Por: Camila Vallejo
Desde hace años se viene debatiendo sobre la calidad de la democracia en nuestro país, que la transición ha concluido y que el miedo a una regresión autoritaria es casi inexistente. Sin embargo, nuestra sociedad continúa con lógicas e instituciones que fueron implantadas en dictadura. Es por esto que las chilenas y los chilenos debemos trabajar en la construcción de una democracia inclusiva para todos. Necesitamos mejorar la calidad de nuestra democracia.
Luego de lo anterior surge la pregunta: ¿Cómo alcanzar mejores niveles de democracia en Chile? Las respuestas son múltiples, y lo cierto es que no existe una receta para solucionar este problema país. Pero, sin duda, el principio que debe regir a todas esas respuestas es uno: Democratización. Sí, aunque suene de perogrullo, necesitamos democratizar para alcanzar una mejor democracia. En esta lógica se puede comenzar a hablar de qué es necesario democratizar. Y se pueden nombrar múltiples instituciones, tales como la Universidad, Fuerzas Armadas, el mismo Congreso. Sin embargo, muchas veces pasamos por alto la necesidad de democratizar los medios de comunicación.
Tal como señala la Mesa de Ciudadanía y TV Digital, hay diversidad de autores han reconocido “la democratización de los medios como componente fundamental de una democratización política completa”. Los medios de comunicación para muchos son la puerta de entrada a la realidad que acontece en nuestro país. Tienen un rol principal en la construcción de la idea que tenemos de nosotros como país, de cuáles son los problemas principales que nos aquejan, de visibilización de soluciones, actores y responsables, entre otras situaciones.
Muchas veces vemos cómo algunos medios de comunicación influyen de manera directa en la valoración hacia ciertas movilizaciones y problemáticas sociales, y cómo otras quedan simplemente de lado. Además, los estereotipos que divulgan generan particulares formas de comprensión de los actores que se establecen como los más relevantes en ellas. Es un hecho que los medios de comunicación masiva en Chile, como la mayoría de las cosas, están en manos de unos pocos y con una muy homogénea manera de representar la realidad que vivimos.
Esta monopolización de los medios se debe y es fomentada por un Estado subsidiario de características únicas implantado en la dictadura pinochetista. Este Estado ha convertido a la televisión pública (TVN) en una televisión producida de acuerdo a las reglas del mercado, debido a su autofinanciamiento, caso que es prácticamente único en el mundo.
Hace unos días atrás terminó por aprobarse la ley de Televisión Digital, que demoró cinco años en trámite en el Congreso, sin agregar que existe la posibilidad de que se discuta también por el Tribunal Constitucional. Dicha ley ha generado múltiples críticas y rechazos, en particular de la Mesa de Ciudadanía y TV Digital, que surge a propósito de este proyecto, que hizo importantes reparos a la reciente ley aprobada.
Si bien se ha dicho que la ley promueve la pluralidad y calidad de la nueva televisión, la verdad es que a pesar de que en un comienzo era esa la posibilidad, el texto legal establece lo contrario. ¿Cuál es la lógica que se instala dentro de esta ley? Como en el resto de nuestras áreas estratégicas –minería, energía, obras públicas, transporte- esta ley inserta al sistema de las concesiones en el soporte comunicacional más masivo de nuestro país. Este sistema, creado en dictadura por medio de la Ley de Concesiones Mineras, tiene como fundamento marginar al Estado de la propiedad y producción minera en nuestro país.
En este caso, cualquier privado, que por su puesto tenga el equipamiento técnico y los debidos precedentes como medio de comunicación, podrá acceder a un espacio de transmisión en esta nueva era de la televisión. Esto, supuestamente, podría entenderse como una apertura, pero no lo es en un país altamente desigual como el nuestro en que para generar mayor participación hay que asegurar condiciones de igualdad. Esto no se dará con la nueva ley. De hecho, el subsidio que otorgará el Estado exige contar con equipamiento y experiencia previa. Por ende, aquellas organizaciones comunitarias que quieran tener un espacio no recibirán financiamiento estatal; en cambio, si lo tendrán aquellas empresas ya consolidadas. Nuevamente de los impuestos de todas las chilenas y chilenos saldrá financiamiento a empresas privadas, con intereses privados.
