El Partido Pirata de Chile rechaza enérgicamente la ratificación del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica (o TPP). Es ya conocido que el TPP es un tratado de comercio multilateral promovido por EE.UU. y negociado entre 12 naciones que bordean el océano Pacífico. Es negociado entre EE.UU., Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam. Consideramos que a pesar de denominarse tratado de libre comercio, no solo abarca temas comerciales, sino también aspectos sobre la libertad de Internet, los derechos de autor, la protección de patentes, entre otros; dado que afecta la soberanía de los países al imponer modificaciones a sus legislaciones, supeditando sus leyes a intereses meramente mercantilistas.
Creemos firmemente que esté acuerdo no será beneficioso para Chile. Su elevado carácter de secreto ha evitado el escrutinio público (debido a esto la información ha sido obtenida a través de filtraciones), impidiendo a la sociedad civil analizarlo. Es inaceptable que los gobiernos hayan aceptado las condiciones de un grupo de transnacionales, generando un acuerdo de espalda a la gente.
Este acuerdo traerá graves consecuencias económicas, políticas y sociales lo que podría facilitar el limitar la libertad de expresión de los ciudadanos y al derecho de el país a desarrollar políticas y leyes que respondan a las prioridades del momento. El acuerdo reforzaría y ampliaría el sistema legal de solución de controversias Inversor–Estado (ISDS) y elevaría a las empresas de capital extranjero a la misma categoría que a los gobiernos. A partir de las filtraciones y análisis, se desprende que el tratado permitiría la creación de un tribunal secreto en el que las empresas podrían demandar a los gobiernos ante paneles de arbitraje secretos integrados por abogados corporativos que anularían las decisiones de los parlamentos en caso de no conseguir lo que las empresas quieren, echando por tierra la soberanía de los países, lo cual es muy grave.
Consideramos que los costes políticos y sociales superan a los “supuestos” beneficios. El facilitar el comercio no justifica el dañar la libertad de expresión y la soberanía del país.
El Partido Pirata de Chile rechaza enérgicamente la ratificación del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica (o TPP). Es ya conocido que el TPP es un tratado de comercio multilateral promovido por EE.UU. y negociado entre 12 naciones que bordean el océano Pacífico. Es negociado entre EE.UU., Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam. Consideramos que a pesar de denominarse tratado de libre comercio, no solo abarca temas comerciales, sino también aspectos sobre la libertad de Internet, los derechos de autor, la protección de patentes, entre otros; dado que afecta la soberanía de los países al imponer modificaciones a sus legislaciones, supeditando sus leyes a intereses meramente mercantilistas.
Creemos firmemente que esté acuerdo no será beneficioso para Chile. Su elevado carácter de secreto ha evitado el escrutinio público (debido a esto la información ha sido obtenida a través de filtraciones), impidiendo a la sociedad civil analizarlo. Es inaceptable que los gobiernos hayan aceptado las condiciones de un grupo de transnacionales, generando un acuerdo de espalda a la gente.
Este acuerdo traerá graves consecuencias económicas, políticas y sociales lo que podría facilitar el limitar la libertad de expresión de los ciudadanos y al derecho de el país a desarrollar políticas y leyes que respondan a las prioridades del momento. El acuerdo reforzaría y ampliaría el sistema legal de solución de controversias Inversor–Estado (ISDS) y elevaría a las empresas de capital extranjero a la misma categoría que a los gobiernos. A partir de las filtraciones y análisis, se desprende que el tratado permitiría la creación de un tribunal secreto en el que las empresas podrían demandar a los gobiernos ante paneles de arbitraje secretos integrados por abogados corporativos que anularían las decisiones de los parlamentos en caso de no conseguir lo que las empresas quieren, echando por tierra la soberanía de los países, lo cual es muy grave.
Consideramos que los costes políticos y sociales superan a los “supuestos” beneficios. El facilitar el comercio no justifica el dañar la libertad de expresión y la soberanía del país.
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