Podría ser una más de las teorías conspirativas que seducen a millones de mentes solitarias en la era de la hiperinformación, si no fuera porque es verdad: un puñado de grandes industrias y el gobierno de EEUU presionan a Estados de tres continentes para que aprueben un tratado comercial que afecta los más diversos derechos de sus ciudadanos sin que sus instituciones democráticas puedan hacer mucho al respecto.
Se trata del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), uno de los tratados de libre comercio más ambiciosos jamás impulsado. El Estado chileno forma parte de la negociación desde 2010, junto a su principal promotor Estados Unidos y otros 10 países: Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México y Perú.
Las 12 naciones involucradas forman parte de la APEC y juntas configuran un mercado de más de 650 millones de personas. La zona Asia-Pacífico es vista por EEUU como el territorio fundamental para el crecimiento futuro de su economía, hoy amenazada por el ascenso de China y la zona de libre comercio que busca erigir en su esfera de influencia.
Desde que las negociaciones para la incorporación de Chile comenzaron, las resistencias no han hecho más que aumentar. Se critica el carácter secreto de las negociaciones, problema que pronto le estallará al Gobierno. Es que las autoridades a cargo ya lo están anunciando: las negociaciones están por terminar.
Se mira pero no se toca (ni opina)
El TPP está compuesto por 30 capítulos que regulan diversos ámbitos de la economía, como derechos de autor, patentes, inversiones estatales, regulaciones laborales, medio ambiente, cultura o comercio electrónico. Lo poco que se sabe sobre su contenido se debe a cuatro filtraciones que ha hecho Wikileaks desde 2013, porque las negociaciones entre los Estados son secretas ante la ciudadanía y la mayoría de las autoridades políticas locales.
El gobierno de Sebastián Piñera intentó firmar el tratado, pero lo largo del proceso complicó sus planes. La oposición de la sociedad civil organizada creció, y cuando asumió Michelle Bachelet, su gobierno prometió una revisión detenida del texto de negociación. La presión de diversas organizaciones condujo a la confección de un proyecto de acuerdo en el Senado, en respuesta al carácter secreto de las negociaciones, maniobra que llevó a Bachelet a crear un espacio de información sobre el proceso, el Cuarto Adjunto, que coordina la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon).
Una de las organizaciones que condujo esta presión y hoy participa en dicha instancia es la ONG Derechos Digitales. Su encargada de políticas públicas, Rayen Campusano, asegura que “ha consistido sólo en informar de manera general, sin entrar en detalles y sólo sobre los tres temas que ya han sido filtrados”. En el espacio, añade, “no hay un mecanismo de incidencia, sino sólo de comunicación limitada”.
Paulo Slachevsky, editor de la editorial LOM y encargado de políticas públicas de la Asociación de Editores de Chile, piensa lo mismo. Si bien reconoce que en la Direcon “siempre han sido muy amables”, lamenta que “no se ha logrado dar un paso mayor en transparencia real”. El peligro, agrega, “es que estos tratados terminen siendo esencialmente favorables al dominio de los grandes grupos económicos del comercio mundial y limiten aún más las capacidades regulatorias del Estado para ser un actor fuerte en el desarrollo de los países”.
En el capítulo sobre cultura del Cuarto Adjunto están participando más de 30 personas vinculadas al ámbito. “Si nadie en ese sector conoce lo que Chile está negociando en la materia, entonces, ¿con qué base se está negociando? Es delicado. Este tipo de negociaciones no tiene legitimidad al no tener una participación real de los actores de la sociedad civil”, indica Slachevsky.
Los asistentes al Cuarto Adjunto coinciden en que Felipe Lopeandía, el jefe negociador de Chile para el TPP, ha sido “explícito” en cuanto a que la negociación se encuentra “en su última fase”, con casi todos los capítulos ya cerrados, salvo por los más polémicos debido a las filtraciones (propiedad intelectual, medio ambiente e inversiones), que tendrían “un 70% de avance”.
La policía del “copyright”
Uno de los aspectos más polémicos del TPP, acusan sus críticos, es el relativo a la propiedad intelectual. El tratado pretende ampliar las patentes, endurecer la censura en internet a supuestas violaciones a este principio y extender el tiempo más allá de los 70 años para que una creación cultural pase a dominio público.
