Los documentos confidenciales revelados por Wikileaks sobre el Anexo de Comercio Electrónico del Acuerdo de Comercio de Servicios, muestran que 50 países van a deslocalizar a través de las fronteras la información personal de la ciudadanía, en aplicación de la doctrina neoliberal a los datos informáticos, poniendo en peligro las garantías nacionales de su privacidad.
CARLOS ENRIQUE BAYO
Cuanto más se examina el contenido del Trade in Services Agreement (TiSA) que medio centenar de países negocian a escondidas, más se comprende por qué esos gobiernos pretenden que permanezca en secreto incluso cinco años después de su entrada en vigor. Por ejemplo, si su Anexo sobre Comercio Electrónico es aplicado internacionalmente, los Estados perderán el control sobre dónde se almacenan y cómo se utilizan los datos de sus ciudadanos.
Una conclusión en la que coinciden expertos economistas y juristas consultados por Público, uno de los diez medios de comunicación de otros tantos países —desde Australia a Uruguay y de Islandia a Turquía— que ha colaborado con Wikileaks en una nueva exclusiva mundial: la filtración de 17 documentos internos que constituyen las actas de esa negociación secreta para establecer un tratado de comercio de servicios todavía más antidemocrático y neoliberal que el TTIP entre Estados Unidos y la Unión Europea.
El Artículo 2 del citado Anexo sobre Comercio Electrónico del TiSA, titulado “Movimiento de Información” o “Flujos de Información a través de Fronteras”, establece sin ambages en su primer punto que “ningún partícipe [país firmante del acuerdo] podrá impedir a un proveedor de servicios que transfiera, acceda, procese o almacene información, incluida información personal, dentro o fuera del territorio de ese partícipe, cuando esa actividad se efectúa en conexión con la gestión del negocio de ese proveedor de servicios”.
Es decir, el acuerdo secreto prohíbe categóricamente cualquier restricción en el flujo de datos personales de los ciudadanos a través de las fronteras, ya que vuelve a insistir en esa libre exportación de la información en su punto quinto: “Los partícipes no impedirán a los proveedores extranjeros de comercio electrónico, ni a los clientes de dichos proveedores, transferir información internamente o a través de fronteras, acceder a la información públicamente disponible o acceder a su propia información almacenada en el extranjero”.
Y todo ello es reforzado aún más en el Artículo 9, que establece que ningún país firmante podrá requerir a un proveedor de servicios que use instalaciones informáticas localizadas en su territorio para procesar y almacenar los datos de los usuarios, como condición para operar en ese país.
Esta deslocalización de la información personal de los ciudadanos, en aplicación de la doctrina económica neoliberal a los datos informáticos, es francamente peligrosa porque la localización territorial de la información es a menudo imprescindible para garantizar la privacidad de los datos digitales o incluso asegurar la libertad de expresión, respetada en unos países y perseguida en otros.
Más aún, esta hiperliberalización del flujo internacional de la información personal de los ciudadanos de los países firmantes (incluidos todos los de la UE, representados por la Comisión Europea en una negociación secreta que cede a los deseos de EEUU, Canadá, Australia o incluso Suiza) está en conflicto con las propias normativas internas de la Unión Europea y la OCDE. Ambas organizaciones “prevén restricciones en la transferencia al extranjero de datos privados como uno de los métodos para que las compañías de servicios proporcionen un adecuado sistema de protección de la privacidad a los ciudadanos de los países” miembros, explica el abogado de Wikileaks Tamir Israel.
Los servicios secretos occidentales conocen tan bien la importancia crucial de la localización territorial de los datos que están permanentemente tratando de redirigir estratégicamente el tráfico de Internet hacia naciones o jurisdicciones amigas para asegurarse un acceso directo a esa información. Eso es lo que han practicado las agencias de inteligencia como la estadounidense NSA para desencadenar un espionaje masivo de la ciudadanía, tal como reveló el exanalista de la CIA Edward Snowden.
Precisamente por eso, el marco de normativas de la UE y de la OCDE sobre comercio electrónico, permite a los países bloquear las transferencias de datos a otros países donde no hay suficientes garantías de respeto a la privacidad de la información personal. Pero el TiSA no da margen ninguno a ese tipo de restricciones, algo que entra en conflicto directo con los compromisos internacionales de muchos de los países que participan en la negociación secreta de ese acuerdo y que son firmantes de las Privacy Guidelines de la OCDE actualizadas en 2013, de la Data Protection Directive de la UE, o de ambas.
Tanto es así que, tras la filtración de los documentos en Wikileaks, la eurodiputada Viviane Reding –exvicepresidenta de la Comisión y actualmente miembro de la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara– ha reconocido al periódico italiano L’Espresso (uno de los principales socios colaboradores en esta exclusiva) que “los auténticos desafíos se plantean en el capítulo de Comercio Electrónico, que también ha sido filtrado. El documento muestra que varios de los participantes en el TiSA querrían socavar la privacidad de los datos con cláusulas multifunción, limitar la neutralidad de la Red con diversas excepciones y deshacer los estándares con exenciones universales de seguridad nacional“.
No obstante, Reding sostiene que “por muchas puertas de atrás que intenten abrir nuestros socios, estoy decidida a cerrarlas todas. La protección de datos no es una barrera comercial, sino un derecho fundamental no negociable (Artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la UE yArtículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión).
Pero vamos a necesitar a muchas Reding para hacer frente al asalto combinado contra nuestros derechos de todas las potencias económicas y políticas del neoliberalismo.
