por CRISTÓBAL CUADRADO
El Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio (conocido como TPP por sus siglas en inglés) es un tratado multilateral impulsado fuertemente por el Gobierno de Estados Unidos que involucra a 12 países de la cuenca del Pacífico, dentro de los cuales se encuentra Chile. Su negociación involucra una mezcla de ciencia, economía, y política, que se interrelacionan, conectan y trenzan, avanzando en definiciones que tendrán profundas implicancias en las vidas cotidianas de las personas en caso de ser aprobado. Resulta interesante entonces que, siguiendo las tónicas de las relaciones internacionales, este acuerdo ha sido llevado en completo secreto, negociado en una remota isla del pacífico, dejando fuera a otro actor, afecto al tema, pero no invitado a la conversación: la sociedad.
Uno de los aspectos más controversiales de este tratado, al menos desde el punto de vista del sector salud, tienen relación con la propiedad intelectual, siendo su área más álgida aquellos vinculados con la innovación farmacéutica, ya que se relacionan directamente con las posibilidades de acceso de la población a medicamentos y dispositivos terapéuticos eficaces. El contexto nacional es de particular interés, dado que Chile ha estado discutiendo políticas y mecanismos para lograr un mayor acceso a tratamientos de alto costo para toda la población (Ley Ricarte Soto), siguiendo la tendencia de muchos otros países que se ven enfrentados a una realidad preocupante: la emergencia de innovaciones farmacéuticas, crecientemente más costosas, limita seriamente las posibilidades de acceso de la población a terapias eficaces en el contexto de fuertes protecciones a la industria (patentes).
Dado el completo secretismo en la materia, la información disponible sobre el tratado surge casi exclusivamente de las filtraciones que han existido del proceso, la más importante vía Wikileaks. De estas fuentes se sabe que el tratado plantea mayores y más profundas protecciones a la industria farmacéutica en cuanto a exclusividad de información de los estudios clínicos. Esto agregaría, además de los 20 años de monopolio en la posibilidad de ventas de productos similares a un innovador, protección de exclusividad de datos de hasta 12 años, limitando el desarrollo de conocimientos derivados o el registro de medicamentos genéricos que permitan aumentar el acceso de la población, sobretodo en el ámbito de los biológicos, espacio donde gran parte de las nuevas innovaciones están revolucionando las posibilidades terapéuticas.
Un desafío para la sociedad, de buscar su camino de participación de manera simétrica a los poderes políticos, económicos y la voz autoritaria de la ciencia. Desafío de una sociedad que se reconozca a sí misma como legítimamente partícipe de los procesos de definiciones políticas y económicas, así como en la construcción de los hechos científicos.
No se debe olvidar que detrás de este acuerdo se encuentra la política exterior de Estados Unidos, país que representa el mayor mercado farmacéutico y donde se realiza la mayor parte de la investigación farmacéutica, transformándolo en un sector altamente relevante en la economía estadounidense, en la cuál su principal competidor a nivel global – China – aún no ha desarrollado una industria que le pueda hacer un contrapeso.
¿Qué puede ganar un país como Chile, básicamente un importador de tecnología sanitaria, en este escenario? Poco o nada. Chile ya tiene tratados de libre comercio con todos los países participantes de este acuerdo, por lo que no se beneficiará de mejores tarifas arancelarias para el comercio. Más bien, mucho que perder, auto-imponiéndose condiciones draconianas que potencialmente pueden llegar a impactar negativamente en el acceso a fármacos y otras innovaciones sanitarias en nuestra población.
¿Cómo es que llegamos entonces a una situación como esta? Aquí es donde aparece el pacto de política, economía y ciencia. Lo cierto es que la industria farmacéutica, con sus investigadores, accionistas y lobistas ha tenido una gran capacidad de movilización y traducción. Movilización de datos, laboratorios, microscopios, investigaciones; traducción de ideas, intereses y objetivos. De esta manera ha reclutado a los economistas, a los políticos y a los científicos generando una fuerza tal de movilizar al Estado más poderoso del mundo, quién utilizando su poder esta arrastrando a otros Estados en virtud de determinados intereses. Como diría Latour, la realidad de los hechos viene dada por la capacidad de movilización del mundo de una determinada propuesta, en este caso, la de la industria farmacéutica.
