“Internet debe mantenerse como un espacio de expresión pero dentro del respeto de las leyes”,aseguró el ministro del Interior de Francia en una reunión con sus homólogos europeos tras el atentado. ¿El objetivo del encuentro? Hablar y negociar las medidas a poner en marcha para combatir el terrorismo. Entre ellas, claro, está una mayor vigilancia en Internet. Todavía no sabemos en concreto en qué se traducirá este acuerdo, pero lo que sí sabemos es cómo funciona la cibervigilancia actual en EEUU y varios países europeos, entre ellos España.
Reino Unido, “campeón mundial de la vigilancia”
El título no se lo he dado yo, sino que así es como se refieren a Reino Unido desde Reporteros sin Fronteras. La principal razón para ello son las filtraciones de Snowden, en las que se demuestra que la GCHQ (que vendría a ser la NSA inglesa) monitoriza masivamente el tráfico de Internet que circula por los cables submarinos. “Son peores que Estados Unidos”, llegó a decir Snowden de ellos, ya que obligaron a The Guardian a destruir toda la información que él les había mandado.
Curiosamente, en la legislación británica y más concretamente en la Regulation of Investigatory Powers Act 2000 se contempla tan sólo la interceptación de comunicaciones en el caso de que sea necesario para la seguridad nacional, que sea para prevenir o detectar un crimen serio o para los intereses económicos del Reino Unido. Siempre, además, tiene que estar autorizada por el Secretario de Estado. Esto choca con la recolección masiva de datos que están realizando según se recoge en los documentos clasificados que se han publicado.
Además de esto, desde 2013 Reino Unido obliga a los operadores a implementar un filtro por defecto que, en principio, tan sólo iba a bloquear el acceso a las webs pornográficas (obligando a quien quiera ver dichos contenidos a llamar a su operadora para darse de alta). Al final, se han incluido en el paquete otras categorías de páginas, entre ellas las que muestran material violento, terrorismo, alcohol… y hasta páginas P2P y otras que explican cómo saltarse el bloqueo, todas ellas por orden de las autoridades y sin autorización judicial.
En noviembre de este año, las principales operadorasfirmaban un acuerdo para ofrecer al público un “botón” para reportar contenido extremista. De esta forma, el Counter Terrorism Internet Referral Unit (CITRU, la única unidad dedicada exclusivamente al extremismo en Internet) tiene más fácil el localizar y eliminar estos contenidos.
Por si estas medidas no fueran suficientes, el Gobierno ha anunciado nuevos frentes de acción. En noviembre, la Secretaria de Estado desveló la intención de permitir a los jueces prohibir que “extremistas” publicaran contenidos en Facebook o Twitter sin permiso. ¿Qué es un “extremista”? Ahí parece residir el problema y es que hablan de “odio” hacia otros grupos religiosos, personas con otra orientación sexual, género o discapacidad. Desde algunos grupos han criticado esta medida, que todavía no está aprobada, ya que según la propuesta afectaría incluso a ateos que critiquen a cristianos y viceversa.
“¿Cuántas veces al día los activistas políticos acusan a sus oponentes de “fomentar el odio”? La izquierda lo hace, la derecha lo hace, los liberales lo hacen, los conservadores lo hacen… es una rutina”, se quejan desde algunas asociaciones, asegurando que no está bien definido
La última del Gobierno británico la conocíamos recientemente, con unas controvertidas declaraciones del Primer Ministro asegurando que, si sale elegido de nuevo, prohibirá las comunicaciones cifradas para proteger a la población del terrorismo.
Estados Unidos, el retorno de CISPA
Al igual que ocurre con Reino Unido, las filtraciones de Snowden no han dejado bien parado a Estados Unidos, que ha sido acusado de espiar a sus ciudadanos, a ciudadanos extranjeros e incluso a líderes mundiales de forma masiva y sin filtro alguno. La NSA intercepta el tráfico de cables submarinos. El tráfico cifrado no está tampoco a salvo: están continuamente buscando formas de “romperlo” y se les acusa incluso de haberse colado en las redes privadas de grandes tecnológicas como Google y Yahoo.