Los impactos en la vida cotidiana de estas diposiciones son muy amplios. El coordinador de investigación de Derechos Digitales, Juan Carlos Lara, explica: “el TPP obliga a los países a patentar nuevos usos de medicamentos ya patentados. Esto significa que un medicamento clave para una enfermedad grave, va a seguir sujeto al precio que le ponga el dueño de la patente y el Estado va a ver muy limitada su capacidad de compra de medicamentos”.
En cuanto a las reglas para defender la propiedad intelectual en internet, el TPP establece “que los proveedores de internet o servicios en línea tengan una labor más activa y directa en la censura de contenidos considerados piratas”, indica Lara, y añade: “si yo quiero hacer un video de mi boda con música de fondo, retirar ese contenido será mucho más fácil porque no necesitará que el reclamante vaya a un tribunal sino que las empresas estarán obligadas”.
Editores de Chile, en tanto, quiere que no se amplíen los derechos de propiedad intelectual sobre obras desde los 70 años, que es el plazo actual para su paso a dominio público, a los 100 o 120, como propone Estados Unidos. Estas disposiciones, advierte Slachesvky, “limitan la creación y producción cultural y tienden a una concentración aún mayor de las industrias culturales”.
La encrucijada de la cultura
Otro actor de la sociedad civil que participa en el Cuarto Adjunto es la Coalición Chilena para la Diversidad Cultural, cuya principal demanda es que el tratado sea coherente con la convención internacional sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales de Unesco, que fue ratificada por Chile.
Esta reserva es relevante, explican sus promotores, porque en su ausencia “se limita la capacidad del Estado de ser un actor del desarrollo cultural y éste se deja en manos del mercado”, explica Paulo Slachevsky. Direcon no está por un reserva general sobre el ámbito cultural, sino por reservas específicas en el capítulo de servicios, medida que es considerada insuficiente por creadores, editores, artistas y productores.
“Es muy importante que estos tratados no limiten la capacidad reguladora del Estado en cultura”, apunta Slachevsky. “Está demostrado a nivel internacional que cuando es así se generan concentraciones brutales”. Un ejemplo gráfico es el cine, señala, donde más del 90% de las pantallas de cine del mundo están controladas por la producción de Holywood, ni siquiera por la norteamericana como tal, que es más amplia.
“Se requiere liberar las expresiones culturales del dominio del mercado. Si no hay reservas fuertes, los tratados de libre comercio sacralizan el dominio del mercado. Lo que hacen los tratados de libre comercio es inhabilitar al Estado a discriminar en los sectores incluidos en el tratado. Y para hacer políticas públicas uno tiene que discriminar: vivienda para los más pobres, educación pública, cultura nacional”, afirma Slachevsky.
La impotencia democrática
En 2014, Rayen Campusano hizo una solicitud sobre otro tratado, el TiSA (Trade in Serive Agreement), para Derechos Digitales a la Direcon. En junio de ese año se había filtrado el anexo de servicios financieros de este tratado internacional sobre comercio en servicios. Le respondieron, pero enviándole un documento con la mayoría de sus párrafos tachados. El texto era ilegible, porque su solicitud había sido “parcialmente rechazada”. El contenido del tratado, le dijeron, era secreto.
El TiSA es de una envergadura tal que aspira a regular el 68% del comercio mundial de servicios, beneficiando a las grandes empresas multinacionales y vulnerando la soberanía de 50 Estados nacionales de Asia, Europa, Oceanía y América. Los grandes ausentes son los países del BRICS: Brasil, Rusica, India, China y Sudáfrica. Chile participa en la negociación, como reveló la última filtración de Wikileaks y como le confirmaron a algunos de los asistentes al Cuarto Adjunto del TPP.
Tanto el TPP como TiSA son secretos, aunque el segundo ni siquiera tiene un mecanismo informativo, como el Cuarto Adjunto en el caso del primero. Tampoco el Congreso de EEUU ha podido involucrarse en la negociación de ninguno de los dos, porque “su diseño está en manos de lobbystas de grandes empresas, los únicos con capacidad real de intervenir en las negociaciones”, explica Campusano. El Parlamento chileno tampoco ha intervenido ni se espera que lo haga. El modelo de negociación le otorga un papel muy limitado, un contrato de adhesión. Una sola es la deliberación que tienen permitido realizar nuestros legisladores: ¿firma o no firma?
