China continúa avanzando, sin el más mínimo complejo, en el desarrollo de la mayor herramienta tecnológica de control social jamás desarrollada por el hombre. Desde la llegada al poder de Xi Jinping en marzo de 2013, el gobernante ha mostrado una fortísima obsesión por el control: ha reforzado los conceptos de unidad interna y disciplina en todo el partido, ha puesto en marcha una enorme campaña contra la corrupción, y sobre todo, ha reforzado la vigilancia de la sociedad civil y el discurso ideológico hasta el límite, lo que incluye la censura en internet como herramienta fundamental.
Bajo Xi Jinping, la censura en China no es ya una cuestión coyuntural o un elemento para controlar la velocidad del cambio: se ha convertido en un rasgo fundamental que caracteriza al país, en un elemento de identidad, en un derecho supuestamente inalienable de mantener su soberanía nacional sobre la red. Xi Jinping afirma el derecho de China a ser diferente, a escoger independientemente su propio camino hacia el desarrollo, su modelo de regulación y su participación en la gobernanza del ciberespacio internacional en igualdad de condiciones. La democracia y la libertad de información no son, para China, una obligación o un objetivo hacia el que hay que evolucionar necesariamente: la libre circulación de los contenidos en la red supone una amenaza a su forma de vida, al régimen que gobierna el país, y a la estabilidad en general.
Tras el XIX Congreso del Partido Comunista chino, la voluntad de reforzar el control social en el país utilizando todos los medios, más allá de internet, ha quedado claramente reafirmada y sancionada como elemento fundamental en su estrategia y planes de futuro. La inversión en tecnología ha llevado a la construcción de la mayor base de datos biométricos del mundo, que ahora, además de desplegarse en las más de 176 millones de cámaras que controlan el territorio – que pretenden llegar hasta los 626 millones en los próximos tres años y que cubren ya, por ejemplo, el 100% del área urbana de Beijing – se extiende incluso a las gafas que llevan sus policías, capaces de simplemente enfocar a una persona y obtener sus datos. La vigilancia se extiende también a la red telefónica, con la mayor base de datos de huellas de voz para identificar a sus ciudadanos en una simple conversación, y a cualquier otro ámbito mediante otra base de datos de registros de ADN.
A esas iniciativas gubernamentales se unen, además, otras iniciativas privadas que colaboran con el estado: todos los ciudadanos reciben una puntuación en función de factores que van desde su consideración crediticia hasta sus actitudes con respecto al gobierno, puntuación que, además, es objeto de esquemas de gamificación: la puntuación de una persona puede verse afectada no solo por sus acciones, sino también por las de aquellos que le rodean, familiares o amigos, lo que de hecho convierte cualquier actitud crítica o disidente en un problema no solo para la persona sino también para su círculo de influencia, llevando rápidamente al aislamiento social de quienes la manifiesten. Además, el uso de herramientas tecnológicas para desplazarse, pagar, relacionarse o llevar a cabo todo tipo de acciones se ha convertido en tan ubicuo, que nadie puede plantearse no utilizarlos, por una cuestión de conveniencia y comodidad, de no convertirse en “un raro” o, directamente, en un sospechoso.
La privacidad, en China, no es un derecho, sino una amenaza. Los ciudadanos viven bajo una vigilancia permanente destinada a mantener la estabilidad. Por mucho que algunas de esas iniciativas privadas generen tímidas reacciones en contra (las gubernamentales ni se plantean), el país tiene claro que su sistema no es un error o un problema, sino una característica que está dispuesto a defender como parte de su idiosincrasia, como un elemento fundamental en su estrategia. Las generaciones más jóvenes, a la vista del éxito económico que el país está obteniendo y tras haber nacido y crecido en un entorno de rígido control de la información crítica, ya no dudan, y se han convertido en entusiastas defensores de su gobierno, que patrullan las redes e intentan aislar y convencer a los que manifiestan actitudes mínimamente críticas.
Es, sencillamente, un planteamiento diferente de sociedad, en el que cuestiones que en Occidente consideramos derechos fundamentales desaparecen en aras de un beneficio supuestamente mayor, en donde el control social se convierte en la auténtica herramienta política. Pero un planteamiento, además, enormemente exitoso y eficiente, que el país pretende además extender en el futuro al resto del mundo. Durante mucho tiempo, la mayor parte de los países del mundo han evolucionado para considerar la democracia como un valor fundamental en sus sociedades y en su forma de gobierno, como un requisito indispensable: el éxito y la ambición de China y su defensa de estrategias de control social como una vía alternativa suponen, ahora, el replanteamiento más importante de esa idea de cara al futuro.
