El gobierno de Singapur aprueba una ley para el control de la difusión de noticias falsas en la red, la Ley de Protección contra las falsedades en línea y la manipulación,
que permitirá castigar con multas y/o con años de cárcel la difusión de
declaraciones de hechos y testimonios considerados como falsos,
perjudiciales para la seguridad pública o la tranquilidad pública en el
país, o potencialmente dañinas para las relaciones de Singapur con
países amigos, entre otra serie de temas.
En un entorno global en el que algunos estudios calculan que más de setenta países han sido objeto ya de campañas de desinformación de distintos tipos, la idea de tratar de detener ese tipo de iniciativas coordinadas y malintencionadas
mediante algún tipo de medida puede parecer razonable. El problema
estriba, fundamentalmente, en la forma de hacerlo: frente a las ideas
como esta de Singapur de posibilitar que sea el propio gobierno del país
el que determine con su propio criterio qué noticias son falsas y
penalice los intentos de distribuirlas, existen iniciativas como las de Finlandia,
basadas en la educación y la concienciación de la población con
respecto al problema y en la difusión de procedimientos y herramientas
que permitan a los ciudadanos comprobar la veracidad de las noticias
antes de contribuir a su difusión, una aproximación posiblemente más
lenta, pero con un carácter decididamente más democrático.
Por
mucho que el gobierno de Singapur afirme que sus ministros y
funcionarios «tendrán que explicar por qué un contenido es falso cuando
ordenen una eliminación o corrección, y no podrán simplemente emitir una
decisión de manera arbitraria», todos conocemos lo sencillo que puede
ser, para quien controla el poder, justificar que algo puede ser
hipotéticamente dañino o perjudicial, y hasta qué punto posibilita
hipotéticos abusos una ley así. La consideración de que debe ser el
gobierno el que vele por la veracidad en la información que llega a los
ciudadanos es una actitud absurdamente paternalista, detrás de la cual
suelen esconderse intentos de control de toda posible disidencia o idea
contraria al poder establecido. ¿Alguien denuncia corrupción o malas
prácticas? Rápidamente, será considerado como noticia falsa – dado que
este tipo de delitos son reconocidos por sus autores en muy escasas
ocasiones – , lo que permite retirar la información, y multar y
encarcelar a sus autores y aa los que contribuyen a su difusión. Un
auténtico sueño dictatorial, el de ejercer el poder controlando el
suministro de información, que hemos visto ya en demasiadas ocasiones.
El Ministerio de la Verdad ya ha ido, en la historia mundial reciente, mucho más allá de las páginas del «1984» del visionario George Orwell.
No
es sencillo. Determinados estratos de la ciudadanía pueden reclamar
herramientas mágicas a modo de «botón de la verdad», o poder decir «esto
es falso porque lo dijo el gobierno». Los seres humanos somos de manera
natural economizadores de tareas, y la idea de «tener que trabajar uno
mismo» para poder determinar si algo es cierto y fiable o no lo es no
necesariamente resulta atractiva. Sin embargo, el pensamiento crítico es
algo que los ciudadanos deben desarrollar individualmente, mediante una
educación adecuada, la difusión de prácticas y herramientas que
permitan verificar la información, y el desarrollo de hábitos saludables
a la hora de informarse que defiendan la necesidad de la pluralidad de
fuentes. Sustituir los libros de texto en las escuelas por procesos individuales de búsqueda y cualificación de información,
desarrollar habilidades en ese sentido a lo largo de todo el curriculum
educativo, y no pretender nunca que la verdad está en una sola fuente
son formas de adaptarse a un entorno que, sin duda, está aquí para
quedarse, y que requiere el desarrollo de nuevas habilidades.
Por
contra, tratar de hacer que los ciudadanos subcontraten su pensamiento
crítico a los criterios de un tercero, sea su gobierno, una plataforma social
o cualquier otro organismo, es una forma de dar la batalla por perdida
antes de iniciarla, de subestimar la capacidad de las personas y de
construir herramientas de manipulación que posteriormente puedan ser
utilizadas de manera perniciosa, sea por el gobierno que las promulgó o
por otros que vengan después.
Obviamente, eso no quiere decir que no debamos hacer nada: exigir a las plataformas sociales que identifiquen actividad coordinada no genuina, que eliminen cuentas falsas que participen en esquemas de desinformación o que informen de picos de actividad relacionada con determinados eventos es algo lógico y razonable, como puede serlo el intentar castigar a quienes participen en este tipo de esquemas, tal y como se hace fuera de la red. Pero de ahí a que sea el gobierno de un país el que decida lo que es o no es una noticia falsa, va una distancia importante. Si además, ese tipo de intentos vienen de países que figuran más allá del 150 en los rankings internacionales de libertad de prensa, por muy desarrollados que se consideren, todavía peor.
