El único mecanismo real de transparencia que los ciudadanos han tenido en estos años de negociación del TPP es Wikileaks. En ese contexto, intolerable para todo contexto democrático, podemos saber cuál es el duro estándar de propiedad intelectual que Estados Unidos quiere exigir a sus socios comerciales.
Por Claudio Ruiz*, ONG Derechos Digitales
Uno de los aspectos que grafican de mejor manera los problemático del Trans Pacific Partnership (TPP) es que sus negociaciones se han realizado, desde el comienzo, a puertas cerradas. Pareciera ser, en principio, que el secreto tiene sentido cuando se trata de negociar asuntos sensibles para los países, pues les entrega margen a los negociadores para llegar a mejores acuerdos. Pero esto sólo es cierto en un mundo ideal, uno donde existan mecanismos democráticos de participación funcionando en paralelo y donde todos los grupos de interés tengan las mismas posibilidades de aportar en un debate abierto. Pero en la realidad, la sociedad civil no tiene las mismas posibilidades de participar y esto se hace aún más grave cuando las negociaciones son secretas, como es el caso del TPP.
El TPP debe hacernos pensar respecto de los conceptos de transparencia y participación. Por ejemplo, en algunas de las rondas de negociación se establecieron mecanismos de participación para los interesados presentes, pero todos estos mecanismos son ajenos a principio alguno de accountability y son procesos, básicamente, de caja negra. Estos últimos, argumentando principios de transparencia y participación, no hacen sino mantener un status quo de ocultismo favorable a los lobbys empresariales.
Con toda esta falsa idea de transparencia, no deja de ser paradójico que tenga que ser Wikileaks quienes entreguen información sensible respecto del futuro regulatorio de nuestros países. Y hoy, a la luz de la documentación de propiedad intelectual que disponemos del tratado, podemos decir con más certeza que el panorama es oscuro.
Propiedad intelectual en el TPP
Lo que el TPP promueve pone en jaque las posibilidades de cambio normativo de los países en desarrollo en torno a pensar cómo queremos construir la propiedad intelectual y el rol del Estado para las nuevas generaciones. El TPP no solo reescribe los tratados de libre comercio ya existentes, sino que también acuerdos internacionales existentes y sus pocas flexibilidades normativas. Cierra las puertas, en definitiva, de manera brutal y gracias a la presión de unas industrias del pasado, a repensar la propiedad intelectual del futuro.
El TPP no es solamente otro acuerdo internacional. Los promotores del TPP lo ven como un acuerdo clave para el futuro, denominándolo incluso como un tratado de “nueva generación”, pero nadie puede afirmar con certeza en qué consiste ni menos cuales son los beneficios concretos para las economías en desarrollo.
La filtración del capítulo de propiedad intelectual muestra que esta “nueva generación” implica una agresiva estrategia del Gobierno estadounidense de levantar todos los estándares de protección posibles, a través de un lenguaje que obliga a los países socios a cambiar su legislación existente -aun cuando sea recientemente promulgada por el Congreso-, limitar el rol del Estado e incluso obligándolos a aprobar otros tratados internacionales existentes. Es en este sentido que incluso congresistas de EE.UU. se han opuesto a “legislar diplomáticamente”, evadiendo los mecanismos propios de las democracias representativas.
De alguna manera, es cierto que el TPP supone un acuerdo de “nueva generación”: es un acuerdo donde los países se obligan a legislar aquellas normas que en sus Congresos sería imposible aprobar. Legislar a través de tratados de libre comercio, es ciertamente, una nueva forma de legislar.
En un artículo aparecido en la prensa hace algunas semanas, se hacía mención que el principal problema de TPP es que haría una eventual reforma al derecho de autor, imposible. Si bien dicha reforma tiene dificultades aún sin TPP -por ejemplo, el principio de protección automática y ya el excesivo plazo de protección de 50 años luego de la muerte del autor ya se encuentran mencionados en el Convenio de Berna- el argumento tiene sentido cuando se analizan los fracasos de muchas de las provisiones existentes en TPP en otros acuerdos internacionales, por ejemplo, en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
El futuro del TPP
En Estados Unidos, se ha puesto en duda el futuro del TPP por la falta de aprobación del procedimiento de fast track por parte del Congreso, pese a la presión del presidente Obama de lograrla, lo que le permitiría avanzar en las negociaciones y que el Congreso norteamericano solo pueda aprobar o rechazar lo propuesto la cierre de las negociaciones.
En Chile la situación es similar, aun sin que sea necesaria esta autorización. Pero el que falte la aprobación del Congreso no significa necesariamente un control de legitimidad robusto al texto final del TPP, toda vez que sólo puede aprobar o rechazar y no puede entrar a discutir el fondo de los asuntos presentados para su aprobación.