Resulta paradójico el esfuerzo de proteger el conocimiento y la innovación como un bien privado, en tanto la generación del conocimiento resulta claramente de un esfuerzo colectivo; nada puede hacerse sin el andamiaje teórico y metodológico de cientos de miles de investigadores, del presente y el pasado, en base a cuyas contribuciones es posible dar un paso más hasta poder llegar a un fármaco clínicamente útil. Así mismo, la mayor parte de dichos esfuerzos se realizan con financiamientos públicos, en laboratorios, hospitales y universidades. No obstante lo cuál, el paso final, el proceso de generación de conocimiento aplicado, es entregado a un sistema que privatiza lo colectivo, generando como consecuencia el debate entre protección de derechos de la industria farmacéutica y la protección del derecho de acceso a terapias efectivas por parte de la población. Y esto es hecho de una manera tal, que pareciera que no existe ninguna otra alternativa. Hoy el modelo de producción de medicamentos se considera una cuestión tácita. “La innovación farmacéutica la realizan las empresas farmacéuticas”.
Lo más grave del TPP, es que viene a viabilizar este modelo y lo hace una vez más sin la participación de sus involucrados. Una vez más se deja fuera a la ciudadanía de un debate que no sólo le importa a todos, si no que afecta a todos; pero como es habitual, ha algunos más que a otros. No puede haber una firma de este tratado evitando el punto central de la discusión: ¿Cómo se desenvuelven los procesos de generación de tecnología farmacéutica? ¿Que alternativas existen a la situación actual? No puede haber una firma de un tratado de este tipo sin una verdadera negociación. Una negociación de los procesos de generación de fármacos, los instrumentos, las tecnologías, los investigadores, los reguladores, los economistas, los médicos, los pacientes, la sociedad en su conjunto. Una negociación en que verdaderamente se puedan rescatar otras formas y otras fuentes de generación de innovación farmacéutica. Una negociación simétrica, donde los diversos colectivos y la ciudadanía también estén representados.
Surge entonces la pregunta ¿por qué propuestas alternativas no han sido capaces de movilizar y traducir como lo ha hecho la industria farmacéutica? ¿Por qué no han logrado subsistir alternativas a este modelo de generación de conocimiento vinculado a la lógica de beneficio privado de bienes de producción pública? ¿Qué necesita una perspectiva colectiva de la generación de fármacos para ser viable hacia el futuro?
Disputar estas cuestiones que se plantean con carácter “de hecho” requieren entender que, en estos temas, la ciencia es también una cuestión política. La imagen de la circulación de la ciencia de Latour adquiere especial interés entonces. Una propuesta nueva de generación de medicamentos, en base a la co-producción colectiva, a la participación social y de beneficio público requiere comprender las lógicas que han hecho exitosas y han logrado convencer de que la situación actual es el único estatuto posible para la generación de conocimiento aplicado en el ámbito farmacéutico.
Un primer paso es lograr la capacidad de movilización del mundo, esto es, reclutar instrumentos, datos y conocimientos que nos permitan hacer hablar al mundo. Justamente este paso se busca impedir con el TPP, al restringir aún más el acceso a información clave para poder desenvolver nuevos desarrollos científicos. Se requieren además científicos dispuestos a autonomizarse, a encontrarse identificarse con otros que estén dispuestos a desarrollar innovaciones científicas en términos democráticos. Requerimos buscar y conformar alianzas con aquellos interesados en buscar nuevos caminos. Requerimos científicos capaces de comunicarse con la sociedad en su conjunto, representar públicamente la importancia de la construcción de soluciones alternativas al problema de la innovación farmacéutica.
Un desafío para los científicos, que a menudo viven en la ilusión de una investigación pura, cristalina y aséptica, por entero separada de la política. Lo cierto es que la investigación está cargada de política, desde que proyectos son financiados, cuáles son las preguntas consideradas válidas en una determinada ciencia y hasta qué y como son utilizados los resultados de las investigaciones. Nada más política que una investigación que se desarrolla para movilizar decisiones sobre financiar o no financiar un determinado fármaco. Nada más político que aceptar que el desarrollo farmacéutico este bajo el monopolio del sector privado, pero subsidiado con recursos públicos.
Un desafío para los políticos, quienes siguen haciendo uso de su poder para controlar la sociedad, avalando la existencia de espacios oscuros de toma de decisión, carentes de transparencia y participación, tal como lo ha sido este proceso de negociación. Política que cada día más toma partido por la protección de intereses económicos, por sobre la perspectiva de la sociedad como el mandante de su acción. Espacios políticos que han contribuido a perpetuar el actual modelo de generación de medicamentos. No es de extrañar el grado de legitimidad con que la clase política cuenta hoy por hoy.