En cuanto a lo “legal” y visible, y si bien Estados Unidos no implementa un filtro de contenidos como Reino Unido, durante bastante tiempo han estado intentando imponer la Ley a la que se le conoce como CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act), que permitiría al Gobierno y a los proveedores y fabricantes de tecnología intercambiar información (vamos, les obligan) para ayudar al Gobierno a investigar y evitar ciberataques. La ley se había quedado atascada en el Senado pero, “misteriosamente”, ha vuelto a aparecer en la agenda política de dicha cámara tras los ciberataques a Sony. “CISPA is back”, como dicen los americanos.
También con el pretexto del ciberataque a Sony, se cree que Obama anunciará esta misma semana una nueva ley que proteja de potenciales demandas a las compañías que decidan compartir datos con las autoridades para prevenir ciberataques. “Creemos que el actual régimen de compartir información es adecuado. Más compañías necesitan utilizarlo, pero la idea de dar amplia inmunidad legal no se necesita ahora mismo”, respondía la EFF a la supuesta normativa.
Francia e Italia quieren más poder
Que Francia bloquea sitios web no es nuevo: lleva haciéndolo durante años por orden judicial. En 2013, por ejemplo, un juez ordenó a Google, Yahoo y Microsoft a retirar de sus resultados algunas páginas que infringían los derechos de autor. Hace unos meses le tocaba el turno a varios sitios web de streaming. Hasta The Pirate Bay y las apps para Android relacionadas quedaron prohibidas en territorio galo el pasado mes de diciembre.
Sin embargo, hace unos días y en plena “caza” de los terroristas que atacaron la redacción de Charlie Hebdo, el Gobierno galo avisó a Bruselas de que han aprobado la ley que permite bloquear, de forma administrativa (sin juez de por medio), los portales que inciten o hagan apología del terrorismo. El Ministerio del Interior manda a las operadoras una lista de sitios web a bloquear, y éstas deben responder en menos de 24 horas, redirigiendo a los internautas a una página de información.
Desde la EFF se quejan de que los supuestos establecidos en la ley no son del todo claros. En algunos puntos se habla de “provocar actos de terrorismo” o “incitar al terrorismo”, dos conceptos legalmente definidos, mientras que en otros apartados se habla de “glorificar” el terrorismo, algo que no está claramente delimitado desde el punto de vista legal y podría afectar también a las opiniones más que los hechos. Según explican, no es bueno para la libertad de expresión que en una ley como ésta, donde se pueden bloquear sitios web sin necesidad del visto bueno de un juez, sea tan ambigua.
En el caso de Italia, y tras los acontecimientos de Francia, el Ministerio del Interior ya ha explicadoque necesitan un “mayor acceso a las conversaciones online entre los extremistas”, para lo que piden colaboración a operadoras y servicios. ¿La idea, según dicho ministro? Acceder a dichos datos y crear una especie de lista negra con aquellos usuarios que puedan ser una amenaza.
Respecto al bloqueo de sitios web en territorio italiano, desde el año pasado los reguladores son los que tienen el poder de bloquear una página que infrinja los derechos de autor… sin necesidad de que lo autorice un juez. Esto se traducía, a comienzos del año pasado, en más de 46 bloqueos. El filtro también se aplica otros sitios web de pornografía infantil, falsificaciones y apuestas. Conocido es el caso también del bloqueo al foro neonazi Stormfront, al que no se puede acceder desde Italia.
En total, y según el Observatorio sulla censura di Internet, hay 6419 sitios web bloqueados en Italia. Aquí hay una lista completa
La tendencia conjunta de Europa
El comunicado conjunto de los ministros del Interior de los países de la Unión Europea, publicadohace tan sólo unos días, no deja lugar a dudas: los países miembros quieren un mayor control de Internet:
“Estamos preocupados al cada vez mayor uso de Internet para fomentar el odio y la violencia, y destacamos nuestra determinación para conseguir que Internet no sea aprovechado para este fin, asegurando además que se mantenga, en escrupuloso cumplimiento de las libertades fundamentales, como un foro para la libertad de expresión en completo cumplimiento de la ley. Con esto en mente, la colaboración de los principales proveedores de Internet es esencial para crear las condiciones para facilitar la notificación de material cuya misión es incitar al odio y al terror, así como las condiciones para su eliminación donde sea apropiado o posible”
Todavía, eso sí, no han dado más detalles de cómo se podrían concretar estas medidas. Asociaciones como la Electronic Frontier Foundation ya se han mostrado en contra de ir más allá en la cibervigilancia: “Resistamos los intentos que quieren utilizar este trágico momento como una oportunidad para seguir adelante con leyes que den más poderes de vigilancia. La libertad de expresión sólo puede llevarse a cabo cuando también se tiene el derecho a la privacidad”.
