Según Amnistía Internacional, en virtud del derecho internacional España tiene la obligación “de investigar las desapariciones forzadas cualquiera que sea la fecha en que fueron cometidas”.
En 2008 el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó en su informe sobre España que el país tenía que “considerar la derogación” de la Ley de Amnistía para los autores de los crímenes de la dictadura, aprobada en 1977, y “restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura”, reza el comunicado de Amnistía Internacional.
En cambio, dice la organización, las autoridades españolas continúan su “vergonzosa inacción respecto a las desapariciones forzosas” y no ayudan a las investigaciones por parte de las organizaciones de defensa de derechos.
Una de estas organizaciones es FIBGAR, encabezada por el famoso exjuez español Baltazar Garzón. El exmagistrado de la Audiencia Nacional ha afirmado este lunes en una rueda de prensa en Ginebra que su país “debe ser el único Estado en Europa y de los pocos democráticos que no ha hecho absolutamente nada por los desaparecidos” del periodo de la dictadura franquista.
Criticó que “no existe, después de 75 años, ningún documento, ningún estudio, ningún impulso oficial” para conocer la cifra exacta de víctimas y ha añadido que “esto es lo que nos ha traído aquí, la impunidad evidente consagrada por el Tribunal Supremo, que prohibió la investigación de esos crímenes”. Indicó que según los datos de los que disponía en 2009, el número de desaparecidos civiles en España osciló entre los 136.000 y los 152.000 en el periodo entre 1936 y 1951.
“Por esa razón”, añadió, “la sociedad civil, las víctimas y las ONG de derechos humanos insistimos en la necesidad de que el Gobierno español tome la iniciativa de, al menos, impulsar una comisión de la verdad”.
Este mes el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada por primera vez examinará el cumplimiento por parte de España de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006.
Según Amnistía Internacional, en virtud del derecho internacional España tiene la obligación “de investigar las desapariciones forzadas cualquiera que sea la fecha en que fueron cometidas”.
En 2008 el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó en su informe sobre España que el país tenía que “considerar la derogación” de la Ley de Amnistía para los autores de los crímenes de la dictadura, aprobada en 1977, y “restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura”, reza el comunicado de Amnistía Internacional.
En cambio, dice la organización, las autoridades españolas continúan su “vergonzosa inacción respecto a las desapariciones forzosas” y no ayudan a las investigaciones por parte de las organizaciones de defensa de derechos.
Una de estas organizaciones es FIBGAR, encabezada por el famoso exjuez español Baltazar Garzón. El exmagistrado de la Audiencia Nacional ha afirmado este lunes en una rueda de prensa en Ginebra que su país “debe ser el único Estado en Europa y de los pocos democráticos que no ha hecho absolutamente nada por los desaparecidos” del periodo de la dictadura franquista.
Criticó que “no existe, después de 75 años, ningún documento, ningún estudio, ningún impulso oficial” para conocer la cifra exacta de víctimas y ha añadido que “esto es lo que nos ha traído aquí, la impunidad evidente consagrada por el Tribunal Supremo, que prohibió la investigación de esos crímenes”. Indicó que según los datos de los que disponía en 2009, el número de desaparecidos civiles en España osciló entre los 136.000 y los 152.000 en el periodo entre 1936 y 1951.
“Por esa razón”, añadió, “la sociedad civil, las víctimas y las ONG de derechos humanos insistimos en la necesidad de que el Gobierno español tome la iniciativa de, al menos, impulsar una comisión de la verdad”.
Este mes el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada por primera vez examinará el cumplimiento por parte de España de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006.
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