Un desafío para la sociedad, de buscar su camino de participación de manera simétrica a los poderes políticos, económicos y la voz autoritaria de la ciencia. Desafío de una sociedad que se reconozca a sí misma como legítimamente partícipe de los procesos de definiciones políticas y económicas, así como en la construcción de los hechos científicos. Una sociedad que sea capaz de emplazar al desarrollo de una ciencia que esté verdaderamente dispuesta al dialogo, donde lo colectivo no sea subyugado y privatizado.
por CRISTÓBAL CUADRADO
El Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio (conocido como TPP por sus siglas en inglés) es un tratado multilateral impulsado fuertemente por el Gobierno de Estados Unidos que involucra a 12 países de la cuenca del Pacífico, dentro de los cuales se encuentra Chile. Su negociación involucra una mezcla de ciencia, economía, y política, que se interrelacionan, conectan y trenzan, avanzando en definiciones que tendrán profundas implicancias en las vidas cotidianas de las personas en caso de ser aprobado. Resulta interesante entonces que, siguiendo las tónicas de las relaciones internacionales, este acuerdo ha sido llevado en completo secreto, negociado en una remota isla del pacífico, dejando fuera a otro actor, afecto al tema, pero no invitado a la conversación: la sociedad.
Uno de los aspectos más controversiales de este tratado, al menos desde el punto de vista del sector salud, tienen relación con la propiedad intelectual, siendo su área más álgida aquellos vinculados con la innovación farmacéutica, ya que se relacionan directamente con las posibilidades de acceso de la población a medicamentos y dispositivos terapéuticos eficaces. El contexto nacional es de particular interés, dado que Chile ha estado discutiendo políticas y mecanismos para lograr un mayor acceso a tratamientos de alto costo para toda la población (Ley Ricarte Soto), siguiendo la tendencia de muchos otros países que se ven enfrentados a una realidad preocupante: la emergencia de innovaciones farmacéuticas, crecientemente más costosas, limita seriamente las posibilidades de acceso de la población a terapias eficaces en el contexto de fuertes protecciones a la industria (patentes).
Dado el completo secretismo en la materia, la información disponible sobre el tratado surge casi exclusivamente de las filtraciones que han existido del proceso, la más importante vía Wikileaks. De estas fuentes se sabe que el tratado plantea mayores y más profundas protecciones a la industria farmacéutica en cuanto a exclusividad de información de los estudios clínicos. Esto agregaría, además de los 20 años de monopolio en la posibilidad de ventas de productos similares a un innovador, protección de exclusividad de datos de hasta 12 años, limitando el desarrollo de conocimientos derivados o el registro de medicamentos genéricos que permitan aumentar el acceso de la población, sobretodo en el ámbito de los biológicos, espacio donde gran parte de las nuevas innovaciones están revolucionando las posibilidades terapéuticas.
No se debe olvidar que detrás de este acuerdo se encuentra la política exterior de Estados Unidos, país que representa el mayor mercado farmacéutico y donde se realiza la mayor parte de la investigación farmacéutica, transformándolo en un sector altamente relevante en la economía estadounidense, en la cuál su principal competidor a nivel global – China – aún no ha desarrollado una industria que le pueda hacer un contrapeso.
¿Qué puede ganar un país como Chile, básicamente un importador de tecnología sanitaria, en este escenario? Poco o nada. Chile ya tiene tratados de libre comercio con todos los países participantes de este acuerdo, por lo que no se beneficiará de mejores tarifas arancelarias para el comercio. Más bien, mucho que perder, auto-imponiéndose condiciones draconianas que potencialmente pueden llegar a impactar negativamente en el acceso a fármacos y otras innovaciones sanitarias en nuestra población.
¿Cómo es que llegamos entonces a una situación como esta? Aquí es donde aparece el pacto de política, economía y ciencia. Lo cierto es que la industria farmacéutica, con sus investigadores, accionistas y lobistas ha tenido una gran capacidad de movilización y traducción. Movilización de datos, laboratorios, microscopios, investigaciones; traducción de ideas, intereses y objetivos. De esta manera ha reclutado a los economistas, a los políticos y a los científicos generando una fuerza tal de movilizar al Estado más poderoso del mundo, quién utilizando su poder esta arrastrando a otros Estados en virtud de determinados intereses. Como diría Latour, la realidad de los hechos viene dada por la capacidad de movilización del mundo de una determinada propuesta, en este caso, la de la industria farmacéutica.
