Internet es indudablemente una plataforma para la libertad de expresión. Lo es no solo porque permite la producción y difusión de nuevos discursos, sino también porque su diseño técnico es sustancial para este propósito: por un lado, es una red descentralizada, una “red de redes” que hace muy difícil -aunque no imposible- controlar la distribución de los contenidos; por otro, se sustenta en el amenazado principio de la “neutralidad de la red”, la no discriminación de los paquetes de datos no importando de dónde vengan, lo que hace que el contenido de un bloguero independiente pueda llegar a su audiencia final con la misma prioridad que el de una corporación o Estado.
La emergencia de nuevos discursos, muchos de ellos no hegemónicos, críticos del poder estatal, corporativo o de organizaciones criminales, es uno de los aspectos más refrescantes de Internet, aunque los niveles de brechas de acceso y uso de esta plataforma, especialmente en Latinoamérica, hagan pensar que el disfrute de este hecho tenga un fuerte componente de género, clase social, etnia y edad.
En este marco, una corriente muy fuerte e increíblemente optimista, piensa que el mero acceso y uso de Internet es garantía de mayor participación y, por tanto, de mejores democracias.
Sin embargo, ¿nuestras democracias regionales han respondido con mejoras al sistema?
Si se hace una revisión de cómo ha cambiado el marco legal en Latinoamérica solo el año 2014, no hay muchas razones para el optimismo. La creciente criminalización del uso de Internet en diversas iniciativas legales, hacen evidente que nuestras democracias han respondido a la emergencia de discursos críticos, tristemente, con más represión y vigilancia.
Hagamos un somero repaso por solo algunos países de la región.
En Chile hay iniciativas legales tan lesivas para los usuarios de Internet como la Ley de Medios Digitales (Boletines 9460-19 y 9461-19), que busca que los medios digitales tengan la misma responsabilidad que los medios de comunicación tradicional. Su tipificación es tan absurda, que el Facebook o Twitter de cualquier persona pueden ser considerados medios de comunicación y deberán cumplir nuevas y disparatadas obligaciones ante la ley, como “establecer un responsable legal”. Imponer este tipo de cargas a los usuarios de Internet busca desmotivar la creación de contenido crítico en la red.
En México, este año se aprobó la nefasta Ley de Telecomunicaciones, que con amenazas concretas a la privacidad de los usuarios, como la retención de 24 meses de metadatos de comunicaciones, su acceso en tiempo real y sin autorización judicial previa, entre otros tantos problemas, busca poner un manto de vigilancia sobre las personas de tal forma que nunca se sientan libres para expresarse o reunirse a través de plataformas tecnológicas como Internet.
En Paraguay las cosas tampoco son mejores, pues un proyecto de ley busca que los proveedores de servicios de Internet (ISP) rastreen y almacenen los datos del tráfico de sus redes durante 12 meses. Una iniciativa que afecta directamente formas de comunicación fundamentales para la libertad de expresión, como el anonimato que, entre otras cosas, permite la denuncia, la información o la sátira, todos elementos que retan el poder.
Venezuela tampoco es la excepción a esta tendencia, y en su reforma a la Ley sobre el Crimen Organizado, introduce penas de cárcel a las personas que usen las redes sociales u otros medios electrónicos para promover o atacar el orden constitucional o alterar la paz pública, como también la introducción de allanamientos, detenciones y rastreos preventivos, sin necesidad de orden judicial. Esto último más la vaguedad de conceptos, abre las puertas a la represión de cualquier discurso crítico en Internet.
Éstas y otras iniciativas legales, unas ya aprobadas, otras todavía en curso, hacen palidecer lo que para muchos fue la mejor noticia del año a nivel regional: la aprobación del Marco Civil en Brasil. Pese a sus detalles, sigue siendo un paradigma de una regulación construida en un primer momento desde la sociedad civil a través de procesos de alta participación.
La creciente criminalización de la red adoptada por las autoridades de los diversos países de la región solo desnudan la crisis de democracias que han sido incapaces de abrazar una plataforma que puede dar voces y congregar a millones de personas. Todo indica que, lamentablemente, esta tendencia seguirá en el nuevo año y el llamado es, entonces, a reforzar el activismo para fortalecer nuestros derechos humanos en tecnologías como Internet. Ahora se vuelve indispensable.
