via Publico.es
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha aprobado esta semana un resolución histórica, que abre el camino para poder vigilar de cerca el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las multinacionales a lo largo y ancho del planeta; un terreno hasta ahora inexplorado a estos niveles, y una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que ha supuesto una inyección de optimismo en las organizaciones y colectivos que luchan por estas causas.
“Ha sido una gran victoria”, reconoce a Público Diana Aguiar, investigadora del Transnational Institute, una de las organizaciones que han presionado para lograr la aprobación de esta resolución. Con 20 votos a favor, 14 en contra (entre ellos los de la UE y EEUU) y 13 abstenciones, la ONU se ha comprometido este jueves en Ginebra a formar un grupo de trabajo con los gobiernos de distintas naciones para crear un marco legal, un tratado que comprometa de forma efectiva a los estados a supervisar el cumplimiento de los derechos humanos.
“La idea es crear un tratado vinculante para todas las multinacionales, para que no puedan incumplir derechos humanos en los países que lo ratifiquen. Lo que empieza ahora es la negociación del trabajo, pero esto no tiene antecedentes. Antes solo había normas para la protección de los intereses de los inversionistas, como los tratados de libre comercio, pero no había hasta hoy ningún tipo de norma vinculante en el derecho internacional que señalara a las multinacionales como culpables. Hay muchos casos en los que se ha intentado acceder a justicias nacionales [para enfrentarse a las empresas], pero por limitaciones diversas no se ha logrado, y este mecanismo cambia la distribución de fuerzas”, asegura.
“A partir de 2015 tendrán dos años para ponerlo en práctica”, explica a este medio Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción, otra de las organizaciones que han celebrado la resolución de Naciones Unidas, que previsiblemente logrará la aprobación de un tratado que ratificarán “los países que lo deseen, aunque la voluntad sea que lo ratifiquen todos”, como asegura el activista.
“Ha quedado claro que los crímenes de lesa humanidad cometidos por empresas transnacionales, y los que se siguen cometiendo en la actualidad, no pueden continuar y no pueden quedar impunes. Es una demanda de las víctimas de estas violaciones de los derechos humanos, y de gran parte de las organizaciones y movimientos sociales del mundo”, explica.
Preguntada por un ejemplo de los derechos por cuyo cumplimiento velará este mecanismo, Aguiar confirma que permitirá garantizar condiciones de trabajo dignas, contribuyendo a igualar las que afrontan los trabajadores de la India o de Bangladesh con las de los asalariados en estados de occidente -mientras estos países firmen-, pero también servirá para luchar contra la contaminación de suelos y ríos, o la persecución de defensores de derechos humanos. “Las empresas persiguen a quienes trabajan por los derechos humanos, muchas veces con la connivencia de los Estados”, asegura.
Entre los países que han votado a favor están China, Rusia, Cuba, India, o Venezuela, mientras que entre los que han cargado contra la resolución, promovida por Ecuador y Sudáfrica, figuran Alemania, Francia, Italia o Reino Unido; algunas de las grandes potencias de la UE, acompañadas por EEUU. Algo que, en palabras de Kucharz, “evidencia qué países defienden al gran capital, a la banca y a las grandes compañías multinacionales, como la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, y quienes defienden a las víctimas de los abusos de las grandes empresas, como los veinte países que han votado a favor de la resolución”.
Aguiar coincide con la lectura de Kucharz: “Los países que acogen a las mayores empresas internacionales no lo han firmado; defienden los derechos de las empresas y no de los ciudadanos, es absurdo. Es el resultado de cuarenta años de políticas neoliberales”, defiende, poniendo como ejemplo las palabras de una de las mandatarias presentes en la votación. “La representante de Reino Unido ha criticado que esta resolución puede restar valor a los inversionistas para ir a países del sur; está diciendo abiertamente que es más importante la inversión que los derechos humanos “, afirma.
