Es un clásico del verano: a medida que marzo se acerca y los escolares deben hacerse la idea de volver al colegio, los noticiarios llenan la pauta informando sobre lo oneroso que resulta estudiar en Chile, desde la lista de útiles, hasta el arancel anual. Una verdad angustiante, pero históricamente aceptada en silencio por una mayoría que no ve más alternativa que la resignación.
Sin embargo, hoy las cosas son un poco diferentes. Las masivas movilizaciones estudiantiles de los últimos años lograron poner a la educación en el centro de la discusión pública. La condena al lucro es casi trasversal y la posibilidad de una educación universitaria pública y gratuita –impensable hace diez años atrás- es parte del plan de gobierno de la presidenta electa.
Tanto se ha hablado respecto al rol que debe cumplir el Estado en educación, que este es el momento perfecto para abrir el debate en torno a los Recursos Educativos Abiertos.
El negocio de los libros de estudio
En colegios privados y subvencionados, los textos escolares pueden representar hasta el 80% del valor de la lista de útiles, alcanzando un costo de hasta $160 mil por alumno. Por su parte, en 2011, el Ministerio de Educación invirtió $22 mil millones en libros de estudio, y se estima que hoy el número ronda los $30 mil millones.
Las cifras son exorbitantes y no son pocos los que han denunciado prácticas irregulares en torno a ellas: colusión entre establecimientos y editoriales; ediciones nuevas que se diferencian de las anteriores simplemente por el diseño de la portada, o de contenidos que solamente ocupan distinto lugar en el índice.
Se estima que $30 mil millones invirtió el estado en libros escolares para el año 2014. BY (Ikhlasul Amal) -NC
Todo esto es más dramático en los colegios subvencionados, quienes están obligados a recibir los textos que el Ministerio reparte de forma gratuita, pero que en muchas ocasiones obligan a los apoderados a comprar otros, incluso como una barrera de selección económica a su alumnado.
Una revisión somera como ésta y ya se puede tener una sospecha de que el negocio de los libros de estudio presenta algunas irregularidades; quizás al sumergirse en los datos la situación adquiera ribetes de escándalo. Pero una cosa es clara: ésta no es la forma más eficiente de invertir en educación, ni a nivel personal, ni como política estatal.
Los Recursos Educativos Abiertos
De manera sencilla, se podría definir a los Recursos Educativos Abiertos (REA) como aquel material educativo que se encuentra en el dominio público o que ha sido publicado bajo una licencia de propiedad intelectual que permite su uso libre y gratuito, así como también su adaptación. Los REA han sido apoyados y promovidos por la UNESCO desde el año 2002, cuyo último congreso al respecto se celebró el 2012 en París.
Supongamos que en vez de comprar varios millones de libros cada año, el Ministerio de Educación licitara1 la creación de textos educativos licenciados, por ejemplo, con Creative Commons u otro método similar, que permita la reutilización libre de los contenidos.
La posibilidad de adaptar y reutilizar libremente los contenidos de los Recursos Educativos Abiertos tiene múltiples beneficios para la enseñanza.
Las ventajas de los REA son múltiples: los textos de estudio podrían ser adaptados a las necesidades específicas, de acuerdo a características geográficas, sociales y económicas por los distintos establecimientos, de manera legal y simple.
Otros contenidos derivados y complementarios podrían construirse a partir de los datos recabados en el texto, como presentaciones, ejercicios, gráficos, infografías o videos, sin temor a una demanda por derecho de autor.
Los aportes y correcciones podrían ser compartidos a través de una plataforma en Internet, para que los profesores las incorporen en el aula, además de incluirse en la edición impresa que anualmente el Ministerio reparte. Una licencia abierta podría facilitar además el proceso de traducción de los textos, por ejemplo al mapudungun o el braille.
Pero no solamente se trata de una alternativa más práctica y una mejor inversión, sino que es una mejor política pública: ¿No es lógico que aquel conocimiento que se produce con fondos estatales esté a disposición de todos los ciudadanos?
Lo importante es entender que lo que está en discusión no es la adopción de unos u otros recursos tecnológicos, ni se trata de una discusión técnica respecto a modos de distribución de información o los soportes en los cuales pueden ser presentados los textos de estudio. En última instancia, ni siquiera se trata de cómo bajar los costos del gasto en textos escolares, aún cuando esta puede ser una feliz consecuencia y un poderoso argumento.