Por un lado, es un escenario difícil pensar que el Congreso chileno pueda echar por tierra más de tres años de negociaciones y gasto de recursos públicos, sino que también resulta improbable que en un país en desarrollo se le cierre la puerta a un acuerdo comercial que incluye a Estados Unidos. Seguramente, el texto final incluirá ganancias para el país en alguna de las múltiples áreas que toca el TPP, aunque deban evaluarse a la luz de los múltiples y graves perjuicios existentes para los derechos de los ciudadanos sólo en el capítulo de propiedad intelectual.
Uno de los argumentos más fuertes que no han sido contestados con propiedad es por qué Chile sigue tan empeñado en llevar adelante el TPP teniendo tratados de libre comercio vigentes con los países TPP. De hecho, el tratado de libre comercio con Estados Unidos recién cumple diez años de vigencia y no se ven razones por las cuales sea necesario volver a negociar sus términos.
De aprobarse el TPP, sus términos van a condicionar por la vía internacional la posibilidad que Chile decida cómo serán sus regulaciones en aspectos sensibles para su economía y las condiciones de vida de sus ciudadanos, bajo el escudo de la promoción del libre comercio. Sin ir más lejos, el propio representante de comercio de Estados Unidos se encarga de recordarle al gobierno chileno, año tras año, su malestar con la forma en que ha implementado el TLC vigente, poniendo al país en la lista de observación prioritaria de países no respetuosos de la propiedad intelectual alrededor del mundo. El TPP no va a solucionar dicho problema, sino más bien agravarlo.
El estado actual de las negociaciones al momento de escribir este artículo es incierto. Sin embargo, se sabe que muchos de los capítulos se encuentran cerrados por los negociadores técnicos y que los más problemáticos, como el de propiedad intelectual, se espera que sea cerrado por los negociadores políticos.
El TPP tiene estándares de transparencia de una época pasada y establece barreras graves para que los países decidan autónomamente mecanismos regulatorios del futuro. Tal vez, además de la reflexión respecto del secretismo de las negociaciones, nos haga pensar también en cómo queremos construir la diplomacia comercial del futuro.
*Claudio Ruiz es director ejecutivo de ONG Derechos Digitales
Claudio [at] derechosdigitales.org
El único mecanismo real de transparencia que los ciudadanos han tenido en estos años de negociación del TPP es Wikileaks. En ese contexto, intolerable para todo contexto democrático, podemos saber cuál es el duro estándar de propiedad intelectual que Estados Unidos quiere exigir a sus socios comerciales.
Por Claudio Ruiz*, ONG Derechos Digitales
Uno de los aspectos que grafican de mejor manera los problemático del Trans Pacific Partnership (TPP) es que sus negociaciones se han realizado, desde el comienzo, a puertas cerradas. Pareciera ser, en principio, que el secreto tiene sentido cuando se trata de negociar asuntos sensibles para los países, pues les entrega margen a los negociadores para llegar a mejores acuerdos. Pero esto sólo es cierto en un mundo ideal, uno donde existan mecanismos democráticos de participación funcionando en paralelo y donde todos los grupos de interés tengan las mismas posibilidades de aportar en un debate abierto. Pero en la realidad, la sociedad civil no tiene las mismas posibilidades de participar y esto se hace aún más grave cuando las negociaciones son secretas, como es el caso del TPP.
El TPP debe hacernos pensar respecto de los conceptos de transparencia y participación. Por ejemplo, en algunas de las rondas de negociación se establecieron mecanismos de participación para los interesados presentes, pero todos estos mecanismos son ajenos a principio alguno de accountability y son procesos, básicamente, de caja negra. Estos últimos, argumentando principios de transparencia y participación, no hacen sino mantener un status quo de ocultismo favorable a los lobbys empresariales.
Con toda esta falsa idea de transparencia, no deja de ser paradójico que tenga que ser Wikileaks quienes entreguen información sensible respecto del futuro regulatorio de nuestros países. Y hoy, a la luz de la documentación de propiedad intelectual que disponemos del tratado, podemos decir con más certeza que el panorama es oscuro.
Propiedad intelectual en el TPP
Lo que el TPP promueve pone en jaque las posibilidades de cambio normativo de los países en desarrollo en torno a pensar cómo queremos construir la propiedad intelectual y el rol del Estado para las nuevas generaciones. El TPP no solo reescribe los tratados de libre comercio ya existentes, sino que también acuerdos internacionales existentes y sus pocas flexibilidades normativas. Cierra las puertas, en definitiva, de manera brutal y gracias a la presión de unas industrias del pasado, a repensar la propiedad intelectual del futuro.