Así, la nueva ley niega la posibilidad de la digitalización a canales comunitarios y canales comerciales locales y/o regionales. Lo que sin duda mermará la existencia y supervivencia de estos mismos. Es más, quedan en una situación de injusticia, puesto que ni siquiera contempla políticas de fomento y protección para estos canales, lo que probablemente transforme en una utopía la idea de obtener más diversidad cultural y calidad por parte de esta nueva televisión.
La nueva ley no fomenta la democracia, y sí crea mayores posibilidades de negocio. Aparece un nuevo actor llamado Servicios Intermedios de Infraestructura que siendo dueño de la concesión tiene la posibilidad de arrendarla a otra empresa o persona. Este servicio no tiene ningún requisito legal para llevar a cabo el arriendo y menos sobre la calidad y tipo de las transmisiones que realizará. Y por cómo han sucedido las cosas en la historia reciente de nuestro país, seguramente un sinnúmero de abogados en sus consultoras o buffet accederán a estas concesiones apenas se abran los concursos, y luego las arrendarán a trasnacionales de la comunicación, cual concesión minera.
En cuanto al acceso y libertad de expresión, la nueva ley no genera mayor democracia en el sector. No asegura acceso a zonas rurales por medio de financiamiento para decodificadores, no asegura espacio a pueblos originarios, tampoco a canales comunitarios. En el fondo, sigue reproduciendo la invisibilización de la gran diversidad de nuestro país, y por supuesto de aquellos más vulnerables.
Lamentablemente, seguimos permitiendo la profundización del modelo neoliberal en nuestro país, con un Estado que reproduce desigualdad, que fomenta la estereotipación, la ignorancia y la imposibilidad de participación. Una institucionalidad que reproduce fundamentalmente aquello que un grupo de ideólogos neoliberales y militares pensó como un país propicio para ellos mismos y no para nosotros.
Por: Camila Vallejo
Desde hace años se viene debatiendo sobre la calidad de la democracia en nuestro país, que la transición ha concluido y que el miedo a una regresión autoritaria es casi inexistente. Sin embargo, nuestra sociedad continúa con lógicas e instituciones que fueron implantadas en dictadura. Es por esto que las chilenas y los chilenos debemos trabajar en la construcción de una democracia inclusiva para todos. Necesitamos mejorar la calidad de nuestra democracia.
Luego de lo anterior surge la pregunta: ¿Cómo alcanzar mejores niveles de democracia en Chile? Las respuestas son múltiples, y lo cierto es que no existe una receta para solucionar este problema país. Pero, sin duda, el principio que debe regir a todas esas respuestas es uno: Democratización. Sí, aunque suene de perogrullo, necesitamos democratizar para alcanzar una mejor democracia. En esta lógica se puede comenzar a hablar de qué es necesario democratizar. Y se pueden nombrar múltiples instituciones, tales como la Universidad, Fuerzas Armadas, el mismo Congreso. Sin embargo, muchas veces pasamos por alto la necesidad de democratizar los medios de comunicación.
Tal como señala la Mesa de Ciudadanía y TV Digital, hay diversidad de autores han reconocido “la democratización de los medios como componente fundamental de una democratización política completa”. Los medios de comunicación para muchos son la puerta de entrada a la realidad que acontece en nuestro país. Tienen un rol principal en la construcción de la idea que tenemos de nosotros como país, de cuáles son los problemas principales que nos aquejan, de visibilización de soluciones, actores y responsables, entre otras situaciones.
Muchas veces vemos cómo algunos medios de comunicación influyen de manera directa en la valoración hacia ciertas movilizaciones y problemáticas sociales, y cómo otras quedan simplemente de lado. Además, los estereotipos que divulgan generan particulares formas de comprensión de los actores que se establecen como los más relevantes en ellas. Es un hecho que los medios de comunicación masiva en Chile, como la mayoría de las cosas, están en manos de unos pocos y con una muy homogénea manera de representar la realidad que vivimos.
