Para la mayoría de partidos políticos, algunas asociaciones judiciales y movimientos ciudadanos, el objetivo del ejecutivo es reprimir las protestas y atenuar la presión social “a golpe de multa”, con el objeto de que la gente salga cada vez menos a la calle.
En opinión del portavoz de la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD), Óscar López, el texto, que regulará, entre otras cuestiones, las manifestaciones, contempla duras sanciones administrativas. “En España se puede esperar un endurecimiento total [de la situación]”, señala López.
Esta ley de seguridad ciudadana se une a medidas como la reforma del código penal y la ley de tasas judiciales, aprobada en 2012, junto a un probable “endurecimiento de la Ley de Huelga, de tal modo que se recorte en gran medida el derecho de huelga, es decir, lo que están haciendo es recortar el derecho de que la clase trabajadora proteste en defensa de sus conquistas históricas”.
López denuncia una batería de nuevas sanciones previstas en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que solo podrán ser revisadas por los tribunales previo pago de la correspondiente tasa. La reforma del sistema judicial diferencia así entre ciudadanos con poder adquisitivo y ciudadanos sin poder adquisitivo para los recursos de tipo administrativo.
“La única vía de recurrir la ley de seguridad ciudadana va a ser precisamente la vía judicial, aunque no exista un juez mediador en la instrumentación de las multas”, asegura el portavoz de la PDLD.
La Ley de Seguridad Ciudadana distinguirá entre faltas muy graves, graves y leves a la hora de imponer las mutas. Eso conlleva que, en función de la gravedad de la falta, para poder recurrir una multa haya que llegar a pagar una tasa añadida de hasta 2.750 euros, indica López.
Todo ello constituye un proceso de cambio de “todo el marco jurídico legal para entrar en un nuevo sistema político que sería un sistema autoritario o totalitario de derecho”. El experto subraya asimismo que sería un sistema ‘de derecho’ solo porque “formalmente se hace por vía parlamentaria, el Parlamento funciona, hay pluralidad de partidos”.
Sin embargo, la mayoría absoluta del Partido Popular “permite [al Gobierno] ir hacia acciones del tipo de la Ley Habilitante con la que los nazis ilegalizaron en Alemania al Partido Comunista en su momento y acabaron con las libertades democráticas”.
Para la mayoría de partidos políticos, algunas asociaciones judiciales y movimientos ciudadanos, el objetivo del ejecutivo es reprimir las protestas y atenuar la presión social “a golpe de multa”, con el objeto de que la gente salga cada vez menos a la calle.
En opinión del portavoz de la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD), Óscar López, el texto, que regulará, entre otras cuestiones, las manifestaciones, contempla duras sanciones administrativas. “En España se puede esperar un endurecimiento total [de la situación]”, señala López.
Esta ley de seguridad ciudadana se une a medidas como la reforma del código penal y la ley de tasas judiciales, aprobada en 2012, junto a un probable “endurecimiento de la Ley de Huelga, de tal modo que se recorte en gran medida el derecho de huelga, es decir, lo que están haciendo es recortar el derecho de que la clase trabajadora proteste en defensa de sus conquistas históricas”.
López denuncia una batería de nuevas sanciones previstas en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que solo podrán ser revisadas por los tribunales previo pago de la correspondiente tasa. La reforma del sistema judicial diferencia así entre ciudadanos con poder adquisitivo y ciudadanos sin poder adquisitivo para los recursos de tipo administrativo.
“La única vía de recurrir la ley de seguridad ciudadana va a ser precisamente la vía judicial, aunque no exista un juez mediador en la instrumentación de las multas”, asegura el portavoz de la PDLD.
La Ley de Seguridad Ciudadana distinguirá entre faltas muy graves, graves y leves a la hora de imponer las mutas. Eso conlleva que, en función de la gravedad de la falta, para poder recurrir una multa haya que llegar a pagar una tasa añadida de hasta 2.750 euros, indica López.
Todo ello constituye un proceso de cambio de “todo el marco jurídico legal para entrar en un nuevo sistema político que sería un sistema autoritario o totalitario de derecho”. El experto subraya asimismo que sería un sistema ‘de derecho’ solo porque “formalmente se hace por vía parlamentaria, el Parlamento funciona, hay pluralidad de partidos”.
Sin embargo, la mayoría absoluta del Partido Popular “permite [al Gobierno] ir hacia acciones del tipo de la Ley Habilitante con la que los nazis ilegalizaron en Alemania al Partido Comunista en su momento y acabaron con las libertades democráticas”.
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