En la última década, gran parte de los países de América Latina avanzaron en diversas políticas posneoliberales, que dotaron al Estado de un mayor dominio en la esfera económica de nuestros países, generando derechos sociales y ampliando márgenes de autonomía respecto a los poderes centrales a nivel mundial. Sin embargo, un aspecto en el cual se sigue notando un retraso respecto a políticas soberanas tiene que ver con las cuestiones de las comunicaciones, y especialmente las referidas al uso de Internet. ¿Por qué las cuatro rutas de fibra óptica que posibilitan mayoritariamente el acceso a Internet en América Latina provienen de territorio norteamericano? ¿Cuáles son los peligros que esto tiene para la región?
En una entrevista que le realizara recientemente la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), Julian Assange, fundador de WikiLeaks, manifestaba su preocupación sobre el tema, al afirmar que “el hemisferio sur tiene que proteger a sus poblaciones de la vigilancia: que sus comunicaciones no tengan que atravesar las fronteras de un vigilante depredador del calibre de Estados Unidos, el Reino Unido o sus aliados”. La advertencia de Assange tiene fundadas motivaciones, y solo un ejemplo basta para comprobarlo: hasta el momento, cuatro rutas de cables de fibra óptica provenientes de EEUU tienen contacto directo con territorio latinoamericano, posibilitando el uso cotidiano de Internet en la región.
Las rutas son: Pacific Caribbean Cable System, proveniente de Boca Ratón, con 6.000 kilómetros de cable; Pan American, cuya salida es desde Saint Thomas, contando con 7.000 kilómetros de alcance; South America 1, proveniente de Florida, con 25.000 kilómetros de extensión; y South America Pacific Link, que desde Hawái tiene un alcance de casi 15.000 kilómetros y cubre, como su nombre lo indica, a los países de la costa del Pacífico. Como vemos, este descomunal despliegue de comunicaciones se genera justamente desde el país que más denuncias de espionaje ha tenido en los últimos años: Estados Unidos, quien operó como “espía global” tanto en las investigaciones realizadas por el propio Assange como en las reveladas por el exagente de la CIA Edward Snowden.
La advertencia de Assange a la región es para tomar el tema con la seriedad que el mismo amerita: cuando cualquier latinoamericano envía un correo electrónico, por ejemplo, este pasa por el centro de fibra óptica respectivo —siempre en EEUU—, para luego recién llegar a destino. Lo mismo con las informaciones en las redes sociales: Facebook, Twitter, Google+, entre otras, cuyos datos son accesibles también a sus propietarios. En este punto surgen varios interrogantes vinculados con la política de monitoreo de EE.UU.: ¿Puede haber alguna confianza en que el país que vigiló, vía NSA, a 122 jefes de Estado, tal como demuestran las filtraciones de Snowden, no haga una tarea de sistematización en lo referido al uso de Internet para la región? ¿Qué garantía de ‘no injerencia’ podemos tener, en este delicado tema, en torno a una administración que utiliza las nuevas herramientas tecnológicas para intentar desestabilizar Gobiernos, tal como demuestra la implicancia directa de USAID en la creación de ZunZuneo, el fallido ‘Twitter cubano’, denunciado recientemente por la agencia de noticias AP?
Sin dudas, América Latina debe promover un amplio debate sobre las comunicaciones en general, y en torno a Internet en particular, teniendo en cuenta su relevancia actual en el conjunto de las actividades que realizan nuestras sociedades. Aquellos países que han avanzado en transformaciones de raigambre posneoliberal deben comprender la gravedad que presupone el descomunal manejo de datos sobre el tema en torno a Washington y sus agencias. ¿Cómo resolver este problema? Nada sencillo, por el momento. La promoción de software libre en algunos países, y de legislación en torno a redes de servicios en otros, parecen posibilitar algunos avances en la búsqueda de una soberanía cibernética que, sin embargo, aún se anuncia bastante lejana para la región. Como se ve, la ‘dependencia’ en el siglo XXI puede asumir también nuevas formas, acordes a los nuevos tiempos que vivimos.
