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Con el fin de proteger a la población de la colusión de las farmacéuticas con los médicos, Rusia podría el año que viene adoptar una ley, impulsada por el Ministerio de Salud, que prohibiría indicar en la receta el nombre de la marca comercial del medicamento en lugar del ingrediente activo, informa el portal Vesti FM. Así, los pacientes podrán elegir en la farmacia el medicamento adecuado sin verse obligados a comprar sus análogos más caros.
La colusión de las farmacéuticas con los médicos es solo una de las muchas manifestaciones del hambre de dinero que tiene esta industria. “En todo el mundo las empresas farmacéuticas, en un esfuerzo por aumentar aún más sus ganancias, se convierten en uno de los principales elementos corruptos, que con una gran variedad de medios (dinero, poder, influencia, empleo, etc.) están sobornando a los Estados, sus Gobiernos y expertos en medicina”, afirma en una entrevista al diario francés ‘Atlantico‘ Nicole Delépine, directora del departamento de oncología pediátrica del Hospital Raymond Poincaré de París.
“Estamos hablando de sumas considerables. Así, el Ministerio de Salud de Italia recibió 600 millones de liras [en 1983] para hacer obligatoria la vacunación contra la hepatitis B”, indica la doctora.
Las víctimas de esta expansión farmacéutica son los pacientes, que cada vez con más frecuencia se convierten en conejillos de indias, sin saberlo, cuando en su tratamiento se utiliza medicación clínicamente no probada. “Cada vez un mayor número de niños con cáncer están siendo trasladados a la primera fase [de los ensayos clínicos] en plazos ajustados, y eso se hace casi inmediatamente después de los experimentos con animales, algo que unos años atrás nos hubiera parecido increíble. Y todo sin el conocimiento de los pacientes”, afirma Delépine.
“Desafortunadamente, las compañías farmacéuticas que pagan a los médicos para que lleven a cabo las pruebas lograron convencer a las autoridades de la salud pública de que tienen el derecho de no revelar los datos de los ensayos clínicos que, a su vez, realizan sin un control independiente bajo el disfraz de la ‘propiedad intelectual’. Esto les permite no publicar sus resultados desfavorables e incluso falsificar datos: recuerden la catástrofe sanitaria del medicamento VIOXX, en la que murieron 23.000 personas en EE.UU.“, asevera la doctora.
“Las actividades de las compañías farmacéuticas requieren supervisión muy de cerca, sin embargo en Francia este control existe solamente en el papel. Si nuestro Gobierno realmente se preocupara por la seguridad de la salud, habría aplicado un régimen de propiedad conjunta de los ensayos clínicos y […] habría logrado una total transparencia en todos los asuntos correspondientes, la toma de decisiones y los actores principales. Pero hasta ahora no hemos visto nada parecido, por lo tanto no se pueden excluir unas nuevas futuras catástrofes sanitarias”, concluye Delépine.
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Con el fin de proteger a la población de la colusión de las farmacéuticas con los médicos, Rusia podría el año que viene adoptar una ley, impulsada por el Ministerio de Salud, que prohibiría indicar en la receta el nombre de la marca comercial del medicamento en lugar del ingrediente activo, informa el portal Vesti FM. Así, los pacientes podrán elegir en la farmacia el medicamento adecuado sin verse obligados a comprar sus análogos más caros.
La colusión de las farmacéuticas con los médicos es solo una de las muchas manifestaciones del hambre de dinero que tiene esta industria. “En todo el mundo las empresas farmacéuticas, en un esfuerzo por aumentar aún más sus ganancias, se convierten en uno de los principales elementos corruptos, que con una gran variedad de medios (dinero, poder, influencia, empleo, etc.) están sobornando a los Estados, sus Gobiernos y expertos en medicina”, afirma en una entrevista al diario francés ‘Atlantico‘ Nicole Delépine, directora del departamento de oncología pediátrica del Hospital Raymond Poincaré de París.
“Estamos hablando de sumas considerables. Así, el Ministerio de Salud de Italia recibió 600 millones de liras [en 1983] para hacer obligatoria la vacunación contra la hepatitis B”, indica la doctora.
Las víctimas de esta expansión farmacéutica son los pacientes, que cada vez con más frecuencia se convierten en conejillos de indias, sin saberlo, cuando en su tratamiento se utiliza medicación clínicamente no probada. “Cada vez un mayor número de niños con cáncer están siendo trasladados a la primera fase [de los ensayos clínicos] en plazos ajustados, y eso se hace casi inmediatamente después de los experimentos con animales, algo que unos años atrás nos hubiera parecido increíble. Y todo sin el conocimiento de los pacientes”, afirma Delépine.
“Desafortunadamente, las compañías farmacéuticas que pagan a los médicos para que lleven a cabo las pruebas lograron convencer a las autoridades de la salud pública de que tienen el derecho de no revelar los datos de los ensayos clínicos que, a su vez, realizan sin un control independiente bajo el disfraz de la ‘propiedad intelectual’. Esto les permite no publicar sus resultados desfavorables e incluso falsificar datos: recuerden la catástrofe sanitaria del medicamento VIOXX, en la que murieron 23.000 personas en EE.UU.“, asevera la doctora.
“Las actividades de las compañías farmacéuticas requieren supervisión muy de cerca, sin embargo en Francia este control existe solamente en el papel. Si nuestro Gobierno realmente se preocupara por la seguridad de la salud, habría aplicado un régimen de propiedad conjunta de los ensayos clínicos y […] habría logrado una total transparencia en todos los asuntos correspondientes, la toma de decisiones y los actores principales. Pero hasta ahora no hemos visto nada parecido, por lo tanto no se pueden excluir unas nuevas futuras catástrofes sanitarias”, concluye Delépine.
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