El TPP no es solamente otro acuerdo internacional. Los promotores del TPP lo ven como un acuerdo clave para el futuro, denominándolo incluso como un tratado de “nueva generación”, pero nadie puede afirmar con certeza en qué consiste ni menos cuales son los beneficios concretos para las economías en desarrollo.
La filtración del capítulo de propiedad intelectual muestra que esta “nueva generación” implica una agresiva estrategia del Gobierno estadounidense de levantar todos los estándares de protección posibles, a través de un lenguaje que obliga a los países socios a cambiar su legislación existente -aun cuando sea recientemente promulgada por el Congreso-, limitar el rol del Estado e incluso obligándolos a aprobar otros tratados internacionales existentes. Es en este sentido que incluso congresistas de EE.UU. se han opuesto a “legislar diplomáticamente”, evadiendo los mecanismos propios de las democracias representativas.
De alguna manera, es cierto que el TPP supone un acuerdo de “nueva generación”: es un acuerdo donde los países se obligan a legislar aquellas normas que en sus Congresos sería imposible aprobar. Legislar a través de tratados de libre comercio, es ciertamente, una nueva forma de legislar.
En un artículo aparecido en la prensa hace algunas semanas, se hacía mención que el principal problema de TPP es que haría una eventual reforma al derecho de autor, imposible. Si bien dicha reforma tiene dificultades aún sin TPP -por ejemplo, el principio de protección automática y ya el excesivo plazo de protección de 50 años luego de la muerte del autor ya se encuentran mencionados en el Convenio de Berna- el argumento tiene sentido cuando se analizan los fracasos de muchas de las provisiones existentes en TPP en otros acuerdos internacionales, por ejemplo, en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
El futuro del TPP
En Estados Unidos, se ha puesto en duda el futuro del TPP por la falta de aprobación del procedimiento de fast track por parte del Congreso, pese a la presión del presidente Obama de lograrla, lo que le permitiría avanzar en las negociaciones y que el Congreso norteamericano solo pueda aprobar o rechazar lo propuesto la cierre de las negociaciones.
En Chile la situación es similar, aun sin que sea necesaria esta autorización. Pero el que falte la aprobación del Congreso no significa necesariamente un control de legitimidad robusto al texto final del TPP, toda vez que sólo puede aprobar o rechazar y no puede entrar a discutir el fondo de los asuntos presentados para su aprobación.
Por un lado, es un escenario difícil pensar que el Congreso chileno pueda echar por tierra más de tres años de negociaciones y gasto de recursos públicos, sino que también resulta improbable que en un país en desarrollo se le cierre la puerta a un acuerdo comercial que incluye a Estados Unidos. Seguramente, el texto final incluirá ganancias para el país en alguna de las múltiples áreas que toca el TPP, aunque deban evaluarse a la luz de los múltiples y graves perjuicios existentes para los derechos de los ciudadanos sólo en el capítulo de propiedad intelectual.
Uno de los argumentos más fuertes que no han sido contestados con propiedad es por qué Chile sigue tan empeñado en llevar adelante el TPP teniendo tratados de libre comercio vigentes con los países TPP. De hecho, el tratado de libre comercio con Estados Unidos recién cumple diez años de vigencia y no se ven razones por las cuales sea necesario volver a negociar sus términos.
De aprobarse el TPP, sus términos van a condicionar por la vía internacional la posibilidad que Chile decida cómo serán sus regulaciones en aspectos sensibles para su economía y las condiciones de vida de sus ciudadanos, bajo el escudo de la promoción del libre comercio. Sin ir más lejos, el propio representante de comercio de Estados Unidos se encarga de recordarle al gobierno chileno, año tras año, su malestar con la forma en que ha implementado el TLC vigente, poniendo al país en la lista de observación prioritaria de países no respetuosos de la propiedad intelectual alrededor del mundo. El TPP no va a solucionar dicho problema, sino más bien agravarlo.
El estado actual de las negociaciones al momento de escribir este artículo es incierto. Sin embargo, se sabe que muchos de los capítulos se encuentran cerrados por los negociadores técnicos y que los más problemáticos, como el de propiedad intelectual, se espera que sea cerrado por los negociadores políticos.
El TPP tiene estándares de transparencia de una época pasada y establece barreras graves para que los países decidan autónomamente mecanismos regulatorios del futuro. Tal vez, además de la reflexión respecto del secretismo de las negociaciones, nos haga pensar también en cómo queremos construir la diplomacia comercial del futuro.
*Claudio Ruiz es director ejecutivo de ONG Derechos Digitales
Claudio [at] derechosdigitales.org
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