Esta discusión es parte de un debate mucho más amplio respecto al rol que debe cumplir el Estado en educación, cuestión mucho más compleja y profunda que el valor de un arancel y quién lo paga.
Es un clásico del verano: a medida que marzo se acerca y los escolares deben hacerse la idea de volver al colegio, los noticiarios llenan la pauta informando sobre lo oneroso que resulta estudiar en Chile, desde la lista de útiles, hasta el arancel anual. Una verdad angustiante, pero históricamente aceptada en silencio por una mayoría que no ve más alternativa que la resignación.
Sin embargo, hoy las cosas son un poco diferentes. Las masivas movilizaciones estudiantiles de los últimos años lograron poner a la educación en el centro de la discusión pública. La condena al lucro es casi trasversal y la posibilidad de una educación universitaria pública y gratuita –impensable hace diez años atrás- es parte del plan de gobierno de la presidenta electa.
Tanto se ha hablado respecto al rol que debe cumplir el Estado en educación, que este es el momento perfecto para abrir el debate en torno a los Recursos Educativos Abiertos.
El negocio de los libros de estudio
En colegios privados y subvencionados, los textos escolares pueden representar hasta el 80% del valor de la lista de útiles, alcanzando un costo de hasta $160 mil por alumno. Por su parte, en 2011, el Ministerio de Educación invirtió $22 mil millones en libros de estudio, y se estima que hoy el número ronda los $30 mil millones.
Las cifras son exorbitantes y no son pocos los que han denunciado prácticas irregulares en torno a ellas: colusión entre establecimientos y editoriales; ediciones nuevas que se diferencian de las anteriores simplemente por el diseño de la portada, o de contenidos que solamente ocupan distinto lugar en el índice.
Todo esto es más dramático en los colegios subvencionados, quienes están obligados a recibir los textos que el Ministerio reparte de forma gratuita, pero que en muchas ocasiones obligan a los apoderados a comprar otros, incluso como una barrera de selección económica a su alumnado.
Una revisión somera como ésta y ya se puede tener una sospecha de que el negocio de los libros de estudio presenta algunas irregularidades; quizás al sumergirse en los datos la situación adquiera ribetes de escándalo. Pero una cosa es clara: ésta no es la forma más eficiente de invertir en educación, ni a nivel personal, ni como política estatal.
Los Recursos Educativos Abiertos
De manera sencilla, se podría definir a los Recursos Educativos Abiertos (REA) como aquel material educativo que se encuentra en el dominio público o que ha sido publicado bajo una licencia de propiedad intelectual que permite su uso libre y gratuito, así como también su adaptación. Los REA han sido apoyados y promovidos por la UNESCO desde el año 2002, cuyo último congreso al respecto se celebró el 2012 en París.
Supongamos que en vez de comprar varios millones de libros cada año, el Ministerio de Educación licitara1 la creación de textos educativos licenciados, por ejemplo, con Creative Commons u otro método similar, que permita la reutilización libre de los contenidos.
Las ventajas de los REA son múltiples: los textos de estudio podrían ser adaptados a las necesidades específicas, de acuerdo a características geográficas, sociales y económicas por los distintos establecimientos, de manera legal y simple.
Otros contenidos derivados y complementarios podrían construirse a partir de los datos recabados en el texto, como presentaciones, ejercicios, gráficos, infografías o videos, sin temor a una demanda por derecho de autor.
Los aportes y correcciones podrían ser compartidos a través de una plataforma en Internet, para que los profesores las incorporen en el aula, además de incluirse en la edición impresa que anualmente el Ministerio reparte. Una licencia abierta podría facilitar además el proceso de traducción de los textos, por ejemplo al mapudungun o el braille.
Pero no solamente se trata de una alternativa más práctica y una mejor inversión, sino que es una mejor política pública: ¿No es lógico que aquel conocimiento que se produce con fondos estatales esté a disposición de todos los ciudadanos?
Lo importante es entender que lo que está en discusión no es la adopción de unos u otros recursos tecnológicos, ni se trata de una discusión técnica respecto a modos de distribución de información o los soportes en los cuales pueden ser presentados los textos de estudio. En última instancia, ni siquiera se trata de cómo bajar los costos del gasto en textos escolares, aún cuando esta puede ser una feliz consecuencia y un poderoso argumento.
Esta discusión es parte de un debate mucho más amplio respecto al rol que debe cumplir el Estado en educación, cuestión mucho más compleja y profunda que el valor de un arancel y quién lo paga.
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