“La intervención de la UE ha sido lamentable”, añade Kucharz. “La Unión Europea y Estados Unidos apoyan a las grandes corporaciones por encima de su obligación de velar por el cumplimientos de los derechos humanos. Con su rechazo a la resolución, no sólo han mostrado su desprecio por las leyes internacionales de Derechos Humanos, sino que además han convertido a los gobiernos en cómplice de las graves violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales”, esgrime.
El portavoz de Ecologistas en Acción y la investigadora del Transnational Institute participan en la campaña global para desmantelar el poder corporativo –Stop Corporate Impunity– que lleva meses haciendo presión política para influir en la decisión de Naciones Unidas. En total, más de 610 organizaciones de 95 países han exigido a la ONU la aprobación de la resolución presentada por Ecuador y Sudáfrica, que abre nuevos caminos para su causa.
Victoria parcial
“El resultado del grupo de trabajo intergubernamental dependerá de la continuidad de las movilizaciones de la sociedad civil; esta votación ha sido sólo la victoria de una batalla parcial, nos queda mucho camino por delante para erradicar los crímenes de las multinacionales y la impunidad”, asegura Kucharz.
Preguntada por ejemplos que evidencien los efectos del nuevo mecanismo de la ONU, Aguiar responde que dependerán del contenido de tratado. “Lo que hay de mínimo es que ha habido un cambio cultural; lo que ha pasado en la ONU especialmente en los últimos 20 años cambia, ya ha habido una derrota, hay gobiernos que han presionado. Empieza el desmantelamiento de la idea de que las empresas deben ser defendidas de los gobiernos. En el caso de la Chevron [petrolera en disputa con el Estado de Ecuador], las víctimas han ganado el caso, pero antes de que ganaran Chevron sacó sus activos del país, la justicia se quedó sin poder expropiar para pagar a las víctimas. Si esto se aprueba, cualquier otro país en el que tuviese peso podría expropiar parte de sus recursos, es una de nuestras peticiones”, añade.
También coincide con su compañero de Ecologistas en Acción en que habrá que presionar para que los países ratifiquen el futuro tratado. “La UE se ha negado, pero vamos a presionar. ¿Cómo puede Bruselas decir que está a favor de los derechos humanos y no apoyar algo que va a regular la actividad de las empresas? ¿Cómo decir que un país como España, que compra ropa fabricada en Bangladesh [en mención al mortal derrumbe en una industria textil el pasado año] no va a participar en un proceso que regule las operaciones de una empresa internacional?
En esta línea, añade Kucharz, durante la semana varios movimientos y organizaciones sociales, así como comunidades afectadas por crímenes sociales y ambientales, han presentado en una audiencia especial del Tribunal Permanente de los Pueblos en Ginebra 12 casos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por multinacionales. Entre ellos, los de las petroleras Chevron-Texaco en Ecuador y Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, la minera suiza-inglesa Glencore Xstrata en 7 países, Lonmine en Sudáfrica o Coca Cola en Colombia, o el de la empresa española Hidralia en Guatemala.
“Lo que tuvimos ayer [por el jueves] fue una gran victoria”, esgrime Aguiar. “Ahora se abren caminos en los que los defensores de derechos humanos tenemos que presionar, lo que pase dependerá en gran medida de nuestro capacidad para ello”, zanja.
Potencias de la UE contra la resolución
El Consejo de Derechos Humanos es el organismo intergubernamental de la ONU encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. Está compuesto por 47 miembros de Naciones Unidas, elegidos por la Asamblea General, y España no está entre ellos. Así han votado los distintos estados la resolución de este jueves:
A favor: Argelia, Benín, Burkina Faso, China, Congo, Cuba, Etiopía, India, Indonesia, Costa de Marfil, Kazajistán, Kenia, Marruecos, Namibia, Pakistán, Filipinas, Rusia, Sudáfrica y Venezuela.
En contra: Austria, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Macedonia, Montenegro, Corea del Sur, Rumania, Reino Unido, Estados Unidos.
