“Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes”, escribía Isaac Newton en una carta a su rival, el físico británico Robert Hooke, en 1675. Hoy en día, los científicos solo pueden encaramarse metafóricamente a los hombros de investigadores cuyos estudios entren en el paquete de suscripción de su universidad. Solo el año pasado, el CSIC gastó algo más de nueve millones de euros en la adquisición de información científica, según su informe anual.
Dado el increíble coste que supone para los centros de investigación abonarse a cada revista científica, las instituciones no pueden proporcionar a sus empleados acceso libre a toda la literatura académica que necesitan para trabajar. Los estudiantes o científicos no afiliados a una buena biblioteca lo tienen aún peor: el precio medio de un paper ronda los 25 euros para un particular. Y esto a pesar de que muchos estudios se financian con dinero público.
Descontenta con el modelo de publicación, la informática kazaja Alexandra Elbakyan fundó en 2011 la web pirata Sci-Hub, que proporciona a los internautas libre acceso a millones de publicaciones científicas que legalmente son de pago. “Cuando yo era estudiante en la universidad de Kazajistán, no tuve acceso a ningún documento de investigación, documentos que necesitaba para mi proyecto. Es de locos pagar 32 dólares [por estudio] cuando tienes que ojear o leer cientos de documentos para hacer una investigación” declaraba en una carta abierta ante el tribunal de Nueva York en 2015.
El motivo por el que Elbakyan escribía a un juez en Nueva York fue que Reed-Elsevier, la editorial que más ingresos genera de las publicaciones académicas, demandó a Sci-Hub y a su creadora por infracción de derechos de autor. Ella argumentaba que su página proporciona un servicio público y que no es comparable con la piratería de música o de películas, ya que los científicos no cobran derechos por las ventas de sus artículos. Ese mismo año, un juez ordenó el cierre del dominio sci-hub.org, cuyo registrador —la empresa arrendadora del dominio .org— está basado en EE UU. Aún así, la página permaneció activa bajo otros nombres registrados en el extranjero que Elbakyan iba anunciando en Facebook. El pleito de Elsevier no concluyó hasta junio de 2017, cuando el juez ordenó una indemnización de 15 millones de dólares a favor de la editorial. Elbakyan no se presentó al juicio.
Un golpe legal sin precedentes
Hasta la semana pasada, se podía acceder al portal pirata a través de sci-hub.cc, sci-hub.io, sci-hub.ac y sci-hub.bz. Ahora solo está activo el último enlace, registrado en Belice. El motivo es un nuevo litigio, presentado por la American Chemical Society (ACS) ante un tribunal en el estado de Virginia. Esta editorial es menor que Elsevier, pero su juicio se ha saldado con mayores consecuencias. De entrada, el juez también ha concedido una indemnización a los demandantes, esta vez por 4,8 millones de dólares. Pero, además, la última sentencia —conocida en noviembre— es excepcional al ordenar el cese de cooperación con Sci-Hub de servicios de internet que en este caso incluyen no solo a los registradores de dominios, sino también a proveedores de conexión a internet y motores de búsqueda. Estas son entidades legales ajenas a la organización de Sci-Hub y que no estaban involucradas en el juicio.
“El hecho de que ese tipo de lenguaje esté incluido en la sentencia es preocupante”, dice el estudiante doctoral Stephen McLaughlin, que es especialista en estudios de la información en la Universidad de Texas y ha seguido de cerca el caso de Sci-Hub. “No sabemos cómo podrían tratar de imponerlo. Yo creo que el intento aparente de la ACS de conseguir bloqueos a nivel de motores de búsqueda y de proveedores de servicios de internet probablemente no sea legal bajo el modelo estadounidense”, añade.
El director de comunicaciones de la American Chemical Society, Glenn Ruskin, ha confirmado a Materia que la ACS envió la orden judicial a varios proveedores de internet y registradores de dominios de Sci-Hub para que acatasen el edicto. Esto explica la caída repentina de tres dominios web el miércoles de la semana pasada (uno de ellos con registro en EE UU, los otros dos en Reino Unido). “La ACS continuará su esfuerzo por imponer el cumplimiento de la orden judicial”, asegura Ruskin.
Por su parte, Elbakyan no ha pagado un céntimo, ya que opera la web desde Rusia, fuera de la jurisdicción estadounidense. Tampoco tiene el tribunal de Virginia potestad para incautar los servidores de Sci-Hub. Éstos deben de albergar unos 70 terabytes de documentos según Daniel Himmelstein, un científico de datos de la Universidad de Pensilvania que ha publicado un análisis del contenido de Sci-Hub. “Las empresas de tecnologías no están muy contentas con la orden. Se consideran proveedoras de un servicio neutro y no responsables de lo que hagan sus usuarios. Tienen un interés muy fuerte en detener estas órdenes judiciales tan amplias y sin precedentes”, explica.
