Directora Ejecutiva y cofundadora de Fundación Multitudes
A fines de este mes cumpliremos dos meses desde la entrada en vigencia de la Ley de Lobby. Sabemos que es muy pronto para sacar conclusiones ya que esta ley es un piso sobre el cual tenemos que trabajar como país para hacer seguimiento a su ejecución y luego detectar vacíos que, en momento oportuno, nos permitirán ajustarla a una normativa más atingente y cercana a los estándares de transparencia que aspiramos como Estado moderno y abierto.
Aún así y a poco andar, hemos visto que hay dos elementos que han sido obviados en su implementación y que son esenciales y básicos para que las prácticas que promueve tengan un alcance y una profundidad tal que impulsen y conlleven un cambio de cultura en la relación del Estado, la ciudadanía y las empresas en materia de transparencia y probidad.
Hablamos de la capacitación y de la sensibilización que requieren los sujetos pasivos y activos en torno a esta normativa y a la predominancia del principio de corresponsabilidad y de esfuerzo compartido en su implementación. Cuando estos últimos aspectos coexisten y son foco en la discusión, también los actores a los que involucra la ley gozan de mejor disposición para comprenderla, internalizarla y cumplirla. Para la sociedad civil, en tanto, ello implica el beneficio de comprobar voluntades, esperar cambios concretos y en el mejor de los casos de llevar su visión al Congreso para el perfeccionamiento de la ley.
Creo no equivocarme al decir que hoy, en cambio, los ojos fiscalizadores se han puesto sobre las autoridades y el cumplimiento que haga ésta de la ley, lo que si bien es esperable en una sociedad en la que se han quebrado confianzas con las instituciones, también es una mirada sesgada frente a la correlación y a la dinámica que exige una ley como ésta para lograr resultados. Aquí no hay sujetos individuales, esta es más bien una obra en la que cada actor tiene un rol que jugar y que impactará al que interprete el resto.
Como ciudadanos –y por qué no, en vista también de los últimos hechos conocidos en la relación entre el poder y el dinero- debemos recordar que la autoridad es un organismo administrativo que tiene estatutos que regulan la probidad en su ejercicio y que en el caso de la ley de Lobby además se aplican sanciones en el caso de que no cumpla. El desafío está en cómo incentivamos y comprobamos el cumplimiento de la ley por los sujetos activos, quienes no tendrán sanciones si no se registran, sino definen su rol y si no entregan la información que les solicita la autoridad, todo lo cual está estipulado en la ley y es dato valioso para garantizar la efectividad del escrutinio público y para darle mayor legitimidad al ejercicio del lobby.
Escuchar las opiniones de distintos sectores, previo a una toma de decisión o al desarrollo de una política es la labor de la autoridad. El lobby y la gestión de intereses deben realizarse, para que se escuchen las distintas posiciones de la sociedad y para que se hagan los aportes necesarios y acordes.
Hoy el asunto está en ampliar el radar de observación en la implementación de la ley, para que cuando finalice nos podamos sentar todos los sectores a la mesa para adecuarla y perfeccionarla de acuerdo a los estándares del país que queremos construir. Todo esto de forma responsable y sin olvidar los deberes y derechos que cada uno de nosotros tiene como ciudadano, lobbista o gestor de intereses de trabajar por sobre todo en aumentar los niveles de confianza.
PAULINA IBARRA
Directora Ejecutiva y cofundadora de Fundación Multitudes
A fines de este mes cumpliremos dos meses desde la entrada en vigencia de la Ley de Lobby. Sabemos que es muy pronto para sacar conclusiones ya que esta ley es un piso sobre el cual tenemos que trabajar como país para hacer seguimiento a su ejecución y luego detectar vacíos que, en momento oportuno, nos permitirán ajustarla a una normativa más atingente y cercana a los estándares de transparencia que aspiramos como Estado moderno y abierto.
Aún así y a poco andar, hemos visto que hay dos elementos que han sido obviados en su implementación y que son esenciales y básicos para que las prácticas que promueve tengan un alcance y una profundidad tal que impulsen y conlleven un cambio de cultura en la relación del Estado, la ciudadanía y las empresas en materia de transparencia y probidad.
Hablamos de la capacitación y de la sensibilización que requieren los sujetos pasivos y activos en torno a esta normativa y a la predominancia del principio de corresponsabilidad y de esfuerzo compartido en su implementación. Cuando estos últimos aspectos coexisten y son foco en la discusión, también los actores a los que involucra la ley gozan de mejor disposición para comprenderla, internalizarla y cumplirla. Para la sociedad civil, en tanto, ello implica el beneficio de comprobar voluntades, esperar cambios concretos y en el mejor de los casos de llevar su visión al Congreso para el perfeccionamiento de la ley.
Creo no equivocarme al decir que hoy, en cambio, los ojos fiscalizadores se han puesto sobre las autoridades y el cumplimiento que haga ésta de la ley, lo que si bien es esperable en una sociedad en la que se han quebrado confianzas con las instituciones, también es una mirada sesgada frente a la correlación y a la dinámica que exige una ley como ésta para lograr resultados. Aquí no hay sujetos individuales, esta es más bien una obra en la que cada actor tiene un rol que jugar y que impactará al que interprete el resto.
Como ciudadanos –y por qué no, en vista también de los últimos hechos conocidos en la relación entre el poder y el dinero- debemos recordar que la autoridad es un organismo administrativo que tiene estatutos que regulan la probidad en su ejercicio y que en el caso de la ley de Lobby además se aplican sanciones en el caso de que no cumpla. El desafío está en cómo incentivamos y comprobamos el cumplimiento de la ley por los sujetos activos, quienes no tendrán sanciones si no se registran, sino definen su rol y si no entregan la información que les solicita la autoridad, todo lo cual está estipulado en la ley y es dato valioso para garantizar la efectividad del escrutinio público y para darle mayor legitimidad al ejercicio del lobby.
Escuchar las opiniones de distintos sectores, previo a una toma de decisión o al desarrollo de una política es la labor de la autoridad. El lobby y la gestión de intereses deben realizarse, para que se escuchen las distintas posiciones de la sociedad y para que se hagan los aportes necesarios y acordes.
Hoy el asunto está en ampliar el radar de observación en la implementación de la ley, para que cuando finalice nos podamos sentar todos los sectores a la mesa para adecuarla y perfeccionarla de acuerdo a los estándares del país que queremos construir. Todo esto de forma responsable y sin olvidar los deberes y derechos que cada uno de nosotros tiene como ciudadano, lobbista o gestor de intereses de trabajar por sobre todo en aumentar los niveles de confianza.
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