Para sus promotores es la esperanza de las economías involucradas para sortear los desafíos del mercado global. Sus críticos, y con sobradas razones, consideran que vulnera los derechos de las personas y favorecerá la concentración de los mercados, encareciendo el acceso a la cultura, a los medicamentos y facilitando el control sobre el uso de internet.
Podría ser una más de las teorías conspirativas que seducen a millones de mentes solitarias en la era de la hiperinformación, si no fuera porque es verdad: un puñado de grandes industrias y el gobierno de EEUU presionan a Estados de tres continentes para que aprueben un tratado comercial que afecta los más diversos derechos de sus ciudadanos sin que sus instituciones democráticas puedan hacer mucho al respecto.
Se trata del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), uno de los tratados de libre comercio más ambiciosos jamás impulsado. El Estado chileno forma parte de la negociación desde 2010, junto a su principal promotor Estados Unidos y otros 10 países: Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México y Perú.
Las 12 naciones involucradas forman parte de la APEC y juntas configuran un mercado de más de 650 millones de personas. La zona Asia-Pacífico es vista por EEUU como el territorio fundamental para el crecimiento futuro de su economía, hoy amenazada por el ascenso de China y la zona de libre comercio que busca erigir en su esfera de influencia.
Desde que las negociaciones para la incorporación de Chile comenzaron, las resistencias no han hecho más que aumentar. Se critica el carácter secreto de las negociaciones, problema que pronto le estallará al Gobierno. Es que las autoridades a cargo ya lo están anunciando: las negociaciones están por terminar.
Se mira pero no se toca (ni opina)
El TPP está compuesto por 30 capítulos que regulan diversos ámbitos de la economía, como derechos de autor, patentes, inversiones estatales, regulaciones laborales, medio ambiente, cultura o comercio electrónico. Lo poco que se sabe sobre su contenido se debe a cuatro filtraciones que ha hecho Wikileaks desde 2013, porque las negociaciones entre los Estados son secretas ante la ciudadanía y la mayoría de las autoridades políticas locales.
El gobierno de Sebastián Piñera intentó firmar el tratado, pero lo largo del proceso complicó sus planes. La oposición de la sociedad civil organizada creció, y cuando asumió Michelle Bachelet, su gobierno prometió una revisión detenida del texto de negociación. La presión de diversas organizaciones condujo a la confección de un proyecto de acuerdo en el Senado, en respuesta al carácter secreto de las negociaciones, maniobra que llevó a Bachelet a crear un espacio de información sobre el proceso, el Cuarto Adjunto, que coordina la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon).
Una de las organizaciones que condujo esta presión y hoy participa en dicha instancia es la ONG Derechos Digitales. Su encargada de políticas públicas, Rayen Campusano, asegura que “ha consistido sólo en informar de manera general, sin entrar en detalles y sólo sobre los tres temas que ya han sido filtrados”. En el espacio, añade, “no hay un mecanismo de incidencia, sino sólo de comunicación limitada”.
Paulo Slachevsky, editor de la editorial LOM y encargado de políticas públicas de la Asociación de Editores de Chile, piensa lo mismo. Si bien reconoce que en la Direcon “siempre han sido muy amables”, lamenta que “no se ha logrado dar un paso mayor en transparencia real”. El peligro, agrega, “es que estos tratados terminen siendo esencialmente favorables al dominio de los grandes grupos económicos del comercio mundial y limiten aún más las capacidades regulatorias del Estado para ser un actor fuerte en el desarrollo de los países”.
En el capítulo sobre cultura del Cuarto Adjunto están participando más de 30 personas vinculadas al ámbito. “Si nadie en ese sector conoce lo que Chile está negociando en la materia, entonces, ¿con qué base se está negociando? Es delicado. Este tipo de negociaciones no tiene legitimidad al no tener una participación real de los actores de la sociedad civil”, indica Slachevsky.
Los asistentes al Cuarto Adjunto coinciden en que Felipe Lopeandía, el jefe negociador de Chile para el TPP, ha sido “explícito” en cuanto a que la negociación se encuentra “en su última fase”, con casi todos los capítulos ya cerrados, salvo por los más polémicos debido a las filtraciones (propiedad intelectual, medio ambiente e inversiones), que tendrían “un 70% de avance”.
La policía del “copyright”
Uno de los aspectos más polémicos del TPP, acusan sus críticos, es el relativo a la propiedad intelectual. El tratado pretende ampliar las patentes, endurecer la censura en internet a supuestas violaciones a este principio y extender el tiempo más allá de los 70 años para que una creación cultural pase a dominio público.