Abstenciones: Argentina, Botswana, Brasil, Chile, Costa Rica, Gabón, Kuwait, Maldivas, México, Perú, Arabia Saudí, Sierra Leona y Emiratos Árabes Unidos.
via Publico.es
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha aprobado esta semana un resolución histórica, que abre el camino para poder vigilar de cerca el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las multinacionales a lo largo y ancho del planeta; un terreno hasta ahora inexplorado a estos niveles, y una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que ha supuesto una inyección de optimismo en las organizaciones y colectivos que luchan por estas causas.
“Ha sido una gran victoria”, reconoce a Público Diana Aguiar, investigadora del Transnational Institute, una de las organizaciones que han presionado para lograr la aprobación de esta resolución. Con 20 votos a favor, 14 en contra (entre ellos los de la UE y EEUU) y 13 abstenciones, la ONU se ha comprometido este jueves en Ginebra a formar un grupo de trabajo con los gobiernos de distintas naciones para crear un marco legal, un tratado que comprometa de forma efectiva a los estados a supervisar el cumplimiento de los derechos humanos.
“La idea es crear un tratado vinculante para todas las multinacionales, para que no puedan incumplir derechos humanos en los países que lo ratifiquen. Lo que empieza ahora es la negociación del trabajo, pero esto no tiene antecedentes. Antes solo había normas para la protección de los intereses de los inversionistas, como los tratados de libre comercio, pero no había hasta hoy ningún tipo de norma vinculante en el derecho internacional que señalara a las multinacionales como culpables. Hay muchos casos en los que se ha intentado acceder a justicias nacionales [para enfrentarse a las empresas], pero por limitaciones diversas no se ha logrado, y este mecanismo cambia la distribución de fuerzas”, asegura.
“A partir de 2015 tendrán dos años para ponerlo en práctica”, explica a este medio Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción, otra de las organizaciones que han celebrado la resolución de Naciones Unidas, que previsiblemente logrará la aprobación de un tratado que ratificarán “los países que lo deseen, aunque la voluntad sea que lo ratifiquen todos”, como asegura el activista.
“Ha quedado claro que los crímenes de lesa humanidad cometidos por empresas transnacionales, y los que se siguen cometiendo en la actualidad, no pueden continuar y no pueden quedar impunes. Es una demanda de las víctimas de estas violaciones de los derechos humanos, y de gran parte de las organizaciones y movimientos sociales del mundo”, explica.
Preguntada por un ejemplo de los derechos por cuyo cumplimiento velará este mecanismo, Aguiar confirma que permitirá garantizar condiciones de trabajo dignas, contribuyendo a igualar las que afrontan los trabajadores de la India o de Bangladesh con las de los asalariados en estados de occidente -mientras estos países firmen-, pero también servirá para luchar contra la contaminación de suelos y ríos, o la persecución de defensores de derechos humanos. “Las empresas persiguen a quienes trabajan por los derechos humanos, muchas veces con la connivencia de los Estados”, asegura.
Entre los países que han votado a favor están China, Rusia, Cuba, India, o Venezuela, mientras que entre los que han cargado contra la resolución, promovida por Ecuador y Sudáfrica, figuran Alemania, Francia, Italia o Reino Unido; algunas de las grandes potencias de la UE, acompañadas por EEUU. Algo que, en palabras de Kucharz, “evidencia qué países defienden al gran capital, a la banca y a las grandes compañías multinacionales, como la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, y quienes defienden a las víctimas de los abusos de las grandes empresas, como los veinte países que han votado a favor de la resolución”.
Aguiar coincide con la lectura de Kucharz: “Los países que acogen a las mayores empresas internacionales no lo han firmado; defienden los derechos de las empresas y no de los ciudadanos, es absurdo. Es el resultado de cuarenta años de políticas neoliberales”, defiende, poniendo como ejemplo las palabras de una de las mandatarias presentes en la votación. “La representante de Reino Unido ha criticado que esta resolución puede restar valor a los inversionistas para ir a países del sur; está diciendo abiertamente que es más importante la inversión que los derechos humanos “, afirma.
