por Carlos Fortin
Una declaración reciente de un grupo transversal de parlamentarios ha colocado en el debate público la negociación del Acuerdo Trans-Pacífico de Libre Comercio ((TPP) en que Chile está participando. Los objetivos del Acuerdo son profundizar la liberalización comercial así como uniformar políticas, legislación y reglamentaciones en áreas tales como propiedad intelectual, inversiones, medio ambiente y normativa laboral.
Las negociaciones hasta ahora han sido secretas; la declaración básicamente solicita información acerca el contenido de las propuestas para someterlas al escrutinio público. La fundamentación es la preocupación de que algunas de ellas podrían ser atentatorias contra el interés nacional.
Sin información oficial no es posible evaluar de manera definitiva esta preocupación. Hay, sin embargo, documentos dados a conocer extraoficialmente que permiten un primer juicio al respecto, y ellos parecen confirmar los temores de los parlamentarios.
En dos áreas en particular las propuestas publicadas van mucho más allá de los compromisos de Chile en el marco de la Organización Mundial del Comercio, y pueden implicar una pérdida de capacidad del Estado chileno para formular e implementar políticas de desarrollo. En el área de propiedad intelectual, como ha escrito el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, las propuestas parecen un esfuerzo por “congelar en un tratado obligatorio para todos algunas de las peores disposiciones de las peores leyes de los países del TPP, haciendo así extremadamente difícil o imposible el llevar acabo las reforma necesarias”.
Por su parte, en el área de inversiones se plantea la adopción del régimen de ISDS (Investor-State Dispute Settlement) por el cual inversionistas privados pueden efectivamente demandar al Estado ante instancias internacionales en razón de cualquiera legislación, reglamentación o política que pueda afectar negativamente sus utilidades.
Los documentos publicados indican que hasta ahora los negociadores chilenos han resistido estas propuestas. Es, sin embargo, claramente en el interés nacional que ellas sean transparentadas y discutidas públicamente, dentro por cierto de los márgenes de confidencialidad habituales en las negociaciones comerciales internacionales.
por Carlos Fortin
Una declaración reciente de un grupo transversal de parlamentarios ha colocado en el debate público la negociación del Acuerdo Trans-Pacífico de Libre Comercio ((TPP) en que Chile está participando. Los objetivos del Acuerdo son profundizar la liberalización comercial así como uniformar políticas, legislación y reglamentaciones en áreas tales como propiedad intelectual, inversiones, medio ambiente y normativa laboral.
Las negociaciones hasta ahora han sido secretas; la declaración básicamente solicita información acerca el contenido de las propuestas para someterlas al escrutinio público. La fundamentación es la preocupación de que algunas de ellas podrían ser atentatorias contra el interés nacional.
Sin información oficial no es posible evaluar de manera definitiva esta preocupación. Hay, sin embargo, documentos dados a conocer extraoficialmente que permiten un primer juicio al respecto, y ellos parecen confirmar los temores de los parlamentarios.
En dos áreas en particular las propuestas publicadas van mucho más allá de los compromisos de Chile en el marco de la Organización Mundial del Comercio, y pueden implicar una pérdida de capacidad del Estado chileno para formular e implementar políticas de desarrollo. En el área de propiedad intelectual, como ha escrito el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, las propuestas parecen un esfuerzo por “congelar en un tratado obligatorio para todos algunas de las peores disposiciones de las peores leyes de los países del TPP, haciendo así extremadamente difícil o imposible el llevar acabo las reforma necesarias”.
Por su parte, en el área de inversiones se plantea la adopción del régimen de ISDS (Investor-State Dispute Settlement) por el cual inversionistas privados pueden efectivamente demandar al Estado ante instancias internacionales en razón de cualquiera legislación, reglamentación o política que pueda afectar negativamente sus utilidades.
Los documentos publicados indican que hasta ahora los negociadores chilenos han resistido estas propuestas. Es, sin embargo, claramente en el interés nacional que ellas sean transparentadas y discutidas públicamente, dentro por cierto de los márgenes de confidencialidad habituales en las negociaciones comerciales internacionales.
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