Julia Reda, eurodiputada del Partido Pirata alemán, alerta en su página sobre el último intento de la Comisión Europea de criminalizar el uso de internet y atacar el derecho a enlazar libremente mediante una ley que pretende consagrar el mal llamado “copyright secundario”, o “ancillary copyright“, un engendro que ya permitió a países como Alemania o España crear leyes absurdas para intentar, por el momento de manera infructuosa, que los periódicos recibieran ingresos de quienes enlazan a sus noticias.
La idea que hay detrás del concepto es que un enlace supone una redistribución de un contenido, y que si ese contenido está protegido por copyright, esa redistribución debe conllevar unos derechos para su creador. Aunque el caso Svensson marcó claramente que enlazar a un contenido ya disponible en la red no supone una infracción del copyright, la Comisión Europea pretende ahora, alegando excepciones como los enlaces a contenidos situados tras una muralla de pago o qué supone exactamente la idea de “ya disponible”, y supuestamente “armonizar” las leyes de copyright europeo de una manera más restrictiva.
Llevo toda mi vida profesional diciendo a mis alumnos lo mismo: que enlazar es libre, y que no tienen que pedir permiso a nadie para enlazar algo. Creo enlaces constantemente, enlazo con toda libertad a todo aquello que pueda funcionar a la hora de proveer a mis lectores con una segunda capa de información en la que profundizar y suplementar mis análisis con información adicional, con la que yo mismo usé para llevarlos a cabo o con otros que puedan aportar ideas adicionales. Así ha funcionado internet desde sus orígenes, y así debe seguir funcionando, porque supone una característica esencial de su funcionamiento. En el momento en que una serie de dinosaurios en Europa decidan que, para proteger al enésimo lobby, habrá que pedir permiso para enlazar o que pagar por determinados enlaces, la esencia de internet se corrompe, y se convierte en algo completamente distinto. Una visión de un internet en el que cada enlace se convierte en un potencial problema porque no sabemos si lo que hay al otro lado permite o no enlazarlo es una auténtica pesadilla, un desastre absurdo, una estupidez conceptual, algo que únicamente puede salir de las mentes de quienes jamás han entendido internet.
La Comisión Europea y el Parlamento Europeo se han convertido en el lugar donde los lobbies van a conseguir lo que no obtienen en otros sitios, en auténticos enemigos de internet y del uso de internet que hacemos los ciudadanos. Una regulación sobre lobbies completamente inexistente, que permite absolutamente todo, y que está convirtiendo a esos organismos teóricamente cruciales en el desarrollo de nuestro continente en auténticos enemigos de los ciudadanos, en instituciones marcadamente “corporate-friendly”, en una fuente continua de legislación desfasada, incoherente y absurda como la que recientemente ha sido aprobada para favorecer a las empresas de telecomunicaciones y eliminar la neutralidad de la red.
Este nuevo intento de criminalizar los enlaces debe ser detenido antes de que tome carta de naturaleza y algunos eurodiputados que no han entendido en toda su vida lo que es o no es un enlace empiecen a verlo como si fuera un concepto que realmente existe, cuando nunca ha sido así. Y sobre todo, cuando las consecuencias de que realmente pudiese llegar a ser así serían enormemente perjudiciales para todos y redundarían en un internet en el que no solo las operadoras deciden lo que se ve o no se ve, sino donde además, solo pueden crear enlaces quienes estén dispuestos a enfrentarse a un complejo entramado legal y a asumir las consecuencias de pagar cuando corresponda. Una internet “no apta para ciudadanos”, tan “neutralizada” como aparentemente le gusta a determinados políticos, convertida en una especie de “nueva televisión” donde solo crean contenidos y los difunden aquellos que cuentan con licencia para ello. Un desastre absoluto y sin paliativos que tenemos que evitar.
La idea que hay detrás del concepto es que un enlace supone una redistribución de un contenido, y que si ese contenido está protegido por copyright, esa redistribución debe conllevar unos derechos para su creador. Aunque el caso Svensson marcó claramente que enlazar a un contenido ya disponible en la red no supone una infracción del copyright, la Comisión Europea pretende ahora, alegando excepciones como los enlaces a contenidos situados tras una muralla de pago o qué supone exactamente la idea de “ya disponible”, y supuestamente “armonizar” las leyes de copyright europeo de una manera más restrictiva.
Llevo toda mi vida profesional diciendo a mis alumnos lo mismo: que enlazar es libre, y que no tienen que pedir permiso a nadie para enlazar algo. Creo enlaces constantemente, enlazo con toda libertad a todo aquello que pueda funcionar a la hora de proveer a mis lectores con una segunda capa de información en la que profundizar y suplementar mis análisis con información adicional, con la que yo mismo usé para llevarlos a cabo o con otros que puedan aportar ideas adicionales. Así ha funcionado internet desde sus orígenes, y así debe seguir funcionando, porque supone una característica esencial de su funcionamiento. En el momento en que una serie de dinosaurios en Europa decidan que, para proteger al enésimo lobby, habrá que pedir permiso para enlazar o que pagar por determinados enlaces, la esencia de internet se corrompe, y se convierte en algo completamente distinto. Una visión de un internet en el que cada enlace se convierte en un potencial problema porque no sabemos si lo que hay al otro lado permite o no enlazarlo es una auténtica pesadilla, un desastre absurdo, una estupidez conceptual, algo que únicamente puede salir de las mentes de quienes jamás han entendido internet.
La Comisión Europea y el Parlamento Europeo se han convertido en el lugar donde los lobbies van a conseguir lo que no obtienen en otros sitios, en auténticos enemigos de internet y del uso de internet que hacemos los ciudadanos. Una regulación sobre lobbies completamente inexistente, que permite absolutamente todo, y que está convirtiendo a esos organismos teóricamente cruciales en el desarrollo de nuestro continente en auténticos enemigos de los ciudadanos, en instituciones marcadamente “corporate-friendly”, en una fuente continua de legislación desfasada, incoherente y absurda como la que recientemente ha sido aprobada para favorecer a las empresas de telecomunicaciones y eliminar la neutralidad de la red.
Este nuevo intento de criminalizar los enlaces debe ser detenido antes de que tome carta de naturaleza y algunos eurodiputados que no han entendido en toda su vida lo que es o no es un enlace empiecen a verlo como si fuera un concepto que realmente existe, cuando nunca ha sido así. Y sobre todo, cuando las consecuencias de que realmente pudiese llegar a ser así serían enormemente perjudiciales para todos y redundarían en un internet en el que no solo las operadoras deciden lo que se ve o no se ve, sino donde además, solo pueden crear enlaces quienes estén dispuestos a enfrentarse a un complejo entramado legal y a asumir las consecuencias de pagar cuando corresponda. Una internet “no apta para ciudadanos”, tan “neutralizada” como aparentemente le gusta a determinados políticos, convertida en una especie de “nueva televisión” donde solo crean contenidos y los difunden aquellos que cuentan con licencia para ello. Un desastre absoluto y sin paliativos que tenemos que evitar.
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