Biblioteca Congreso Nacional
La atención política se ha centrado en como el sistema de Partidos, los diferentes actores y fuerzas interesadas en la marcha y conducción del Estado, se hacen cargo del debilitamiento de la confianza ciudadana y la situación crítica por la que hoy atraviesan, ante hechos que transgreden gravemente la probidad que debe marcar la vida de tales figuras de la vida nacional.
Aún más, el propio ministro del Interior declaró en un reciente encuentro empresarial que “Chile no es un país corrupto”, es decir, el debate está instalado y todo indica que no hay fórmulas milagrosas que convenzan de lo contrario que dice el señor ministro, o sea, que no imperan las malas prácticas en el sistema político y que la primacía en la “cosa pública” radica en la buena política.
Para reinstalar la credibilidad habrá que trabajar sistemáticamente y los resultados no serán inmediatos. Más que nunca es fundamental que las instituciones funcionen. Pero, hay que definir bien por donde transitar, a mi juicio, la punta del camino está en la transparencia; especialmente cuando parecen haberse instalado en el subconsciente colectivo ciertos juicios que parecen definitivos.
Uno de ellos, muy repetido y de alto riesgo para la gobernabilidad democrática es que “todos” los políticos son corruptos y están de una u otra manera manchados por las malas prácticas que se han conocido con lujo de detalles en los últimos meses.
Por eso es que la información de la llamada arista SQM del caso Penta ha dejado de ser un tema de índole tributaria, para pasar a ser un desafío a la propia legitimidad del camino institucional que el Gobierno se ha propuesto seguir para reinstalar su propia autoridad y la valía del Estado de Derecho como el instrumento esencial e insoslayable
para asumir y enfrentar la situación que se ha creado.
De acuerdo a este criterio el señor director del SII debe poner en manos del Ministerio Público la información requerida y el Tribunal Constitucional no debe interferir de ninguna manera en el curso de la investigación.
La fortaleza de la institucionalidad democrática lo hace necesario.
Camilo Escalona Medina
Ex Presidente del Senado
Biblioteca Congreso Nacional
La atención política se ha centrado en como el sistema de Partidos, los diferentes actores y fuerzas interesadas en la marcha y conducción del Estado, se hacen cargo del debilitamiento de la confianza ciudadana y la situación crítica por la que hoy atraviesan, ante hechos que transgreden gravemente la probidad que debe marcar la vida de tales figuras de la vida nacional.
Aún más, el propio ministro del Interior declaró en un reciente encuentro empresarial que “Chile no es un país corrupto”, es decir, el debate está instalado y todo indica que no hay fórmulas milagrosas que convenzan de lo contrario que dice el señor ministro, o sea, que no imperan las malas prácticas en el sistema político y que la primacía en la “cosa pública” radica en la buena política.
Para reinstalar la credibilidad habrá que trabajar sistemáticamente y los resultados no serán inmediatos. Más que nunca es fundamental que las instituciones funcionen. Pero, hay que definir bien por donde transitar, a mi juicio, la punta del camino está en la transparencia; especialmente cuando parecen haberse instalado en el subconsciente colectivo ciertos juicios que parecen definitivos.
Uno de ellos, muy repetido y de alto riesgo para la gobernabilidad democrática es que “todos” los políticos son corruptos y están de una u otra manera manchados por las malas prácticas que se han conocido con lujo de detalles en los últimos meses.
Por eso es que la información de la llamada arista SQM del caso Penta ha dejado de ser un tema de índole tributaria, para pasar a ser un desafío a la propia legitimidad del camino institucional que el Gobierno se ha propuesto seguir para reinstalar su propia autoridad y la valía del Estado de Derecho como el instrumento esencial e insoslayable
para asumir y enfrentar la situación que se ha creado.
De acuerdo a este criterio el señor director del SII debe poner en manos del Ministerio Público la información requerida y el Tribunal Constitucional no debe interferir de ninguna manera en el curso de la investigación.
La fortaleza de la institucionalidad democrática lo hace necesario.
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