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La semana que está terminando estuvo cargada de noticias relacionadas con el uso del anonimato y la privacidad en Internet. Los dos temas suelen ser delicados si se toma en cuenta el impacto social que llega a tener su uso. El debate, que apunta a permanecer abierto por un buen tiempo, suele tener algunos matices que no siempre son perceptibles.
¿Libertad para cometer delitos?
A raíz de las revelaciones de Edward Snowden sobre las conductas de la NSA, las peticiones de buena parte del ecosistema de Internet se centraron en la necesidad de contar con aplicaciones y servicios –una Internet en general– con mayor seguridad para sus usuarios. Con esto, se hicieron populares las herramientas de cifrado y surgieron algunas nuevas propuestas, como miniLock.
Dado que en Internet es posible encontrar un reflejo de lo que ocurre con la sociedad en el mundo desconectado, los usos perversos de estas herramientas no se hicieron esperar. No es que se trate de un fenómeno nuevo, sino que ha adquirido la misma visibilidad que los esfuerzos por asegurar las comunicaciones a través de Internet.
Pornografía infantil, estafas, difamación. Todas ellas son conductas delictivas que no necesitan de Internet para existir, pero que tienen un alcance mayor gracias a esta tecnología. Las herramientas que facilitan el anonimato de los usuarios han servido como trampolín para estos usos, pero también para muchos otros que, aunque son legítimos –como la labor periodística–, no llaman tanto la atención.
La responsabilidad de los intermediarios
El papel que desempeñan los intermediarios en el ecosistema resulta clave. Son estos actores quienes otorgan el acceso –o lo rechazan– a los usuarios, en función de lo que marquen sus políticas y las leyes de las naciones donde operan. Así, ISP y OTT han sido testigos de propuestas que buscan dotarles de una mayor responsabilidad al momento de combatir el crimen en Internet.
Sin embargo, esta costumbre fomenta que los intermediarios se vuelvan policías privados de Internet. Ante el temor de ser sancionados por las instituciones del Estado, el incentivo apunta hacia una mayor restricción de los contenidos en Internet y un constante monitoreo de los mismos. Un buen ejemplo han sido Microsoft y Google, en sendos casos de pornografía infantil.
Los esfuerzos realizados por empresas tecnológicas para fortalecer la seguridad de sus sistemas apuntan, al mismo tiempo, hacia el beneficio de los usuarios y hacia el prestigio de las marcas. Una empresa reconocida por proteger la privacidad de sus usuarios –incluso de las intromisiones de algún gobierno– suele ser más confiable y, por tanto, contar con un mayor número de usuarios. Esto otorga mayor sentido a los esfuerzos de Yahoo y Google para crear un servicio de correo electrónico a prueba de hackers.
La intervención de las autoridades
No obstante, el anonimato y la privacidad no son condiciones que deban ser mantenidas a perpetuidad por los usuarios de Internet. Ambas admiten excepciones que deben ser fundamentadas a fin de evitar abusos por parte de las autoridades. Buena parte de los límites se deberían encontrar especificados en los marcos jurídicos de cada nación.
A nivel internacional, los esfuerzos por limitar las conductas de las agencias gubernamentales se han centrado en la vigilancia de las comunicaciones privadas. Sin embargo, el modelo puede ser replicado para otros casos en los que el anonimato o la privacidad de un usuario de Internet se encuentran comprometidos.
Los principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones son un buen ejemplo de dichos esfuerzos. El documento que los contiene concentra de manera atinada buena parte de los límites que deben ser impuestos al momento de vulnerar la privacidad de las comunicaciones de algún sospechoso.
En general, la idea es que tales violaciones pueden ser aceptables siempre y cuando sean temporales, excepcionales, necesarias –como último recurso– y se trate de medidas proporcionales al delito que se pretende combatir. Una percepción equivocada indicaría que quien busca preservar su anonimato o su privacidad en Internet lo hace para intentar cometer delitos. No siempre es así.