¿Y en España?
Paradójicamente, desde hace unas semanas se está hablando mucho en España del proyecto de reforma del Código Penal o, como se le conoce en Internet, ‘Ley Mordaza’. Ésta se está tramitando ya en el Congreso y el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto alguna enmienda que traerá cola. Por ejemplo, proponen castigar con una pena de prisión de uno a ocho años a quien “consulte habitualmente uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos para incitar a otros o reforzar la decisión adoptada de incorporarse a una organización o grupo terrorista, a un grupo que conspirase para cometer alguno de los delitos del artículo 571 o que hubiera iniciado preparativos para ello, o de colaborar con cualquiera de ellos o con sus fines”.
Además, se contemplan penas de entre uno y tres años de cárcel para el “enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares”. Aquí ya hemos visto algún caso reciente de “enaltecimiento del terrorismo” por publicaciones en redes sociales o de vídeos cómicos en YouTube.
En el caso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que también se encuentra en trámite parlamentario, se ha producido también bastante polémica al contemplar ésta la posibilidad de intervenir las comunicaciones sin necesidad de autorización judicial previa “en caso de urgencia” y en casos de especial gravedad, aunque no especifican cuáles serían concretamente. En este caso, y como se contempla en el texto, el ministro del Interior o el Secretario de Estado de Seguridad podría dar la orden de intervenir una determinada comunicación. En 24 horas, tendrían que avisar a un juez, que a su vez tendría que validad o anular la medida en un plazo de 72 horas. El Consejo General del Poder Judicial ya ha emitido un informe donde critica este apartado. Carlos Sanchez Almeida analiza muy bien qué podría significar esta Ley junto a la reforma del Código Penal para los internautas.
Mientras terminaba de escribir este resumen, PP y PSOE acaban de anunciar un pacto para elaborar conjuntamente una proposición de ley orgánica contra el terrorismo. La idea, según explican, es tramitar de forma independiente todo el apartado del terrorismo que se establecía en la reforma del Código Penal que comentábamos antes. El País cita a fuentes del ministerio del Interior que aseguran que están dispuestos a “retocar la redacción” de los artículos relacionados con las visitas a páginas sobre terrorismo para matizar el alcance.
Imágenes | Jennifer Moo (imagen de portada), Martin Abegglen (bandera de UK), Mike Mozart (bandera de EEUU), fdecomite (bandera de España), Rock Cohen (bandera de Europa), ro431977 (bandera de Italia), Elliot Brown (bandera de Francia)
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“Internet debe mantenerse como un espacio de expresión pero dentro del respeto de las leyes”,aseguró el ministro del Interior de Francia en una reunión con sus homólogos europeos tras el atentado. ¿El objetivo del encuentro? Hablar y negociar las medidas a poner en marcha para combatir el terrorismo. Entre ellas, claro, está una mayor vigilancia en Internet. Todavía no sabemos en concreto en qué se traducirá este acuerdo, pero lo que sí sabemos es cómo funciona la cibervigilancia actual en EEUU y varios países europeos, entre ellos España.
Reino Unido, “campeón mundial de la vigilancia”
El título no se lo he dado yo, sino que así es como se refieren a Reino Unido desde Reporteros sin Fronteras. La principal razón para ello son las filtraciones de Snowden, en las que se demuestra que la GCHQ (que vendría a ser la NSA inglesa) monitoriza masivamente el tráfico de Internet que circula por los cables submarinos. “Son peores que Estados Unidos”, llegó a decir Snowden de ellos, ya que obligaron a The Guardian a destruir toda la información que él les había mandado.
Curiosamente, en la legislación británica y más concretamente en la Regulation of Investigatory Powers Act 2000 se contempla tan sólo la interceptación de comunicaciones en el caso de que sea necesario para la seguridad nacional, que sea para prevenir o detectar un crimen serio o para los intereses económicos del Reino Unido. Siempre, además, tiene que estar autorizada por el Secretario de Estado. Esto choca con la recolección masiva de datos que están realizando según se recoge en los documentos clasificados que se han publicado.
