Los magistrados han rechazado la demanda sin explicar su decisión.
La Fundación por la Frontera Electrónica (EFF, por sus siglas en inglés) presentó la demanda en nombre de varios grupos, entre ellos la Primera Iglesia Unitaria de Los Ángeles, la Fundación Calguns por el Derecho a las Armas, la ONG ecologista Greenpeace y Human Rights Watch. Esta sugiere que el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC) excedió su autoridad al conceder el permiso a la NSA para recoger los registros de llamadas de forma masiva.
De acuerdo con la sección 215 de la Ley Patriota, la NSA solo tiene derecho a vigilar las comunicaciones de usuarios que estén vinculados a actividades terroristas, lo que ha sido usado por las autoridades para recoger información de millones de estadounidenses. Los demandantes argumentan que al permitir el acceso indiscriminado a los registros de personas que no tienen ningún vínculo con el terrorismo, el tribunal actuó fuera de su propia jurisdicción.
El hecho del espionaje masivo por parte de las autoridades estadounidenses contra sus ciudadanos y contra extranjeros fue una de las revelaciones del extécnico de la CIA Edward Snowden, que logró obtener asilo temporal en Rusia tras ser amenazado desde EE.UU.
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