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La semana que está terminando estuvo cargada de noticias relacionadas con el uso del anonimato y la privacidad en Internet. Los dos temas suelen ser delicados si se toma en cuenta el impacto social que llega a tener su uso. El debate, que apunta a permanecer abierto por un buen tiempo, suele tener algunos matices que no siempre son perceptibles.
¿Libertad para cometer delitos?
A raíz de las revelaciones de Edward Snowden sobre las conductas de la NSA, las peticiones de buena parte del ecosistema de Internet se centraron en la necesidad de contar con aplicaciones y servicios –una Internet en general– con mayor seguridad para sus usuarios. Con esto, se hicieron populares las herramientas de cifrado y surgieron algunas nuevas propuestas, como miniLock.
Dado que en Internet es posible encontrar un reflejo de lo que ocurre con la sociedad en el mundo desconectado, los usos perversos de estas herramientas no se hicieron esperar. No es que se trate de un fenómeno nuevo, sino que ha adquirido la misma visibilidad que los esfuerzos por asegurar las comunicaciones a través de Internet.
Pornografía infantil, estafas, difamación. Todas ellas son conductas delictivas que no necesitan de Internet para existir, pero que tienen un alcance mayor gracias a esta tecnología. Las herramientas que facilitan el anonimato de los usuarios han servido como trampolín para estos usos, pero también para muchos otros que, aunque son legítimos –como la labor periodística–, no llaman tanto la atención.
La responsabilidad de los intermediarios
El papel que desempeñan los intermediarios en el ecosistema resulta clave. Son estos actores quienes otorgan el acceso –o lo rechazan– a los usuarios, en función de lo que marquen sus políticas y las leyes de las naciones donde operan. Así, ISP y OTT han sido testigos de propuestas que buscan dotarles de una mayor responsabilidad al momento de combatir el crimen en Internet.
Sin embargo, esta costumbre fomenta que los intermediarios se vuelvan policías privados de Internet. Ante el temor de ser sancionados por las instituciones del Estado, el incentivo apunta hacia una mayor restricción de los contenidos en Internet y un constante monitoreo de los mismos. Un buen ejemplo han sido Microsoft y Google, en sendos casos de pornografía infantil.
Los esfuerzos realizados por empresas tecnológicas para fortalecer la seguridad de sus sistemas apuntan, al mismo tiempo, hacia el beneficio de los usuarios y hacia el prestigio de las marcas. Una empresa reconocida por proteger la privacidad de sus usuarios –incluso de las intromisiones de algún gobierno– suele ser más confiable y, por tanto, contar con un mayor número de usuarios. Esto otorga mayor sentido a los esfuerzos de Yahoo y Google para crear un servicio de correo electrónico a prueba de hackers.
La intervención de las autoridades
No obstante, el anonimato y la privacidad no son condiciones que deban ser mantenidas a perpetuidad por los usuarios de Internet. Ambas admiten excepciones que deben ser fundamentadas a fin de evitar abusos por parte de las autoridades. Buena parte de los límites se deberían encontrar especificados en los marcos jurídicos de cada nación.
A nivel internacional, los esfuerzos por limitar las conductas de las agencias gubernamentales se han centrado en la vigilancia de las comunicaciones privadas. Sin embargo, el modelo puede ser replicado para otros casos en los que el anonimato o la privacidad de un usuario de Internet se encuentran comprometidos.
Los principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones son un buen ejemplo de dichos esfuerzos. El documento que los contiene concentra de manera atinada buena parte de los límites que deben ser impuestos al momento de vulnerar la privacidad de las comunicaciones de algún sospechoso.
En general, la idea es que tales violaciones pueden ser aceptables siempre y cuando sean temporales, excepcionales, necesarias –como último recurso– y se trate de medidas proporcionales al delito que se pretende combatir. Una percepción equivocada indicaría que quien busca preservar su anonimato o su privacidad en Internet lo hace para intentar cometer delitos. No siempre es así.
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