El gobierno egipcio medita exigir a las plataformas de transporte urbano como Uber o Careem que radiquen sus servidores dentro del país y que compartan los datos de sus apps en tiempo real con los organismos públicos encargados de la seguridad, lo que permitiría a uno de los gobiernos más agresivos en la represión de todo tipo de disidencia conocer con todo detalle y en tiempo real por dónde se desplazan los usuarios, sus hábitos, etc.
La deriva hacia la cibervigilancia del gobierno egipcio tras la llamada Primavera Árabe ha sido una de las más acusadas en todo el mundo: la creación por decreto de un High Council for Cyber Security dedicado teóricamente a monitorizar la seguridad del país en la red, pero aparentemente mucho más dedicado a tratar de luchar contra el activismo y la disidencia política, ha levantado todo tipo de alarmas al ser capaz de reunir datos sobre la localización y desplazamientos de cualquier ciudadano monitorizando sus smartphones a través de las compañías de telecomunicaciones, y su presencia y participación en redes sociales. Redes y servicios como el Free Basics de Facebook han sido bloqueados en el país por problemas a la hora de entregar información al gobierno, que justifica sus esfuerzos en la supuesta necesidad de “parecerse a lo que hacen gobiernos de otros países”.
Para Uber, que lucha una dura batalla por la expansión en la zona con competidores como Careem, fundada en Dubai por dos ex-consultores de McKinsey y que cuenta con participaciones importantes de compañías como Saudi Telecom o Rakuten, Egipto, con sus 93 millones de habitantes y con un nivel bajo de posesión de automóviles, es un mercado fundamental. Pero dar acceso a un gobierno obviamente implicado en actividades represivas a la información en tiempo real de los desplazamientos es algo sin precedentes para la compañía, que obviamente contribuiría a una percepción de colaboracionismo y que fomentaría la sensación de que el gobierno controla todo lo que se mueve. De nuevo, un ejemplo claro de la mentalidad de determinados políticos: un nivel de vigilancia de ese tipo no permite evitar actividades de terrorismo, que al saberse vigilados por esa vía optarán simplemente por otras, pero sí vigilar a toda la población, en un ejercicio claro de actitud antidemocrática y totalitaria.
Independientemente de lo que Uber haga o deje de hacer en este caso, comparar el ejemplo de Egipto con el recientemente comentado de Theresa May en el Reino Unido proporciona un contexto adecuado de lo que debería ser aceptable e inaceptable en una democracia. El dilema de la vigilancia es, sin duda, uno de los más actuales que pueden discutirse en la interfaz entre tecnología y sociedad: mientras muchos siguen pensando que cuantos más datos de la actividad de los ciudadanos sea capaz de tener el gobierno de turno, y recurren cada vez más a herramientas propias de la ciberdelincuencia para acceder a ellos, la gran verdad es que eso solo permite monitorizar a la parte de la población que no tiene ninguna intención de cometer un atentado, mientras que los que sí lo pretenden son, en la mayoría de los casos, capaces de permanecer al margen de este tipo de sistemas. Ensayos llevados a cabo por expertos en machine learning parecen sugerir que para prevenir el comportamiento terrorista, en realidad, basta con datos mucho más básicos de los ciudadanos, datos que cualquier gobierno tiene razonablemente en su poder. Frente a la obsesión con la cibervigilancia y el control de toda la ciudadanía, un poco de analítica y un mucho de sentido común.
Vigilarnos a todos no es la solución para evitar las malas intenciones de unos pocos. Egipto, con sus numerosos casos de represión y de activistas y bloggers encarcelados, no es un caso que podamos considerar en modo alguno positivo para nada, ni una historia de éxito de ningún tipo en la lucha antiterrorista. Y sin embargo, Theresa May y otros aspiran a convertirse en algo similar. Para hacérselo mirar.
El gobierno egipcio medita exigir a las plataformas de transporte urbano como Uber o Careem que radiquen sus servidores dentro del país y que compartan los datos de sus apps en tiempo real con los organismos públicos encargados de la seguridad, lo que permitiría a uno de los gobiernos más agresivos en la represión de todo tipo de disidencia conocer con todo detalle y en tiempo real por dónde se desplazan los usuarios, sus hábitos, etc.
La deriva hacia la cibervigilancia del gobierno egipcio tras la llamada Primavera Árabe ha sido una de las más acusadas en todo el mundo: la creación por decreto de un High Council for Cyber Security dedicado teóricamente a monitorizar la seguridad del país en la red, pero aparentemente mucho más dedicado a tratar de luchar contra el activismo y la disidencia política, ha levantado todo tipo de alarmas al ser capaz de reunir datos sobre la localización y desplazamientos de cualquier ciudadano monitorizando sus smartphones a través de las compañías de telecomunicaciones, y su presencia y participación en redes sociales. Redes y servicios como el Free Basics de Facebook han sido bloqueados en el país por problemas a la hora de entregar información al gobierno, que justifica sus esfuerzos en la supuesta necesidad de “parecerse a lo que hacen gobiernos de otros países”.
Para Uber, que lucha una dura batalla por la expansión en la zona con competidores como Careem, fundada en Dubai por dos ex-consultores de McKinsey y que cuenta con participaciones importantes de compañías como Saudi Telecom o Rakuten, Egipto, con sus 93 millones de habitantes y con un nivel bajo de posesión de automóviles, es un mercado fundamental. Pero dar acceso a un gobierno obviamente implicado en actividades represivas a la información en tiempo real de los desplazamientos es algo sin precedentes para la compañía, que obviamente contribuiría a una percepción de colaboracionismo y que fomentaría la sensación de que el gobierno controla todo lo que se mueve. De nuevo, un ejemplo claro de la mentalidad de determinados políticos: un nivel de vigilancia de ese tipo no permite evitar actividades de terrorismo, que al saberse vigilados por esa vía optarán simplemente por otras, pero sí vigilar a toda la población, en un ejercicio claro de actitud antidemocrática y totalitaria.
Independientemente de lo que Uber haga o deje de hacer en este caso, comparar el ejemplo de Egipto con el recientemente comentado de Theresa May en el Reino Unido proporciona un contexto adecuado de lo que debería ser aceptable e inaceptable en una democracia. El dilema de la vigilancia es, sin duda, uno de los más actuales que pueden discutirse en la interfaz entre tecnología y sociedad: mientras muchos siguen pensando que cuantos más datos de la actividad de los ciudadanos sea capaz de tener el gobierno de turno, y recurren cada vez más a herramientas propias de la ciberdelincuencia para acceder a ellos, la gran verdad es que eso solo permite monitorizar a la parte de la población que no tiene ninguna intención de cometer un atentado, mientras que los que sí lo pretenden son, en la mayoría de los casos, capaces de permanecer al margen de este tipo de sistemas. Ensayos llevados a cabo por expertos en machine learning parecen sugerir que para prevenir el comportamiento terrorista, en realidad, basta con datos mucho más básicos de los ciudadanos, datos que cualquier gobierno tiene razonablemente en su poder. Frente a la obsesión con la cibervigilancia y el control de toda la ciudadanía, un poco de analítica y un mucho de sentido común.
Vigilarnos a todos no es la solución para evitar las malas intenciones de unos pocos. Egipto, con sus numerosos casos de represión y de activistas y bloggers encarcelados, no es un caso que podamos considerar en modo alguno positivo para nada, ni una historia de éxito de ningún tipo en la lucha antiterrorista. Y sin embargo, Theresa May y otros aspiran a convertirse en algo similar. Para hacérselo mirar.
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