Además de esto, desde 2013 Reino Unido obliga a los operadores a implementar un filtro por defecto que, en principio, tan sólo iba a bloquear el acceso a las webs pornográficas (obligando a quien quiera ver dichos contenidos a llamar a su operadora para darse de alta). Al final, se han incluido en el paquete otras categorías de páginas, entre ellas las que muestran material violento, terrorismo, alcohol… y hasta páginas P2P y otras que explican cómo saltarse el bloqueo, todas ellas por orden de las autoridades y sin autorización judicial.
En noviembre de este año, las principales operadorasfirmaban un acuerdo para ofrecer al público un “botón” para reportar contenido extremista. De esta forma, el Counter Terrorism Internet Referral Unit (CITRU, la única unidad dedicada exclusivamente al extremismo en Internet) tiene más fácil el localizar y eliminar estos contenidos.
Por si estas medidas no fueran suficientes, el Gobierno ha anunciado nuevos frentes de acción. En noviembre, la Secretaria de Estado desveló la intención de permitir a los jueces prohibir que “extremistas” publicaran contenidos en Facebook o Twitter sin permiso. ¿Qué es un “extremista”? Ahí parece residir el problema y es que hablan de “odio” hacia otros grupos religiosos, personas con otra orientación sexual, género o discapacidad. Desde algunos grupos han criticado esta medida, que todavía no está aprobada, ya que según la propuesta afectaría incluso a ateos que critiquen a cristianos y viceversa.
La última del Gobierno británico la conocíamos recientemente, con unas controvertidas declaraciones del Primer Ministro asegurando que, si sale elegido de nuevo, prohibirá las comunicaciones cifradas para proteger a la población del terrorismo.
Estados Unidos, el retorno de CISPA
Al igual que ocurre con Reino Unido, las filtraciones de Snowden no han dejado bien parado a Estados Unidos, que ha sido acusado de espiar a sus ciudadanos, a ciudadanos extranjeros e incluso a líderes mundiales de forma masiva y sin filtro alguno. La NSA intercepta el tráfico de cables submarinos. El tráfico cifrado no está tampoco a salvo: están continuamente buscando formas de “romperlo” y se les acusa incluso de haberse colado en las redes privadas de grandes tecnológicas como Google y Yahoo.
En cuanto a lo “legal” y visible, y si bien Estados Unidos no implementa un filtro de contenidos como Reino Unido, durante bastante tiempo han estado intentando imponer la Ley a la que se le conoce como CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act), que permitiría al Gobierno y a los proveedores y fabricantes de tecnología intercambiar información (vamos, les obligan) para ayudar al Gobierno a investigar y evitar ciberataques. La ley se había quedado atascada en el Senado pero, “misteriosamente”, ha vuelto a aparecer en la agenda política de dicha cámara tras los ciberataques a Sony. “CISPA is back”, como dicen los americanos.
También con el pretexto del ciberataque a Sony, se cree que Obama anunciará esta misma semana una nueva ley que proteja de potenciales demandas a las compañías que decidan compartir datos con las autoridades para prevenir ciberataques. “Creemos que el actual régimen de compartir información es adecuado. Más compañías necesitan utilizarlo, pero la idea de dar amplia inmunidad legal no se necesita ahora mismo”, respondía la EFF a la supuesta normativa.
Francia e Italia quieren más poder
Que Francia bloquea sitios web no es nuevo: lleva haciéndolo durante años por orden judicial. En 2013, por ejemplo, un juez ordenó a Google, Yahoo y Microsoft a retirar de sus resultados algunas páginas que infringían los derechos de autor. Hace unos meses le tocaba el turno a varios sitios web de streaming. Hasta The Pirate Bay y las apps para Android relacionadas quedaron prohibidas en territorio galo el pasado mes de diciembre.
Sin embargo, hace unos días y en plena “caza” de los terroristas que atacaron la redacción de Charlie Hebdo, el Gobierno galo avisó a Bruselas de que han aprobado la ley que permite bloquear, de forma administrativa (sin juez de por medio), los portales que inciten o hagan apología del terrorismo. El Ministerio del Interior manda a las operadoras una lista de sitios web a bloquear, y éstas deben responder en menos de 24 horas, redirigiendo a los internautas a una página de información.
Desde la EFF se quejan de que los supuestos establecidos en la ley no son del todo claros. En algunos puntos se habla de “provocar actos de terrorismo” o “incitar al terrorismo”, dos conceptos legalmente definidos, mientras que en otros apartados se habla de “glorificar” el terrorismo, algo que no está claramente delimitado desde el punto de vista legal y podría afectar también a las opiniones más que los hechos. Según explican, no es bueno para la libertad de expresión que en una ley como ésta, donde se pueden bloquear sitios web sin necesidad del visto bueno de un juez, sea tan ambigua.