“La intervención de la UE ha sido lamentable”, añade Kucharz. “La Unión Europea y Estados Unidos apoyan a las grandes corporaciones por encima de su obligación de velar por el cumplimientos de los derechos humanos. Con su rechazo a la resolución, no sólo han mostrado su desprecio por las leyes internacionales de Derechos Humanos, sino que además han convertido a los gobiernos en cómplice de las graves violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales”, esgrime.
El portavoz de Ecologistas en Acción y la investigadora del Transnational Institute participan en la campaña global para desmantelar el poder corporativo –Stop Corporate Impunity– que lleva meses haciendo presión política para influir en la decisión de Naciones Unidas. En total, más de 610 organizaciones de 95 países han exigido a la ONU la aprobación de la resolución presentada por Ecuador y Sudáfrica, que abre nuevos caminos para su causa.
Victoria parcial
“El resultado del grupo de trabajo intergubernamental dependerá de la continuidad de las movilizaciones de la sociedad civil; esta votación ha sido sólo la victoria de una batalla parcial, nos queda mucho camino por delante para erradicar los crímenes de las multinacionales y la impunidad”, asegura Kucharz.
Preguntada por ejemplos que evidencien los efectos del nuevo mecanismo de la ONU, Aguiar responde que dependerán del contenido de tratado. “Lo que hay de mínimo es que ha habido un cambio cultural; lo que ha pasado en la ONU especialmente en los últimos 20 años cambia, ya ha habido una derrota, hay gobiernos que han presionado. Empieza el desmantelamiento de la idea de que las empresas deben ser defendidas de los gobiernos. En el caso de la Chevron [petrolera en disputa con el Estado de Ecuador], las víctimas han ganado el caso, pero antes de que ganaran Chevron sacó sus activos del país, la justicia se quedó sin poder expropiar para pagar a las víctimas. Si esto se aprueba, cualquier otro país en el que tuviese peso podría expropiar parte de sus recursos, es una de nuestras peticiones”, añade.
También coincide con su compañero de Ecologistas en Acción en que habrá que presionar para que los países ratifiquen el futuro tratado. “La UE se ha negado, pero vamos a presionar. ¿Cómo puede Bruselas decir que está a favor de los derechos humanos y no apoyar algo que va a regular la actividad de las empresas? ¿Cómo decir que un país como España, que compra ropa fabricada en Bangladesh [en mención al mortal derrumbe en una industria textil el pasado año] no va a participar en un proceso que regule las operaciones de una empresa internacional?
En esta línea, añade Kucharz, durante la semana varios movimientos y organizaciones sociales, así como comunidades afectadas por crímenes sociales y ambientales, han presentado en una audiencia especial del Tribunal Permanente de los Pueblos en Ginebra 12 casos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por multinacionales. Entre ellos, los de las petroleras Chevron-Texaco en Ecuador y Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, la minera suiza-inglesa Glencore Xstrata en 7 países, Lonmine en Sudáfrica o Coca Cola en Colombia, o el de la empresa española Hidralia en Guatemala.
“Lo que tuvimos ayer [por el jueves] fue una gran victoria”, esgrime Aguiar. “Ahora se abren caminos en los que los defensores de derechos humanos tenemos que presionar, lo que pase dependerá en gran medida de nuestro capacidad para ello”, zanja.
Potencias de la UE contra la resolución
El Consejo de Derechos Humanos es el organismo intergubernamental de la ONU encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. Está compuesto por 47 miembros de Naciones Unidas, elegidos por la Asamblea General, y España no está entre ellos. Así han votado los distintos estados la resolución de este jueves:
A favor: Argelia, Benín, Burkina Faso, China, Congo, Cuba, Etiopía, India, Indonesia, Costa de Marfil, Kazajistán, Kenia, Marruecos, Namibia, Pakistán, Filipinas, Rusia, Sudáfrica y Venezuela.
En contra: Austria, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Macedonia, Montenegro, Corea del Sur, Rumania, Reino Unido, Estados Unidos.
Abstenciones: Argentina, Botswana, Brasil, Chile, Costa Rica, Gabón, Kuwait, Maldivas, México, Perú, Arabia Saudí, Sierra Leona y Emiratos Árabes Unidos.
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