El futuro de las publicaciones científicas
A pesar de la novedad del caso y del celo de las editoriales por defender su negocio, los usuarios de Sci-Hub no anticipan que la sentencia vaya a cambiar mucho; la demanda de acceso libre a los conocimientos científicos es demasiado grande, y resulta difícil imponer leyes regionales en una web descentralizada. “Es como esa frase de que no le puedes poner puertas al campo”, opina Manuel de León, profesor de investigación del CSIC y director del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT). “Con el mundo de internet también es imposible. Se trata de poner el conocimiento que se genera al servicio de otros; eso no va a desaparecer nunca, creo. Y si cierran un sitio, aparecerá otro”.
Aun cerrando todos los dominios de Sci-Hub, sería difícil para las editoriales bloquear completamente el acceso a la página. El portal pirata cuenta con una dirección alternativa en la web profunda Tor, que está formada por un grupo de servidores que encriptan el tráfico para ocultar su origen. “Esta red es inmune a cualquier tipo de censura salvo la incautación física de los servidores”, señala Himmelstein.
El entusiasmo que ha generado el caso de Sci-Hub es reflejo de un descontento profundo con el modelo de publicación científica que toca a investigadores en todas las disciplinas. “Nosotros hacemos las investigaciones, escribimos los artículos, los enviamos a las revistas. También nosotros somos los evaluadores de las revistas, somos directores o miembros del comité editorial; no cobramos habitualmente nada por eso. Y luego encima tenemos que volver a pagar por acceder a nuestro trabajo”, reclama De León. “Al final es un negocio tremendo. El modelo editorial de las revistas científicas es redondo”, sentencia.
Aunque existen algunas revistas reputables que no cobran suscripciones, sí cobran tasas de publicación. Himmelstein tiene una visión para el modelo ideal: “Yo quiero que toda la literatura académica financiada con dinero público sea de libre acceso y lectura. No solo gratis, sino también libre de barreras de permisos, es decir, con una licencia pública que permita la minería de datos y textos. Mucha gente comparte esta visión, la del movimiento open access”.
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“Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes”, escribía Isaac Newton en una carta a su rival, el físico británico Robert Hooke, en 1675. Hoy en día, los científicos solo pueden encaramarse metafóricamente a los hombros de investigadores cuyos estudios entren en el paquete de suscripción de su universidad. Solo el año pasado, el CSIC gastó algo más de nueve millones de euros en la adquisición de información científica, según su informe anual.
Dado el increíble coste que supone para los centros de investigación abonarse a cada revista científica, las instituciones no pueden proporcionar a sus empleados acceso libre a toda la literatura académica que necesitan para trabajar. Los estudiantes o científicos no afiliados a una buena biblioteca lo tienen aún peor: el precio medio de un paper ronda los 25 euros para un particular. Y esto a pesar de que muchos estudios se financian con dinero público.
Descontenta con el modelo de publicación, la informática kazaja Alexandra Elbakyan fundó en 2011 la web pirata Sci-Hub, que proporciona a los internautas libre acceso a millones de publicaciones científicas que legalmente son de pago. “Cuando yo era estudiante en la universidad de Kazajistán, no tuve acceso a ningún documento de investigación, documentos que necesitaba para mi proyecto. Es de locos pagar 32 dólares [por estudio] cuando tienes que ojear o leer cientos de documentos para hacer una investigación” declaraba en una carta abierta ante el tribunal de Nueva York en 2015.
El motivo por el que Elbakyan escribía a un juez en Nueva York fue que Reed-Elsevier, la editorial que más ingresos genera de las publicaciones académicas, demandó a Sci-Hub y a su creadora por infracción de derechos de autor. Ella argumentaba que su página proporciona un servicio público y que no es comparable con la piratería de música o de películas, ya que los científicos no cobran derechos por las ventas de sus artículos. Ese mismo año, un juez ordenó el cierre del dominio sci-hub.org, cuyo registrador —la empresa arrendadora del dominio .org— está basado en EE UU. Aún así, la página permaneció activa bajo otros nombres registrados en el extranjero que Elbakyan iba anunciando en Facebook. El pleito de Elsevier no concluyó hasta junio de 2017, cuando el juez ordenó una indemnización de 15 millones de dólares a favor de la editorial. Elbakyan no se presentó al juicio.
