La Open Net Initiative es una colaboración entre investigadores del Citizen Lab en la U. de Toronto, la empresa SecDev en Ottawa, y el Berkman Center en Harvard. Su informe América Latina 2013 estudia las leyes y prácticas en torno a la libertad en Internet en cinco países latinoamericanos.
Su primera conclusión es que los gobiernos de la región ven Internet como una herramienta clave para el desarrollo y están desarrollando políticas públicas sobre TIC en consecuencia. La segunda conclusión es que si bien la región tiene una historia de abuso contra los medios y restricciones en la libertad de prensa, en la práctica hay poca evidencia que Internet esté siendo filtrada a nivel estatal o de las empresas proveedoras de Internet.
País por país
A continuación las conclusiones para cada país:
Colombia: la Constitución de Colombia garantiza la libertad de la prensa, pero restringe ciertos contenidos relacionados con las organizaciones guerrilleras y el comercio ilegal de drogas. A pesar de que la legislación correspondiente está siendo cuestionada actualmente en la corte, el reciente acuerdo de libre comercio de Colombia con Estados Unidos puede introducir nuevas limitaciones en el uso de materiales con derechos de autor y en el acceso general a la información en Internet. Los carteles de droga y organizaciones criminales siguen amenazando la estabilidad política en algunas regiones del país, pero el gobierno colombiano desde 2001 ha hecho notables progresos en la lucha contra estas fuerzas y para restablecer el Estado de derecho. Los periodistas que cubren noticias sobre crimen y la corrupción siguen teniendo que enfrentar amenazas de organizaciones criminales, así como de la policía y de actores de gobierno. Aunque las pruebas que realizó ONI no mostraron señales de filtrado de Internet en Colombia, las prácticas de censura indirecta que existen podrían extenderse al entorno de los medios online en el futuro.
Guatemala: Aunque el Gobierno ha expresado su compromiso de aumentar el acceso a Internet y la conectividad, la tasa de penetración de Internet en Guatemala sigue siendo relativamente baja, y barreras como el analfabetismo y el desconocimiento de otros idiomas impiden que muchos guatemaltecos puedan participar en actividades online. Muchos guatemaltecos que no tienen acceso a Internet han comenzado a utilizar las redes sociales para participar en el debate político y el activismo, y estas redes digitales se han convertido en herramientas de gran alcance en algunos casos reveladores de corrupción gubernamental. A pesar de que las leyes protegen la libertad de expresión y previenen la vigilancia indiscriminada, el gobierno ha sido acusado de llevar a cabo actos ilegales de vigilancia, invadiendo la privacidad de activistas y miembros de la prensa que cubren temas relacionados con derechos humanos. Aunque las pruebas de ONI no mostraron evidencia de filtrado de Internet en Guatemala, los acontecimientos recientes sugieren que la vigilancia en línea puede llegar a ser más frecuente a medida que más guatemaltecos obtienen acceso a Internet.
México: Aunque existen pocos controles formales o tecnológicos de la expresión online en México, la libertad de expresión, tanto en Internet como fuera de ella, se ve amenazada por la violencia endémica y por un Estado de derecho debilitado. En los medios de comunicación, informar sobre cuestiones relacionadas con los poderosos es a la vez difícil y peligroso, y la autocensura ha aumentado a medida que los periodistas se enfrentan a amenazas violentas de fuentes políticas y de los carteles de la droga. En cuanto los mexicanos han comenzado a utilizar las redes sociales para difundir información sobre la violencia, los usuarios de Internet también han quedado expuestos al riesgo de represalias violentas. A pesar de los peligros para los periodistas y reporteros ciudadanos, sin embargo, Internet sigue siendo un espacio relativamente libre y abierto para aquellos que son capaces de acceder a ella.
Perú: El crecimiento económico sostenido ha permitido al gobierno del Perú avanzar en sus esfuerzos por superar la brecha digital, lo que hace del Perú un líder regional en desarrollo de las TIC. Los funcionarios del gobierno y la policía deben obtener el permiso de un juez antes de utilizar vigilancia electrónica en investigaciones criminales, pero los informes indican que se han producido violaciónes de este mandato. Aunque el gobierno ha aprobado varias leyes que regulan la privacidad en línea y contenidos pornográficos en los cafés públicos de Internet, las pruebas de ONI no revelaron ninguna evidencia de filtrado en Perú Internet.
Venezuela: Aunque hay poca evidencia de que el gobierno de Venezuela haya participado en el filtrado de Internet, los casos de Fundabit, RCTV, Globovisión, y Noticiero Digital, sugieren que el gobierno puede promover regulaciones que aumenten el control de la información y la autocensura entre los medios de comunicación electrónicos. Si se aprueban las reformas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, los blogs, los sitios web de noticias y las redes sociales podrían convertirse en nuevos objetivos de los futuros esfuerzos del gobierno de controlar la información.
