El portal fundado por el experiodista del diario británico ‘The Guardian’ Glenn Greenwald ha filtrado un documento de 166 páginas titulado ‘March 2013 Watchlisting Guidance’ (‘Las directrices para componer las listas de vigilancia. Marzo 2013’). Se trata de una serie de regulaciones secretas que definen cómo se componen las numerosas bases de datos de terroristas y listas de vigilancia que hoy en día están vigentes en territorio de EE.UU.
Según el documento, el criterio para decidir si alguien, sea un estadounidense o extranjero, representa una amenaza potencial es la llamada “sospecha razonable”.
“No son necesarias evidencias irrefutables o hechos concretos (…). Para cumplir con el estándar de una sospecha razonable, el nominador, basándose en la totalidad de las circunstancias, tiene que considerar la inteligencia articulable o información que, en conjunto con las conclusiones racionales sacadas a partir de esos hechos, justifica razonablemente que una persona participa o se sospecha de que esté participando en actividades relacionadas con el terrorismo”, reza el texto, sin clarificar en ningún momento cuándo la inteligencia es “articulable” o las conclusiones son “racionales”. Con todo eso, el manual sí considera publicaciones en Twitter o Facebook como base suficiente para incluir a alguien en una de las listas.
“El hecho de que aparezcas en una lista de teléfonos de alguien no te convierte en terrorista. Si una sospecha razonable es el único criterio para marcar a alguien, puedes marcar a cualquiera con cualquier cosa”, critica David Gómez, un exagente especial del FBI, en ‘The Intercept’.
Asimismo se puede incluir en una lista a los íntimos de un terrorista potencial —su pareja, sus hijos, sus padres o sus hermanos— sin que haya sospecha de que ellos mismos estén involucrados de algún modo en actividades terroristas. Puede ser vigilada también la gente “asociada” con aquellos que tengan una relación definida con un sospechoso, aunque no se sepa nada sobre su propia participación en actividades terroristas. Uno puede ser nominado para formar parte de una lista si está asociado con un grupo terrorista aunque el Gobierno de EE.UU. no califique este grupo como terrorista.
“El Gobierno ha desarrollado un extenso sistema basado en la defectuosa premisa de que puede predecir si una persona va a cometer un acto terrorista en el futuro. Bajo esa peligrosa teoría, el gobierno mete a la gente en las listas negras en secreto y les pone la tarea imposible de probar su inocencia sobre algo que ni siquiera sucedió”, comentó al portal Hina Shamsi, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.
Las consecuencias para una persona incluida en una lista de vigilancia pueden ser bastante graves, destacan los periodistas de ‘The Intercept’. Una vez las autoridades de EE.UU. marcan a alguien en secreto como terrorista o sospechoso de terrorismo, comparten este dato con la policía local, gobiernos de otros países y entidades privadas. En consecuencia, uno puede sufrir problemas a la hora de conseguir un trabajo o, simplemente, gozar de libertad. Viajar también puede hacerse imposible.
Otro detalle importante: el documento establece una definición extremadamente amplia de las actividades terroristas. No solo se incluyen atentados contra las vidas humanas o secuestros, sino también la destrucción de la propiedad gubernamental, el daño a ordenadores pertenecientes a una institución financiera o al gobierno estadounidense y, en general, cualquier acto violento que represente peligro para la propiedad o infraestructura.
El portal fundado por el experiodista del diario británico ‘The Guardian’ Glenn Greenwald ha filtrado un documento de 166 páginas titulado ‘March 2013 Watchlisting Guidance’ (‘Las directrices para componer las listas de vigilancia. Marzo 2013’). Se trata de una serie de regulaciones secretas que definen cómo se componen las numerosas bases de datos de terroristas y listas de vigilancia que hoy en día están vigentes en territorio de EE.UU.
Según el documento, el criterio para decidir si alguien, sea un estadounidense o extranjero, representa una amenaza potencial es la llamada “sospecha razonable”.
“No son necesarias evidencias irrefutables o hechos concretos (…). Para cumplir con el estándar de una sospecha razonable, el nominador, basándose en la totalidad de las circunstancias, tiene que considerar la inteligencia articulable o información que, en conjunto con las conclusiones racionales sacadas a partir de esos hechos, justifica razonablemente que una persona participa o se sospecha de que esté participando en actividades relacionadas con el terrorismo”, reza el texto, sin clarificar en ningún momento cuándo la inteligencia es “articulable” o las conclusiones son “racionales”. Con todo eso, el manual sí considera publicaciones en Twitter o Facebook como base suficiente para incluir a alguien en una de las listas.
“El hecho de que aparezcas en una lista de teléfonos de alguien no te convierte en terrorista. Si una sospecha razonable es el único criterio para marcar a alguien, puedes marcar a cualquiera con cualquier cosa”, critica David Gómez, un exagente especial del FBI, en ‘The Intercept’.
Asimismo se puede incluir en una lista a los íntimos de un terrorista potencial —su pareja, sus hijos, sus padres o sus hermanos— sin que haya sospecha de que ellos mismos estén involucrados de algún modo en actividades terroristas. Puede ser vigilada también la gente “asociada” con aquellos que tengan una relación definida con un sospechoso, aunque no se sepa nada sobre su propia participación en actividades terroristas. Uno puede ser nominado para formar parte de una lista si está asociado con un grupo terrorista aunque el Gobierno de EE.UU. no califique este grupo como terrorista.
“El Gobierno ha desarrollado un extenso sistema basado en la defectuosa premisa de que puede predecir si una persona va a cometer un acto terrorista en el futuro. Bajo esa peligrosa teoría, el gobierno mete a la gente en las listas negras en secreto y les pone la tarea imposible de probar su inocencia sobre algo que ni siquiera sucedió”, comentó al portal Hina Shamsi, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.
Las consecuencias para una persona incluida en una lista de vigilancia pueden ser bastante graves, destacan los periodistas de ‘The Intercept’. Una vez las autoridades de EE.UU. marcan a alguien en secreto como terrorista o sospechoso de terrorismo, comparten este dato con la policía local, gobiernos de otros países y entidades privadas. En consecuencia, uno puede sufrir problemas a la hora de conseguir un trabajo o, simplemente, gozar de libertad. Viajar también puede hacerse imposible.
Otro detalle importante: el documento establece una definición extremadamente amplia de las actividades terroristas. No solo se incluyen atentados contra las vidas humanas o secuestros, sino también la destrucción de la propiedad gubernamental, el daño a ordenadores pertenecientes a una institución financiera o al gobierno estadounidense y, en general, cualquier acto violento que represente peligro para la propiedad o infraestructura.
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