Los impactos en la vida cotidiana de estas diposiciones son muy amplios. El coordinador de investigación de Derechos Digitales, Juan Carlos Lara, explica: “el TPP obliga a los países a patentar nuevos usos de medicamentos ya patentados. Esto significa que un medicamento clave para una enfermedad grave, va a seguir sujeto al precio que le ponga el dueño de la patente y el Estado va a ver muy limitada su capacidad de compra de medicamentos”.
En cuanto a las reglas para defender la propiedad intelectual en internet, el TPP establece “que los proveedores de internet o servicios en línea tengan una labor más activa y directa en la censura de contenidos considerados piratas”, indica Lara, y añade: “si yo quiero hacer un video de mi boda con música de fondo, retirar ese contenido será mucho más fácil porque no necesitará que el reclamante vaya a un tribunal sino que las empresas estarán obligadas”.
Editores de Chile, en tanto, quiere que no se amplíen los derechos de propiedad intelectual sobre obras desde los 70 años, que es el plazo actual para su paso a dominio público, a los 100 o 120, como propone Estados Unidos. Estas disposiciones, advierte Slachesvky, “limitan la creación y producción cultural y tienden a una concentración aún mayor de las industrias culturales”.
La encrucijada de la cultura
Otro actor de la sociedad civil que participa en el Cuarto Adjunto es la Coalición Chilena para la Diversidad Cultural, cuya principal demanda es que el tratado sea coherente con la convención internacional sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales de Unesco, que fue ratificada por Chile.
Esta reserva es relevante, explican sus promotores, porque en su ausencia “se limita la capacidad del Estado de ser un actor del desarrollo cultural y éste se deja en manos del mercado”, explica Paulo Slachevsky. Direcon no está por un reserva general sobre el ámbito cultural, sino por reservas específicas en el capítulo de servicios, medida que es considerada insuficiente por creadores, editores, artistas y productores.
“Es muy importante que estos tratados no limiten la capacidad reguladora del Estado en cultura”, apunta Slachevsky. “Está demostrado a nivel internacional que cuando es así se generan concentraciones brutales”. Un ejemplo gráfico es el cine, señala, donde más del 90% de las pantallas de cine del mundo están controladas por la producción de Holywood, ni siquiera por la norteamericana como tal, que es más amplia.
“Se requiere liberar las expresiones culturales del dominio del mercado. Si no hay reservas fuertes, los tratados de libre comercio sacralizan el dominio del mercado. Lo que hacen los tratados de libre comercio es inhabilitar al Estado a discriminar en los sectores incluidos en el tratado. Y para hacer políticas públicas uno tiene que discriminar: vivienda para los más pobres, educación pública, cultura nacional”, afirma Slachevsky.
La impotencia democrática
En 2014, Rayen Campusano hizo una solicitud sobre otro tratado, el TiSA (Trade in Serive Agreement), para Derechos Digitales a la Direcon. En junio de ese año se había filtrado el anexo de servicios financieros de este tratado internacional sobre comercio en servicios. Le respondieron, pero enviándole un documento con la mayoría de sus párrafos tachados. El texto era ilegible, porque su solicitud había sido “parcialmente rechazada”. El contenido del tratado, le dijeron, era secreto.
El TiSA es de una envergadura tal que aspira a regular el 68% del comercio mundial de servicios, beneficiando a las grandes empresas multinacionales y vulnerando la soberanía de 50 Estados nacionales de Asia, Europa, Oceanía y América. Los grandes ausentes son los países del BRICS: Brasil, Rusica, India, China y Sudáfrica. Chile participa en la negociación, como reveló la última filtración de Wikileaks y como le confirmaron a algunos de los asistentes al Cuarto Adjunto del TPP.
Tanto el TPP como TiSA son secretos, aunque el segundo ni siquiera tiene un mecanismo informativo, como el Cuarto Adjunto en el caso del primero. Tampoco el Congreso de EEUU ha podido involucrarse en la negociación de ninguno de los dos, porque “su diseño está en manos de lobbystas de grandes empresas, los únicos con capacidad real de intervenir en las negociaciones”, explica Campusano. El Parlamento chileno tampoco ha intervenido ni se espera que lo haga. El modelo de negociación le otorga un papel muy limitado, un contrato de adhesión. Una sola es la deliberación que tienen permitido realizar nuestros legisladores: ¿firma o no firma?
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