Como amantes y defensores de la libertad y soberanía de territorios, ideas y cuerpas/os, nos sumamos a la preocupación en torno a la visión mercantilista del Estado de Chile, que tiene a mujeres sin acceso a anticonceptivos, hecho reportado tanto en la salud pública como en la privada.
Quisiéramos hablar de otros temas, de transhumanismo, del impacto de las nuevas tecnologías en las condiciones laborales, de educación y matriz productiva sustentable, de libertad y soberanía. Pero una y otra vez somos esclavas/os del sesgo gubernamental hacia un real desarrollo. Es imposible crecer como sociedad sin salud sexual y reproductiva, la que fue quitada a mujeres que recibieron píldoras defectuosas como el Anulette CD el año pasado, mismo principio (el olvido o el conservadurismo, no lo sabemos) que hoy restringe la venta de todo anticonceptivo, aduciendo obligatoriedad de contar con receta médica.
Todas las mujeres tenemos el derecho a no querer embarazarnos, y no se nos debe dar receta médica para ejercer dicho acto. No es un tratamiento que necesite cura, es una decisión individual. Como lo es el aborto o la eutanasia, con las que coincidimos aunque Chile aún no esté preparado para esa conversación tampoco.
Hoy tenemos colapso en el sistema de salud, medidas erráticas para controlar el covid-19, comunidades hastiadas del encierro y la improvisación gubernamental, y profesionales de la salud dando lo imposible para contener el sistema. Carecemos de un enfoque holístico, preventivo y educativo para la salud, algo que como Piratas impulsamos desde nuestros orígenes como movimiento internacional.
Invitamos al gobierno y a los políticos a salir de la burbuja. No hay horas ni presupuesto familiar para pedir receta médica al ginecólogo/a. A lo anterior se suma que incluso han negado recetas prescritas por matrones, a pesar de estar habilitados/as por el código sanitario para entregarlas.
Recibir anticoncepción es un derecho, y lo indica una normativa que el mismo Estado ahora desconoce: “es una obligación para el Estado poner a disposición métodos anticonceptivos para la población de distinto origen y denominación, sin dificultad ni impedir el acceso de la población a ellos” (Art. 4, Ley 20.418).
¡Exigimos respeto por los derechos reproductivos!
¡Que el gobierno gobierne para las personas, no para las farmacéuticas!
Como amantes y defensores de la libertad y soberanía de territorios, ideas y cuerpas/os, nos sumamos a la preocupación en torno a la visión mercantilista del Estado de Chile, que tiene a mujeres sin acceso a anticonceptivos, hecho reportado tanto en la salud pública como en la privada.
Quisiéramos hablar de otros temas, de transhumanismo, del impacto de las nuevas tecnologías en las condiciones laborales, de educación y matriz productiva sustentable, de libertad y soberanía. Pero una y otra vez somos esclavas/os del sesgo gubernamental hacia un real desarrollo. Es imposible crecer como sociedad sin salud sexual y reproductiva, la que fue quitada a mujeres que recibieron píldoras defectuosas como el Anulette CD el año pasado, mismo principio (el olvido o el conservadurismo, no lo sabemos) que hoy restringe la venta de todo anticonceptivo, aduciendo obligatoriedad de contar con receta médica.
Todas las mujeres tenemos el derecho a no querer embarazarnos, y no se nos debe dar receta médica para ejercer dicho acto. No es un tratamiento que necesite cura, es una decisión individual. Como lo es el aborto o la eutanasia, con las que coincidimos aunque Chile aún no esté preparado para esa conversación tampoco.
Hoy tenemos colapso en el sistema de salud, medidas erráticas para controlar el covid-19, comunidades hastiadas del encierro y la improvisación gubernamental, y profesionales de la salud dando lo imposible para contener el sistema. Carecemos de un enfoque holístico, preventivo y educativo para la salud, algo que como Piratas impulsamos desde nuestros orígenes como movimiento internacional.
Invitamos al gobierno y a los políticos a salir de la burbuja. No hay horas ni presupuesto familiar para pedir receta médica al ginecólogo/a. A lo anterior se suma que incluso han negado recetas prescritas por matrones, a pesar de estar habilitados/as por el código sanitario para entregarlas.
Recibir anticoncepción es un derecho, y lo indica una normativa que el mismo Estado ahora desconoce: “es una obligación para el Estado poner a disposición métodos anticonceptivos para la población de distinto origen y denominación, sin dificultad ni impedir el acceso de la población a ellos” (Art. 4, Ley 20.418).
¡Exigimos respeto por los derechos reproductivos!
¡Que el gobierno gobierne para las personas, no para las farmacéuticas!
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