Un golpe legal sin precedentes
Hasta la semana pasada, se podía acceder al portal pirata a través de sci-hub.cc, sci-hub.io, sci-hub.ac y sci-hub.bz. Ahora solo está activo el último enlace, registrado en Belice. El motivo es un nuevo litigio, presentado por la American Chemical Society (ACS) ante un tribunal en el estado de Virginia. Esta editorial es menor que Elsevier, pero su juicio se ha saldado con mayores consecuencias. De entrada, el juez también ha concedido una indemnización a los demandantes, esta vez por 4,8 millones de dólares. Pero, además, la última sentencia —conocida en noviembre— es excepcional al ordenar el cese de cooperación con Sci-Hub de servicios de internet que en este caso incluyen no solo a los registradores de dominios, sino también a proveedores de conexión a internet y motores de búsqueda. Estas son entidades legales ajenas a la organización de Sci-Hub y que no estaban involucradas en el juicio.
“El hecho de que ese tipo de lenguaje esté incluido en la sentencia es preocupante”, dice el estudiante doctoral Stephen McLaughlin, que es especialista en estudios de la información en la Universidad de Texas y ha seguido de cerca el caso de Sci-Hub. “No sabemos cómo podrían tratar de imponerlo. Yo creo que el intento aparente de la ACS de conseguir bloqueos a nivel de motores de búsqueda y de proveedores de servicios de internet probablemente no sea legal bajo el modelo estadounidense”, añade.
El director de comunicaciones de la American Chemical Society, Glenn Ruskin, ha confirmado a Materia que la ACS envió la orden judicial a varios proveedores de internet y registradores de dominios de Sci-Hub para que acatasen el edicto. Esto explica la caída repentina de tres dominios web el miércoles de la semana pasada (uno de ellos con registro en EE UU, los otros dos en Reino Unido). “La ACS continuará su esfuerzo por imponer el cumplimiento de la orden judicial”, asegura Ruskin.
Por su parte, Elbakyan no ha pagado un céntimo, ya que opera la web desde Rusia, fuera de la jurisdicción estadounidense. Tampoco tiene el tribunal de Virginia potestad para incautar los servidores de Sci-Hub. Éstos deben de albergar unos 70 terabytes de documentos según Daniel Himmelstein, un científico de datos de la Universidad de Pensilvania que ha publicado un análisis del contenido de Sci-Hub. “Las empresas de tecnologías no están muy contentas con la orden. Se consideran proveedoras de un servicio neutro y no responsables de lo que hagan sus usuarios. Tienen un interés muy fuerte en detener estas órdenes judiciales tan amplias y sin precedentes”, explica.
El futuro de las publicaciones científicas
A pesar de la novedad del caso y del celo de las editoriales por defender su negocio, los usuarios de Sci-Hub no anticipan que la sentencia vaya a cambiar mucho; la demanda de acceso libre a los conocimientos científicos es demasiado grande, y resulta difícil imponer leyes regionales en una web descentralizada. “Es como esa frase de que no le puedes poner puertas al campo”, opina Manuel de León, profesor de investigación del CSIC y director del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT). “Con el mundo de internet también es imposible. Se trata de poner el conocimiento que se genera al servicio de otros; eso no va a desaparecer nunca, creo. Y si cierran un sitio, aparecerá otro”.
Aun cerrando todos los dominios de Sci-Hub, sería difícil para las editoriales bloquear completamente el acceso a la página. El portal pirata cuenta con una dirección alternativa en la web profunda Tor, que está formada por un grupo de servidores que encriptan el tráfico para ocultar su origen. “Esta red es inmune a cualquier tipo de censura salvo la incautación física de los servidores”, señala Himmelstein.
El entusiasmo que ha generado el caso de Sci-Hub es reflejo de un descontento profundo con el modelo de publicación científica que toca a investigadores en todas las disciplinas. “Nosotros hacemos las investigaciones, escribimos los artículos, los enviamos a las revistas. También nosotros somos los evaluadores de las revistas, somos directores o miembros del comité editorial; no cobramos habitualmente nada por eso. Y luego encima tenemos que volver a pagar por acceder a nuestro trabajo”, reclama De León. “Al final es un negocio tremendo. El modelo editorial de las revistas científicas es redondo”, sentencia.
Aunque existen algunas revistas reputables que no cobran suscripciones, sí cobran tasas de publicación. Himmelstein tiene una visión para el modelo ideal: “Yo quiero que toda la literatura académica financiada con dinero público sea de libre acceso y lectura. No solo gratis, sino también libre de barreras de permisos, es decir, con una licencia pública que permita la minería de datos y textos. Mucha gente comparte esta visión, la del movimiento open access”.
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