Los documentos confidenciales revelados por Wikileaks sobre el Anexo de Comercio Electrónico del Acuerdo de Comercio de Servicios, muestran que 50 países van a deslocalizar a través de las fronteras la información personal de la ciudadanía, en aplicación de la doctrina neoliberal a los datos informáticos, poniendo en peligro las garantías nacionales de su privacidad.
CARLOS ENRIQUE BAYO
Cuanto más se examina el contenido del Trade in Services Agreement (TiSA) que medio centenar de países negocian a escondidas, más se comprende por qué esos gobiernos pretenden que permanezca en secreto incluso cinco años después de su entrada en vigor. Por ejemplo, si su Anexo sobre Comercio Electrónico es aplicado internacionalmente, los Estados perderán el control sobre dónde se almacenan y cómo se utilizan los datos de sus ciudadanos.
Una conclusión en la que coinciden expertos economistas y juristas consultados por Público, uno de los diez medios de comunicación de otros tantos países —desde Australia a Uruguay y de Islandia a Turquía— que ha colaborado con Wikileaks en una nueva exclusiva mundial: la filtración de 17 documentos internos que constituyen las actas de esa negociación secreta para establecer un tratado de comercio de servicios todavía más antidemocrático y neoliberal que el TTIP entre Estados Unidos y la Unión Europea.
El Artículo 2 del citado Anexo sobre Comercio Electrónico del TiSA, titulado “Movimiento de Información” o “Flujos de Información a través de Fronteras”, establece sin ambages en su primer punto que “ningún partícipe [país firmante del acuerdo] podrá impedir a un proveedor de servicios que transfiera, acceda, procese o almacene información, incluida información personal, dentro o fuera del territorio de ese partícipe, cuando esa actividad se efectúa en conexión con la gestión del negocio de ese proveedor de servicios”.
Es decir, el acuerdo secreto prohíbe categóricamente cualquier restricción en el flujo de datos personales de los ciudadanos a través de las fronteras, ya que vuelve a insistir en esa libre exportación de la información en su punto quinto: “Los partícipes no impedirán a los proveedores extranjeros de comercio electrónico, ni a los clientes de dichos proveedores, transferir información internamente o a través de fronteras, acceder a la información públicamente disponible o acceder a su propia información almacenada en el extranjero”.
Y todo ello es reforzado aún más en el Artículo 9, que establece que ningún país firmante podrá requerir a un proveedor de servicios que use instalaciones informáticas localizadas en su territorio para procesar y almacenar los datos de los usuarios, como condición para operar en ese país.
Esta deslocalización de la información personal de los ciudadanos, en aplicación de la doctrina económica neoliberal a los datos informáticos, es francamente peligrosa porque la localización territorial de la información es a menudo imprescindible para garantizar la privacidad de los datos digitales o incluso asegurar la libertad de expresión, respetada en unos países y perseguida en otros.
Más aún, esta hiperliberalización del flujo internacional de la información personal de los ciudadanos de los países firmantes (incluidos todos los de la UE, representados por la Comisión Europea en una negociación secreta que cede a los deseos de EEUU, Canadá, Australia o incluso Suiza) está en conflicto con las propias normativas internas de la Unión Europea y la OCDE. Ambas organizaciones “prevén restricciones en la transferencia al extranjero de datos privados como uno de los métodos para que las compañías de servicios proporcionen un adecuado sistema de protección de la privacidad a los ciudadanos de los países” miembros, explica el abogado de Wikileaks Tamir Israel.
Los servicios secretos occidentales conocen tan bien la importancia crucial de la localización territorial de los datos que están permanentemente tratando de redirigir estratégicamente el tráfico de Internet hacia naciones o jurisdicciones amigas para asegurarse un acceso directo a esa información. Eso es lo que han practicado las agencias de inteligencia como la estadounidense NSA para desencadenar un espionaje masivo de la ciudadanía, tal como reveló el exanalista de la CIA Edward Snowden.
Precisamente por eso, el marco de normativas de la UE y de la OCDE sobre comercio electrónico, permite a los países bloquear las transferencias de datos a otros países donde no hay suficientes garantías de respeto a la privacidad de la información personal. Pero el TiSA no da margen ninguno a ese tipo de restricciones, algo que entra en conflicto directo con los compromisos internacionales de muchos de los países que participan en la negociación secreta de ese acuerdo y que son firmantes de las Privacy Guidelines de la OCDE actualizadas en 2013, de la Data Protection Directive de la UE, o de ambas.
Tanto es así que, tras la filtración de los documentos en Wikileaks, la eurodiputada Viviane Reding –exvicepresidenta de la Comisión y actualmente miembro de la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara– ha reconocido al periódico italiano L’Espresso (uno de los principales socios colaboradores en esta exclusiva) que “los auténticos desafíos se plantean en el capítulo de Comercio Electrónico, que también ha sido filtrado. El documento muestra que varios de los participantes en el TiSA querrían socavar la privacidad de los datos con cláusulas multifunción, limitar la neutralidad de la Red con diversas excepciones y deshacer los estándares con exenciones universales de seguridad nacional“.
No obstante, Reding sostiene que “por muchas puertas de atrás que intenten abrir nuestros socios, estoy decidida a cerrarlas todas. La protección de datos no es una barrera comercial, sino un derecho fundamental no negociable (Artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la UE yArtículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión).
Pero vamos a necesitar a muchas Reding para hacer frente al asalto combinado contra nuestros derechos de todas las potencias económicas y políticas del neoliberalismo.
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