Juan Manuel Karg,
Licenciado en Ciencia Política de la UBA
Investigador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires
En la última década, gran parte de los países de América Latina avanzaron en diversas políticas posneoliberales, que dotaron al Estado de un mayor dominio en la esfera económica de nuestros países, generando derechos sociales y ampliando márgenes de autonomía respecto a los poderes centrales a nivel mundial. Sin embargo, un aspecto en el cual se sigue notando un retraso respecto a políticas soberanas tiene que ver con las cuestiones de las comunicaciones, y especialmente las referidas al uso de Internet. ¿Por qué las cuatro rutas de fibra óptica que posibilitan mayoritariamente el acceso a Internet en América Latina provienen de territorio norteamericano? ¿Cuáles son los peligros que esto tiene para la región?
En una entrevista que le realizara recientemente la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), Julian Assange, fundador de WikiLeaks, manifestaba su preocupación sobre el tema, al afirmar que “el hemisferio sur tiene que proteger a sus poblaciones de la vigilancia: que sus comunicaciones no tengan que atravesar las fronteras de un vigilante depredador del calibre de Estados Unidos, el Reino Unido o sus aliados”. La advertencia de Assange tiene fundadas motivaciones, y solo un ejemplo basta para comprobarlo: hasta el momento, cuatro rutas de cables de fibra óptica provenientes de EEUU tienen contacto directo con territorio latinoamericano, posibilitando el uso cotidiano de Internet en la región.
Las rutas son: Pacific Caribbean Cable System, proveniente de Boca Ratón, con 6.000 kilómetros de cable; Pan American, cuya salida es desde Saint Thomas, contando con 7.000 kilómetros de alcance; South America 1, proveniente de Florida, con 25.000 kilómetros de extensión; y South America Pacific Link, que desde Hawái tiene un alcance de casi 15.000 kilómetros y cubre, como su nombre lo indica, a los países de la costa del Pacífico. Como vemos, este descomunal despliegue de comunicaciones se genera justamente desde el país que más denuncias de espionaje ha tenido en los últimos años: Estados Unidos, quien operó como “espía global” tanto en las investigaciones realizadas por el propio Assange como en las reveladas por el exagente de la CIA Edward Snowden.
La advertencia de Assange a la región es para tomar el tema con la seriedad que el mismo amerita: cuando cualquier latinoamericano envía un correo electrónico, por ejemplo, este pasa por el centro de fibra óptica respectivo —siempre en EEUU—, para luego recién llegar a destino. Lo mismo con las informaciones en las redes sociales: Facebook, Twitter, Google+, entre otras, cuyos datos son accesibles también a sus propietarios. En este punto surgen varios interrogantes vinculados con la política de monitoreo de EE.UU.: ¿Puede haber alguna confianza en que el país que vigiló, vía NSA, a 122 jefes de Estado, tal como demuestran las filtraciones de Snowden, no haga una tarea de sistematización en lo referido al uso de Internet para la región? ¿Qué garantía de ‘no injerencia’ podemos tener, en este delicado tema, en torno a una administración que utiliza las nuevas herramientas tecnológicas para intentar desestabilizar Gobiernos, tal como demuestra la implicancia directa de USAID en la creación de ZunZuneo, el fallido ‘Twitter cubano’, denunciado recientemente por la agencia de noticias AP?
Sin dudas, América Latina debe promover un amplio debate sobre las comunicaciones en general, y en torno a Internet en particular, teniendo en cuenta su relevancia actual en el conjunto de las actividades que realizan nuestras sociedades. Aquellos países que han avanzado en transformaciones de raigambre posneoliberal deben comprender la gravedad que presupone el descomunal manejo de datos sobre el tema en torno a Washington y sus agencias. ¿Cómo resolver este problema? Nada sencillo, por el momento. La promoción de software libre en algunos países, y de legislación en torno a redes de servicios en otros, parecen posibilitar algunos avances en la búsqueda de una soberanía cibernética que, sin embargo, aún se anuncia bastante lejana para la región. Como se ve, la ‘dependencia’ en el siglo XXI puede asumir también nuevas formas, acordes a los nuevos tiempos que vivimos.
Juan Manuel Karg,
Licenciado en Ciencia Política de la UBA
Investigador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires
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