En el caso de Italia, y tras los acontecimientos de Francia, el Ministerio del Interior ya ha explicadoque necesitan un “mayor acceso a las conversaciones online entre los extremistas”, para lo que piden colaboración a operadoras y servicios. ¿La idea, según dicho ministro? Acceder a dichos datos y crear una especie de lista negra con aquellos usuarios que puedan ser una amenaza.
Respecto al bloqueo de sitios web en territorio italiano, desde el año pasado los reguladores son los que tienen el poder de bloquear una página que infrinja los derechos de autor… sin necesidad de que lo autorice un juez. Esto se traducía, a comienzos del año pasado, en más de 46 bloqueos. El filtro también se aplica otros sitios web de pornografía infantil, falsificaciones y apuestas. Conocido es el caso también del bloqueo al foro neonazi Stormfront, al que no se puede acceder desde Italia.
En total, y según el Observatorio sulla censura di Internet, hay 6419 sitios web bloqueados en Italia. Aquí hay una lista completa
La tendencia conjunta de Europa
El comunicado conjunto de los ministros del Interior de los países de la Unión Europea, publicadohace tan sólo unos días, no deja lugar a dudas: los países miembros quieren un mayor control de Internet:
Todavía, eso sí, no han dado más detalles de cómo se podrían concretar estas medidas. Asociaciones como la Electronic Frontier Foundation ya se han mostrado en contra de ir más allá en la cibervigilancia: “Resistamos los intentos que quieren utilizar este trágico momento como una oportunidad para seguir adelante con leyes que den más poderes de vigilancia. La libertad de expresión sólo puede llevarse a cabo cuando también se tiene el derecho a la privacidad”.
¿Y en España?
Paradójicamente, desde hace unas semanas se está hablando mucho en España del proyecto de reforma del Código Penal o, como se le conoce en Internet, ‘Ley Mordaza’. Ésta se está tramitando ya en el Congreso y el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto alguna enmienda que traerá cola. Por ejemplo, proponen castigar con una pena de prisión de uno a ocho años a quien “consulte habitualmente uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos para incitar a otros o reforzar la decisión adoptada de incorporarse a una organización o grupo terrorista, a un grupo que conspirase para cometer alguno de los delitos del artículo 571 o que hubiera iniciado preparativos para ello, o de colaborar con cualquiera de ellos o con sus fines”.
Además, se contemplan penas de entre uno y tres años de cárcel para el “enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares”. Aquí ya hemos visto algún caso reciente de “enaltecimiento del terrorismo” por publicaciones en redes sociales o de vídeos cómicos en YouTube.
En el caso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que también se encuentra en trámite parlamentario, se ha producido también bastante polémica al contemplar ésta la posibilidad de intervenir las comunicaciones sin necesidad de autorización judicial previa “en caso de urgencia” y en casos de especial gravedad, aunque no especifican cuáles serían concretamente. En este caso, y como se contempla en el texto, el ministro del Interior o el Secretario de Estado de Seguridad podría dar la orden de intervenir una determinada comunicación. En 24 horas, tendrían que avisar a un juez, que a su vez tendría que validad o anular la medida en un plazo de 72 horas. El Consejo General del Poder Judicial ya ha emitido un informe donde critica este apartado. Carlos Sanchez Almeida analiza muy bien qué podría significar esta Ley junto a la reforma del Código Penal para los internautas.
Mientras terminaba de escribir este resumen, PP y PSOE acaban de anunciar un pacto para elaborar conjuntamente una proposición de ley orgánica contra el terrorismo. La idea, según explican, es tramitar de forma independiente todo el apartado del terrorismo que se establecía en la reforma del Código Penal que comentábamos antes. El País cita a fuentes del ministerio del Interior que aseguran que están dispuestos a “retocar la redacción” de los artículos relacionados con las visitas a páginas sobre terrorismo para matizar el alcance.
Imágenes | Jennifer Moo (imagen de portada), Martin Abegglen (bandera de UK), Mike Mozart (bandera de EEUU), fdecomite (bandera de España), Rock Cohen (bandera de Europa), ro431977 (bandera de Italia), Elliot Brown (bandera de Francia)
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