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La Open Net Initiative es una colaboración entre investigadores del Citizen Lab en la U. de Toronto, la empresa SecDev en Ottawa, y el Berkman Center en Harvard. Su informe América Latina 2013 estudia las leyes y prácticas en torno a la libertad en Internet en cinco países latinoamericanos.
Su primera conclusión es que los gobiernos de la región ven Internet como una herramienta clave para el desarrollo y están desarrollando políticas públicas sobre TIC en consecuencia. La segunda conclusión es que si bien la región tiene una historia de abuso contra los medios y restricciones en la libertad de prensa, en la práctica hay poca evidencia que Internet esté siendo filtrada a nivel estatal o de las empresas proveedoras de Internet.
País por país
A continuación las conclusiones para cada país:
Colombia: la Constitución de Colombia garantiza la libertad de la prensa, pero restringe ciertos contenidos relacionados con las organizaciones guerrilleras y el comercio ilegal de drogas. A pesar de que la legislación correspondiente está siendo cuestionada actualmente en la corte, el reciente acuerdo de libre comercio de Colombia con Estados Unidos puede introducir nuevas limitaciones en el uso de materiales con derechos de autor y en el acceso general a la información en Internet. Los carteles de droga y organizaciones criminales siguen amenazando la estabilidad política en algunas regiones del país, pero el gobierno colombiano desde 2001 ha hecho notables progresos en la lucha contra estas fuerzas y para restablecer el Estado de derecho. Los periodistas que cubren noticias sobre crimen y la corrupción siguen teniendo que enfrentar amenazas de organizaciones criminales, así como de la policía y de actores de gobierno. Aunque las pruebas que realizó ONI no mostraron señales de filtrado de Internet en Colombia, las prácticas de censura indirecta que existen podrían extenderse al entorno de los medios online en el futuro.
Guatemala: Aunque el Gobierno ha expresado su compromiso de aumentar el acceso a Internet y la conectividad, la tasa de penetración de Internet en Guatemala sigue siendo relativamente baja, y barreras como el analfabetismo y el desconocimiento de otros idiomas impiden que muchos guatemaltecos puedan participar en actividades online. Muchos guatemaltecos que no tienen acceso a Internet han comenzado a utilizar las redes sociales para participar en el debate político y el activismo, y estas redes digitales se han convertido en herramientas de gran alcance en algunos casos reveladores de corrupción gubernamental. A pesar de que las leyes protegen la libertad de expresión y previenen la vigilancia indiscriminada, el gobierno ha sido acusado de llevar a cabo actos ilegales de vigilancia, invadiendo la privacidad de activistas y miembros de la prensa que cubren temas relacionados con derechos humanos. Aunque las pruebas de ONI no mostraron evidencia de filtrado de Internet en Guatemala, los acontecimientos recientes sugieren que la vigilancia en línea puede llegar a ser más frecuente a medida que más guatemaltecos obtienen acceso a Internet.
México: Aunque existen pocos controles formales o tecnológicos de la expresión online en México, la libertad de expresión, tanto en Internet como fuera de ella, se ve amenazada por la violencia endémica y por un Estado de derecho debilitado. En los medios de comunicación, informar sobre cuestiones relacionadas con los poderosos es a la vez difícil y peligroso, y la autocensura ha aumentado a medida que los periodistas se enfrentan a amenazas violentas de fuentes políticas y de los carteles de la droga. En cuanto los mexicanos han comenzado a utilizar las redes sociales para difundir información sobre la violencia, los usuarios de Internet también han quedado expuestos al riesgo de represalias violentas. A pesar de los peligros para los periodistas y reporteros ciudadanos, sin embargo, Internet sigue siendo un espacio relativamente libre y abierto para aquellos que son capaces de acceder a ella.
Perú: El crecimiento económico sostenido ha permitido al gobierno del Perú avanzar en sus esfuerzos por superar la brecha digital, lo que hace del Perú un líder regional en desarrollo de las TIC. Los funcionarios del gobierno y la policía deben obtener el permiso de un juez antes de utilizar vigilancia electrónica en investigaciones criminales, pero los informes indican que se han producido violaciónes de este mandato. Aunque el gobierno ha aprobado varias leyes que regulan la privacidad en línea y contenidos pornográficos en los cafés públicos de Internet, las pruebas de ONI no revelaron ninguna evidencia de filtrado en Perú Internet.
Venezuela: Aunque hay poca evidencia de que el gobierno de Venezuela haya participado en el filtrado de Internet, los casos de Fundabit, RCTV, Globovisión, y Noticiero Digital, sugieren que el gobierno puede promover regulaciones que aumenten el control de la información y la autocensura entre los medios de comunicación electrónicos. Si se aprueban las reformas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, los blogs, los sitios web de noticias y las redes sociales podrían convertirse en nuevos objetivos de los futuros esfuerzos del gobierno de controlar la información.
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