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El gobierno de Singapur aprueba una ley para el control de la difusión de noticias falsas en la red, la Ley de Protección contra las falsedades en línea y la manipulación, que permitirá castigar con multas y/o con años de cárcel la difusión de declaraciones de hechos y testimonios considerados como falsos, perjudiciales para la seguridad pública o la tranquilidad pública en el país, o potencialmente dañinas para las relaciones de Singapur con países amigos, entre otra serie de temas.
En un entorno global en el que algunos estudios calculan que más de setenta países han sido objeto ya de campañas de desinformación de distintos tipos, la idea de tratar de detener ese tipo de iniciativas coordinadas y malintencionadas mediante algún tipo de medida puede parecer razonable. El problema estriba, fundamentalmente, en la forma de hacerlo: frente a las ideas como esta de Singapur de posibilitar que sea el propio gobierno del país el que determine con su propio criterio qué noticias son falsas y penalice los intentos de distribuirlas, existen iniciativas como las de Finlandia, basadas en la educación y la concienciación de la población con respecto al problema y en la difusión de procedimientos y herramientas que permitan a los ciudadanos comprobar la veracidad de las noticias antes de contribuir a su difusión, una aproximación posiblemente más lenta, pero con un carácter decididamente más democrático.
Por mucho que el gobierno de Singapur afirme que sus ministros y funcionarios «tendrán que explicar por qué un contenido es falso cuando ordenen una eliminación o corrección, y no podrán simplemente emitir una decisión de manera arbitraria», todos conocemos lo sencillo que puede ser, para quien controla el poder, justificar que algo puede ser hipotéticamente dañino o perjudicial, y hasta qué punto posibilita hipotéticos abusos una ley así. La consideración de que debe ser el gobierno el que vele por la veracidad en la información que llega a los ciudadanos es una actitud absurdamente paternalista, detrás de la cual suelen esconderse intentos de control de toda posible disidencia o idea contraria al poder establecido. ¿Alguien denuncia corrupción o malas prácticas? Rápidamente, será considerado como noticia falsa – dado que este tipo de delitos son reconocidos por sus autores en muy escasas ocasiones – , lo que permite retirar la información, y multar y encarcelar a sus autores y aa los que contribuyen a su difusión. Un auténtico sueño dictatorial, el de ejercer el poder controlando el suministro de información, que hemos visto ya en demasiadas ocasiones. El Ministerio de la Verdad ya ha ido, en la historia mundial reciente, mucho más allá de las páginas del «1984» del visionario George Orwell.
No es sencillo. Determinados estratos de la ciudadanía pueden reclamar herramientas mágicas a modo de «botón de la verdad», o poder decir «esto es falso porque lo dijo el gobierno». Los seres humanos somos de manera natural economizadores de tareas, y la idea de «tener que trabajar uno mismo» para poder determinar si algo es cierto y fiable o no lo es no necesariamente resulta atractiva. Sin embargo, el pensamiento crítico es algo que los ciudadanos deben desarrollar individualmente, mediante una educación adecuada, la difusión de prácticas y herramientas que permitan verificar la información, y el desarrollo de hábitos saludables a la hora de informarse que defiendan la necesidad de la pluralidad de fuentes. Sustituir los libros de texto en las escuelas por procesos individuales de búsqueda y cualificación de información, desarrollar habilidades en ese sentido a lo largo de todo el curriculum educativo, y no pretender nunca que la verdad está en una sola fuente son formas de adaptarse a un entorno que, sin duda, está aquí para quedarse, y que requiere el desarrollo de nuevas habilidades.
Por contra, tratar de hacer que los ciudadanos subcontraten su pensamiento crítico a los criterios de un tercero, sea su gobierno, una plataforma social o cualquier otro organismo, es una forma de dar la batalla por perdida antes de iniciarla, de subestimar la capacidad de las personas y de construir herramientas de manipulación que posteriormente puedan ser utilizadas de manera perniciosa, sea por el gobierno que las promulgó o por otros que vengan después.
Obviamente, eso no quiere decir que no debamos hacer nada: exigir a las plataformas sociales que identifiquen actividad coordinada no genuina, que eliminen cuentas falsas que participen en esquemas de desinformación o que informen de picos de actividad relacionada con determinados eventos es algo lógico y razonable, como puede serlo el intentar castigar a quienes participen en este tipo de esquemas, tal y como se hace fuera de la red. Pero de ahí a que sea el gobierno de un país el que decida lo que es o no es una noticia falsa, va una distancia importante. Si además, ese tipo de intentos vienen de países que figuran más allá del 150 en los rankings internacionales de libertad de prensa, por muy desarrollados que se consideren, todavía peor.
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