El juez federal del Distrito de Columbia y expresidente del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de EE.UU., John Deacon Bates, dirigió una carta a los comités Judiciales y de Inteligencia de ambas cámaras del Congreso para comunicar que los 11 jueces que componen este tribunal están en contra de las recomendaciones claves destinadas a aumentar la transparencia de los servicios de inteligencia del país y de las prácticas judiciales al respecto.
Los jueces se oponen a permitir la presencia de un abogado independiente durante las sesiones clasificadas de la corte. Creen que ello dificultaría considerablemente la labor de los tribunales sin aportar ningún beneficio compensatorio en términos de protección de la privacidad, argumenta Bates según recoge ‘Los Angeles Times‘. “La participación de un abogado no dará al proceso una forma realmente contenciosa ni ayudará a los tribunales constructivamente en la evaluación de los hechos, ya que el abogado no podría comunicarse con el afectado ni realizar una investigación independiente”, insiste.
Otro punto clave de la carta es que los jueces rechazan definitivamente la idea de ampliar drásticamente su volumen de trabajo con la obligación de revisar y aprobar las llamadas ‘cartas de seguridad nacional’. Actualmente, el FBI utiliza estas cartas y no necesita ninguna autorización judicial para tener acceso más de 20.000 veces al año a los registros de las compañías sobre las llamadas telefónicas de sus clientes u otros datos. Incluso si se les ofrecieran recursos adicionales, la necesidad de aprobar cada orden de comparecencia “transformaría fundamentalmente la naturaleza de la corte y supondría un detrimento de sus responsabilidades actuales”, argumentó Bates.
La carta llega en vísperas del discurso de Obama, programado para el próximo 17 de enero, para revelar los detalles de la reforma que su Gobierno está preparando para reforzar la confianza pública en los métodos que la inteligencia estadounidense, sobre todo la NSA, emplea para recaudar la información, descreditados por las filtraciones de Edward Snowden. Los puntos clave de esta reforma están fuera del alcance del público general. Los medios de comunicación filtran solo propuestas separadas planteadas por diferentes expertos en la materia, pero por el momento se desconoce cuáles de estas propuestas se consideran aptas para incluir en la reforma.
Sin embargo, lo que se discute en EE.UU. es solo el respeto de los derechos de los propios estadounidenses y no de los extranjeros, acentúa por su parte el especialista en cuestiones informáticas Daniel Riaño. “Lo que debe comenzarse es una nueva reflexión por parte de las organizaciones internacionales que se encargan del mantenimiento de la infraestructura de las telecomunicaciones actuales para cambiar completamente la forma en la que los ciudadanos puedan defenderse de los ataques a su intimidad”, puntualizó.
El juez federal del Distrito de Columbia y expresidente del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de EE.UU., John Deacon Bates, dirigió una carta a los comités Judiciales y de Inteligencia de ambas cámaras del Congreso para comunicar que los 11 jueces que componen este tribunal están en contra de las recomendaciones claves destinadas a aumentar la transparencia de los servicios de inteligencia del país y de las prácticas judiciales al respecto.
Los jueces se oponen a permitir la presencia de un abogado independiente durante las sesiones clasificadas de la corte. Creen que ello dificultaría considerablemente la labor de los tribunales sin aportar ningún beneficio compensatorio en términos de protección de la privacidad, argumenta Bates según recoge ‘Los Angeles Times‘. “La participación de un abogado no dará al proceso una forma realmente contenciosa ni ayudará a los tribunales constructivamente en la evaluación de los hechos, ya que el abogado no podría comunicarse con el afectado ni realizar una investigación independiente”, insiste.
Otro punto clave de la carta es que los jueces rechazan definitivamente la idea de ampliar drásticamente su volumen de trabajo con la obligación de revisar y aprobar las llamadas ‘cartas de seguridad nacional’. Actualmente, el FBI utiliza estas cartas y no necesita ninguna autorización judicial para tener acceso más de 20.000 veces al año a los registros de las compañías sobre las llamadas telefónicas de sus clientes u otros datos. Incluso si se les ofrecieran recursos adicionales, la necesidad de aprobar cada orden de comparecencia “transformaría fundamentalmente la naturaleza de la corte y supondría un detrimento de sus responsabilidades actuales”, argumentó Bates.
La carta llega en vísperas del discurso de Obama, programado para el próximo 17 de enero, para revelar los detalles de la reforma que su Gobierno está preparando para reforzar la confianza pública en los métodos que la inteligencia estadounidense, sobre todo la NSA, emplea para recaudar la información, descreditados por las filtraciones de Edward Snowden. Los puntos clave de esta reforma están fuera del alcance del público general. Los medios de comunicación filtran solo propuestas separadas planteadas por diferentes expertos en la materia, pero por el momento se desconoce cuáles de estas propuestas se consideran aptas para incluir en la reforma.
Sin embargo, lo que se discute en EE.UU. es solo el respeto de los derechos de los propios estadounidenses y no de los extranjeros, acentúa por su parte el especialista en cuestiones informáticas Daniel Riaño. “Lo que debe comenzarse es una nueva reflexión por parte de las organizaciones internacionales que se encargan del mantenimiento de la infraestructura de las telecomunicaciones actuales para cambiar completamente la forma en la que los ciudadanos puedan defenderse de los ataques a su intimidad”, puntualizó.
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