.
Todo empezó con tres o cuatro carpas, un fuego y gente alrededor de la planta y con la colaboración de cientos de personas se fueron levantando construcciones de madera, barro y adobe.
La lucha comenzó cuando parecía que ya no se podía hacer nada. Monsanto planeaba instalar en Argentina su mayor planta de secado de semillas transgénicas con dos cartas ganadoras que a primera vista resultan insuperables: una inversión de 160 millones de dólares y la creación de 400 puestos de trabajo en una de las poblaciones más pobres de la región.
Ante la falta de respuesta a las primeras reclamaciones sobre los efectos que esta industria provocaría en la salud de los pobladores, los vecinos de la localidad Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, y algunos miembros de grupos ecologistas levantaron el campamento para bloquear el acceso al predio.
“Una cosa es la contribución a la cadena del modelo productivo que ya está impuesto y otra es la contaminación local que provocaría esta planta aquí en Malvinas, de la cual sí somos afectados directos, porque vivimos a escasos metros de donde se pretende instalar la planta”, explicó a RT Gastón Mazalais, de la organización Malvinas Lucha por la Vida.
Resistiendo brutales represiones, el campamento logró que sus demandas fueran escuchadas y la justicia ordenó paralizar las obras hasta que se presente un debido informe de impacto ambiental. Además, la presión social llevó hace unos días al gobierno de la provincia a dar marcha atrás en la aprobación del proyecto.
“Hay un sinnúmero de informes que dan cuenta de que va a afectar de manera negativa al ambiente, es decir, que va a contaminar. Y los vecinos no quieren la planta. Por lo tanto es muy improbable que se instale, muy improbable”, subrayó el abogado de Malvinas Lucha por la Vida, Federico Mavciocchi.
La producción agrícola a gran escala y el uso de agrotóxicos están fuertemente instalados en toda la región latinoamericana donde, sin evaluar sus efectos, se generan miles de millones de dólares por la exportación principalmente de soja y maíz transgénicos a los países del primer mundo. Sin embargo, para quienes llevan adelante esta lucha, los pequeños triunfos abren una puerta a la esperanza.
Con el revés judicial y el de la provincia, ahora es el gobierno local el que deberá definir en los próximos días si le da o no a Monsanto la posibilidad de presentar un nuevo informe de impacto ambiental.
Por el momento, el ambicioso proyecto es apenas un enorme esqueleto de hierro, custodiado de sol a sol por el campamento de los asambleístas. Mientras siguen las indefiniciones políticas, ellos aseguran que continuarán su lucha para que con el paso del tiempo esta estructura férrea se convierta en el símbolo de una pequeña comunidad que un día decidió enfrentarse a un gigante.
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