Internet es indudablemente una plataforma para la libertad de expresión. Lo es no solo porque permite la producción y difusión de nuevos discursos, sino también porque su diseño técnico es sustancial para este propósito: por un lado, es una red descentralizada, una “red de redes” que hace muy difícil -aunque no imposible- controlar la distribución de los contenidos; por otro, se sustenta en el amenazado principio de la “neutralidad de la red”, la no discriminación de los paquetes de datos no importando de dónde vengan, lo que hace que el contenido de un bloguero independiente pueda llegar a su audiencia final con la misma prioridad que el de una corporación o Estado.
La emergencia de nuevos discursos, muchos de ellos no hegemónicos, críticos del poder estatal, corporativo o de organizaciones criminales, es uno de los aspectos más refrescantes de Internet, aunque los niveles de brechas de acceso y uso de esta plataforma, especialmente en Latinoamérica, hagan pensar que el disfrute de este hecho tenga un fuerte componente de género, clase social, etnia y edad.
En este marco, una corriente muy fuerte e increíblemente optimista, piensa que el mero acceso y uso de Internet es garantía de mayor participación y, por tanto, de mejores democracias.
Sin embargo, ¿nuestras democracias regionales han respondido con mejoras al sistema?
Si se hace una revisión de cómo ha cambiado el marco legal en Latinoamérica solo el año 2014, no hay muchas razones para el optimismo. La creciente criminalización del uso de Internet en diversas iniciativas legales, hacen evidente que nuestras democracias han respondido a la emergencia de discursos críticos, tristemente, con más represión y vigilancia.
Hagamos un somero repaso por solo algunos países de la región.
En Chile hay iniciativas legales tan lesivas para los usuarios de Internet como la Ley de Medios Digitales (Boletines 9460-19 y 9461-19), que busca que los medios digitales tengan la misma responsabilidad que los medios de comunicación tradicional. Su tipificación es tan absurda, que el Facebook o Twitter de cualquier persona pueden ser considerados medios de comunicación y deberán cumplir nuevas y disparatadas obligaciones ante la ley, como “establecer un responsable legal”. Imponer este tipo de cargas a los usuarios de Internet busca desmotivar la creación de contenido crítico en la red.
En México, este año se aprobó la nefasta Ley de Telecomunicaciones, que con amenazas concretas a la privacidad de los usuarios, como la retención de 24 meses de metadatos de comunicaciones, su acceso en tiempo real y sin autorización judicial previa, entre otros tantos problemas, busca poner un manto de vigilancia sobre las personas de tal forma que nunca se sientan libres para expresarse o reunirse a través de plataformas tecnológicas como Internet.
En Paraguay las cosas tampoco son mejores, pues un proyecto de ley busca que los proveedores de servicios de Internet (ISP) rastreen y almacenen los datos del tráfico de sus redes durante 12 meses. Una iniciativa que afecta directamente formas de comunicación fundamentales para la libertad de expresión, como el anonimato que, entre otras cosas, permite la denuncia, la información o la sátira, todos elementos que retan el poder.
Venezuela tampoco es la excepción a esta tendencia, y en su reforma a la Ley sobre el Crimen Organizado, introduce penas de cárcel a las personas que usen las redes sociales u otros medios electrónicos para promover o atacar el orden constitucional o alterar la paz pública, como también la introducción de allanamientos, detenciones y rastreos preventivos, sin necesidad de orden judicial. Esto último más la vaguedad de conceptos, abre las puertas a la represión de cualquier discurso crítico en Internet.
Éstas y otras iniciativas legales, unas ya aprobadas, otras todavía en curso, hacen palidecer lo que para muchos fue la mejor noticia del año a nivel regional: la aprobación del Marco Civil en Brasil. Pese a sus detalles, sigue siendo un paradigma de una regulación construida en un primer momento desde la sociedad civil a través de procesos de alta participación.
La creciente criminalización de la red adoptada por las autoridades de los diversos países de la región solo desnudan la crisis de democracias que han sido incapaces de abrazar una plataforma que puede dar voces y congregar a millones de personas. Todo indica que, lamentablemente, esta tendencia seguirá en el nuevo año y el llamado es, entonces, a reforzar el activismo para fortalecer nuestros derechos humanos en tecnologías como Internet. Ahora se vuelve indispensable.
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