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China continúa avanzando, sin el más mínimo complejo, en el desarrollo de la mayor herramienta tecnológica de control social jamás desarrollada por el hombre. Desde la llegada al poder de Xi Jinping en marzo de 2013, el gobernante ha mostrado una fortísima obsesión por el control: ha reforzado los conceptos de unidad interna y disciplina en todo el partido, ha puesto en marcha una enorme campaña contra la corrupción, y sobre todo, ha reforzado la vigilancia de la sociedad civil y el discurso ideológico hasta el límite, lo que incluye la censura en internet como herramienta fundamental.
Bajo Xi Jinping, la censura en China no es ya una cuestión coyuntural o un elemento para controlar la velocidad del cambio: se ha convertido en un rasgo fundamental que caracteriza al país, en un elemento de identidad, en un derecho supuestamente inalienable de mantener su soberanía nacional sobre la red. Xi Jinping afirma el derecho de China a ser diferente, a escoger independientemente su propio camino hacia el desarrollo, su modelo de regulación y su participación en la gobernanza del ciberespacio internacional en igualdad de condiciones. La democracia y la libertad de información no son, para China, una obligación o un objetivo hacia el que hay que evolucionar necesariamente: la libre circulación de los contenidos en la red supone una amenaza a su forma de vida, al régimen que gobierna el país, y a la estabilidad en general.
Tras el XIX Congreso del Partido Comunista chino, la voluntad de reforzar el control social en el país utilizando todos los medios, más allá de internet, ha quedado claramente reafirmada y sancionada como elemento fundamental en su estrategia y planes de futuro. La inversión en tecnología ha llevado a la construcción de la mayor base de datos biométricos del mundo, que ahora, además de desplegarse en las más de 176 millones de cámaras que controlan el territorio – que pretenden llegar hasta los 626 millones en los próximos tres años y que cubren ya, por ejemplo, el 100% del área urbana de Beijing – se extiende incluso a las gafas que llevan sus policías, capaces de simplemente enfocar a una persona y obtener sus datos. La vigilancia se extiende también a la red telefónica, con la mayor base de datos de huellas de voz para identificar a sus ciudadanos en una simple conversación, y a cualquier otro ámbito mediante otra base de datos de registros de ADN.
A esas iniciativas gubernamentales se unen, además, otras iniciativas privadas que colaboran con el estado: todos los ciudadanos reciben una puntuación en función de factores que van desde su consideración crediticia hasta sus actitudes con respecto al gobierno, puntuación que, además, es objeto de esquemas de gamificación: la puntuación de una persona puede verse afectada no solo por sus acciones, sino también por las de aquellos que le rodean, familiares o amigos, lo que de hecho convierte cualquier actitud crítica o disidente en un problema no solo para la persona sino también para su círculo de influencia, llevando rápidamente al aislamiento social de quienes la manifiesten. Además, el uso de herramientas tecnológicas para desplazarse, pagar, relacionarse o llevar a cabo todo tipo de acciones se ha convertido en tan ubicuo, que nadie puede plantearse no utilizarlos, por una cuestión de conveniencia y comodidad, de no convertirse en “un raro” o, directamente, en un sospechoso.
La privacidad, en China, no es un derecho, sino una amenaza. Los ciudadanos viven bajo una vigilancia permanente destinada a mantener la estabilidad. Por mucho que algunas de esas iniciativas privadas generen tímidas reacciones en contra (las gubernamentales ni se plantean), el país tiene claro que su sistema no es un error o un problema, sino una característica que está dispuesto a defender como parte de su idiosincrasia, como un elemento fundamental en su estrategia. Las generaciones más jóvenes, a la vista del éxito económico que el país está obteniendo y tras haber nacido y crecido en un entorno de rígido control de la información crítica, ya no dudan, y se han convertido en entusiastas defensores de su gobierno, que patrullan las redes e intentan aislar y convencer a los que manifiestan actitudes mínimamente críticas.
Es, sencillamente, un planteamiento diferente de sociedad, en el que cuestiones que en Occidente consideramos derechos fundamentales desaparecen en aras de un beneficio supuestamente mayor, en donde el control social se convierte en la auténtica herramienta política. Pero un planteamiento, además, enormemente exitoso y eficiente, que el país pretende además extender en el futuro al resto del mundo. Durante mucho tiempo, la mayor parte de los países del mundo han evolucionado para considerar la democracia como un valor fundamental en sus sociedades y en su forma de gobierno, como un requisito indispensable: el éxito y la ambición de China y su defensa de estrategias de control social como una vía alternativa suponen, ahora, el replanteamiento más importante de esa idea de cara al futuro.
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