Esta monopolización de los medios se debe y es fomentada por un Estado subsidiario de características únicas implantado en la dictadura pinochetista. Este Estado ha convertido a la televisión pública (TVN) en una televisión producida de acuerdo a las reglas del mercado, debido a su autofinanciamiento, caso que es prácticamente único en el mundo.
Hace unos días atrás terminó por aprobarse la ley de Televisión Digital, que demoró cinco años en trámite en el Congreso, sin agregar que existe la posibilidad de que se discuta también por el Tribunal Constitucional. Dicha ley ha generado múltiples críticas y rechazos, en particular de la Mesa de Ciudadanía y TV Digital, que surge a propósito de este proyecto, que hizo importantes reparos a la reciente ley aprobada.
Si bien se ha dicho que la ley promueve la pluralidad y calidad de la nueva televisión, la verdad es que a pesar de que en un comienzo era esa la posibilidad, el texto legal establece lo contrario. ¿Cuál es la lógica que se instala dentro de esta ley? Como en el resto de nuestras áreas estratégicas –minería, energía, obras públicas, transporte- esta ley inserta al sistema de las concesiones en el soporte comunicacional más masivo de nuestro país. Este sistema, creado en dictadura por medio de la Ley de Concesiones Mineras, tiene como fundamento marginar al Estado de la propiedad y producción minera en nuestro país.
En este caso, cualquier privado, que por su puesto tenga el equipamiento técnico y los debidos precedentes como medio de comunicación, podrá acceder a un espacio de transmisión en esta nueva era de la televisión. Esto, supuestamente, podría entenderse como una apertura, pero no lo es en un país altamente desigual como el nuestro en que para generar mayor participación hay que asegurar condiciones de igualdad. Esto no se dará con la nueva ley. De hecho, el subsidio que otorgará el Estado exige contar con equipamiento y experiencia previa. Por ende, aquellas organizaciones comunitarias que quieran tener un espacio no recibirán financiamiento estatal; en cambio, si lo tendrán aquellas empresas ya consolidadas. Nuevamente de los impuestos de todas las chilenas y chilenos saldrá financiamiento a empresas privadas, con intereses privados.
Así, la nueva ley niega la posibilidad de la digitalización a canales comunitarios y canales comerciales locales y/o regionales. Lo que sin duda mermará la existencia y supervivencia de estos mismos. Es más, quedan en una situación de injusticia, puesto que ni siquiera contempla políticas de fomento y protección para estos canales, lo que probablemente transforme en una utopía la idea de obtener más diversidad cultural y calidad por parte de esta nueva televisión.
La nueva ley no fomenta la democracia, y sí crea mayores posibilidades de negocio. Aparece un nuevo actor llamado Servicios Intermedios de Infraestructura que siendo dueño de la concesión tiene la posibilidad de arrendarla a otra empresa o persona. Este servicio no tiene ningún requisito legal para llevar a cabo el arriendo y menos sobre la calidad y tipo de las transmisiones que realizará. Y por cómo han sucedido las cosas en la historia reciente de nuestro país, seguramente un sinnúmero de abogados en sus consultoras o buffet accederán a estas concesiones apenas se abran los concursos, y luego las arrendarán a trasnacionales de la comunicación, cual concesión minera.
En cuanto al acceso y libertad de expresión, la nueva ley no genera mayor democracia en el sector. No asegura acceso a zonas rurales por medio de financiamiento para decodificadores, no asegura espacio a pueblos originarios, tampoco a canales comunitarios. En el fondo, sigue reproduciendo la invisibilización de la gran diversidad de nuestro país, y por supuesto de aquellos más vulnerables.
Lamentablemente, seguimos permitiendo la profundización del modelo neoliberal en nuestro país, con un Estado que reproduce desigualdad, que fomenta la estereotipación, la ignorancia y la imposibilidad de participación. Una institucionalidad que reproduce fundamentalmente aquello que un grupo de ideólogos neoliberales y militares pensó como un país propicio para ellos mismos y no para nosotros.
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