China ha aprobado una ley antiterrorista que obliga a toda empresa que actúe en el país a facilitar al gobierno claves de cifrado y contraseñas de usuarios sospechosos, lo que de facto pone fuera de la ley a compañías como Apple y algunas otras que no pueden hacerlo porque, en función de las características de su operativa y de su compromiso con los usuarios, sencillamente no poseen esas claves. La propia Apple ya manifestó previamente su oposición a leyes de este tipo en países como el Reino Unido, de acuerdo con el criterio de numerosos analistas.
Crear puertas traseras en un producto equivale a que esas puertas traseras puedan ser utilizadas no solo por quien las requiere, sino por cualquier otro con habilidades suficientes como para encontrarlas. El reciente caso Juniper, recientemente de actualidad, es una prueba de libro de este tipo de problemas: sea el gobierno chino, el británico o el de Kazajistán, las puertas traseras terminan introduciendo una vulnerabilidad que otros pueden encontrar y explotar, lo que compromete la seguridad de los propios ciudadanos a los que se pretendía supuestamente proteger.
En el caso de China, además, ofrecer al gobierno un acceso ilimitado a las comunicaciones de los usuarios es algo que plantea numerosos problemas. A pesar de los intentos del gobierno por quitar importancia a la cuestión, ese tipo de accesos podrían utilizarse, por ejemplo, para localizar a activistas, a minorías religiosas o a otro tipo de actividades insurgentes aunque no tengan en sus planes ningún tipo de actividad violenta o terrorista. Además, podría comprometer el acceso a diseños y otro tipo de información protegida por propiedad intelectual, otra importante fuente de problemas para las empresas radicadas en China. La nueva ley entra en vigor en pocos días, el día 1 de enero, y por el momento, el gobierno chino no ha dicho qué sanciones aplicará a aquellas empresas que no la cumplan, aunque niega que vaya a prohibir su actividad en el país.
No importa cómo de intuitiva parezca la idea: que un gobierno reclame medios para poder vigilar a todos sus ciudadanos no es algo que proteja su seguridad, sino todo lo contrario, la debilita. Que China, con su historial en este sentido, apruebe este tipo de leyes debería parecernos relativamente normal, sobre todo cuando ya hemos visto casos similares que afectaban a empresas del país. Que otros países con más tradición democrática y respetuosos de los derechos humanos haga lo mismo no debería serlo. La petición de puertas traseras y de sistemas para facilitar el espionaje por parte de un gobierno debe encontrarse no solo con la inequívoca oposición de las empresas de tecnología, sino también con la de todos los ciudadanos, por mucho que pretendan vendernos que “es por nuestra seguridad” y “para evitar la amenaza terrorista. Simplemente, no funciona así. Dejemos de imitar a China y hagamos caso al sentido común.
China ha aprobado una ley antiterrorista que obliga a toda empresa que actúe en el país a facilitar al gobierno claves de cifrado y contraseñas de usuarios sospechosos, lo que de facto pone fuera de la ley a compañías como Apple y algunas otras que no pueden hacerlo porque, en función de las características de su operativa y de su compromiso con los usuarios, sencillamente no poseen esas claves. La propia Apple ya manifestó previamente su oposición a leyes de este tipo en países como el Reino Unido, de acuerdo con el criterio de numerosos analistas.
Crear puertas traseras en un producto equivale a que esas puertas traseras puedan ser utilizadas no solo por quien las requiere, sino por cualquier otro con habilidades suficientes como para encontrarlas. El reciente caso Juniper, recientemente de actualidad, es una prueba de libro de este tipo de problemas: sea el gobierno chino, el británico o el de Kazajistán, las puertas traseras terminan introduciendo una vulnerabilidad que otros pueden encontrar y explotar, lo que compromete la seguridad de los propios ciudadanos a los que se pretendía supuestamente proteger.
En el caso de China, además, ofrecer al gobierno un acceso ilimitado a las comunicaciones de los usuarios es algo que plantea numerosos problemas. A pesar de los intentos del gobierno por quitar importancia a la cuestión, ese tipo de accesos podrían utilizarse, por ejemplo, para localizar a activistas, a minorías religiosas o a otro tipo de actividades insurgentes aunque no tengan en sus planes ningún tipo de actividad violenta o terrorista. Además, podría comprometer el acceso a diseños y otro tipo de información protegida por propiedad intelectual, otra importante fuente de problemas para las empresas radicadas en China. La nueva ley entra en vigor en pocos días, el día 1 de enero, y por el momento, el gobierno chino no ha dicho qué sanciones aplicará a aquellas empresas que no la cumplan, aunque niega que vaya a prohibir su actividad en el país.
No importa cómo de intuitiva parezca la idea: que un gobierno reclame medios para poder vigilar a todos sus ciudadanos no es algo que proteja su seguridad, sino todo lo contrario, la debilita. Que China, con su historial en este sentido, apruebe este tipo de leyes debería parecernos relativamente normal, sobre todo cuando ya hemos visto casos similares que afectaban a empresas del país. Que otros países con más tradición democrática y respetuosos de los derechos humanos haga lo mismo no debería serlo. La petición de puertas traseras y de sistemas para facilitar el espionaje por parte de un gobierno debe encontrarse no solo con la inequívoca oposición de las empresas de tecnología, sino también con la de todos los ciudadanos, por mucho que pretendan vendernos que “es por nuestra seguridad” y “para evitar la amenaza terrorista. Simplemente, no funciona así. Dejemos de imitar a China y hagamos caso al sentido común.
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