Resulta paradójico el esfuerzo de proteger el conocimiento y la innovación como un bien privado, en tanto la generación del conocimiento resulta claramente de un esfuerzo colectivo; nada puede hacerse sin el andamiaje teórico y metodológico de cientos de miles de investigadores, del presente y el pasado, en base a cuyas contribuciones es posible dar un paso más hasta poder llegar a un fármaco clínicamente útil. Así mismo, la mayor parte de dichos esfuerzos se realizan con financiamientos públicos, en laboratorios, hospitales y universidades. No obstante lo cuál, el paso final, el proceso de generación de conocimiento aplicado, es entregado a un sistema que privatiza lo colectivo, generando como consecuencia el debate entre protección de derechos de la industria farmacéutica y la protección del derecho de acceso a terapias efectivas por parte de la población. Y esto es hecho de una manera tal, que pareciera que no existe ninguna otra alternativa. Hoy el modelo de producción de medicamentos se considera una cuestión tácita. “La innovación farmacéutica la realizan las empresas farmacéuticas”.
Lo más grave del TPP, es que viene a viabilizar este modelo y lo hace una vez más sin la participación de sus involucrados. Una vez más se deja fuera a la ciudadanía de un debate que no sólo le importa a todos, si no que afecta a todos; pero como es habitual, ha algunos más que a otros. No puede haber una firma de este tratado evitando el punto central de la discusión: ¿Cómo se desenvuelven los procesos de generación de tecnología farmacéutica? ¿Que alternativas existen a la situación actual? No puede haber una firma de un tratado de este tipo sin una verdadera negociación. Una negociación de los procesos de generación de fármacos, los instrumentos, las tecnologías, los investigadores, los reguladores, los economistas, los médicos, los pacientes, la sociedad en su conjunto. Una negociación en que verdaderamente se puedan rescatar otras formas y otras fuentes de generación de innovación farmacéutica. Una negociación simétrica, donde los diversos colectivos y la ciudadanía también estén representados.
Surge entonces la pregunta ¿por qué propuestas alternativas no han sido capaces de movilizar y traducir como lo ha hecho la industria farmacéutica? ¿Por qué no han logrado subsistir alternativas a este modelo de generación de conocimiento vinculado a la lógica de beneficio privado de bienes de producción pública? ¿Qué necesita una perspectiva colectiva de la generación de fármacos para ser viable hacia el futuro?
Disputar estas cuestiones que se plantean con carácter “de hecho” requieren entender que, en estos temas, la ciencia es también una cuestión política. La imagen de la circulación de la ciencia de Latour adquiere especial interés entonces. Una propuesta nueva de generación de medicamentos, en base a la co-producción colectiva, a la participación social y de beneficio público requiere comprender las lógicas que han hecho exitosas y han logrado convencer de que la situación actual es el único estatuto posible para la generación de conocimiento aplicado en el ámbito farmacéutico.
Un primer paso es lograr la capacidad de movilización del mundo, esto es, reclutar instrumentos, datos y conocimientos que nos permitan hacer hablar al mundo. Justamente este paso se busca impedir con el TPP, al restringir aún más el acceso a información clave para poder desenvolver nuevos desarrollos científicos. Se requieren además científicos dispuestos a autonomizarse, a encontrarse identificarse con otros que estén dispuestos a desarrollar innovaciones científicas en términos democráticos. Requerimos buscar y conformar alianzas con aquellos interesados en buscar nuevos caminos. Requerimos científicos capaces de comunicarse con la sociedad en su conjunto, representar públicamente la importancia de la construcción de soluciones alternativas al problema de la innovación farmacéutica.
Un desafío para los científicos, que a menudo viven en la ilusión de una investigación pura, cristalina y aséptica, por entero separada de la política. Lo cierto es que la investigación está cargada de política, desde que proyectos son financiados, cuáles son las preguntas consideradas válidas en una determinada ciencia y hasta qué y como son utilizados los resultados de las investigaciones. Nada más política que una investigación que se desarrolla para movilizar decisiones sobre financiar o no financiar un determinado fármaco. Nada más político que aceptar que el desarrollo farmacéutico este bajo el monopolio del sector privado, pero subsidiado con recursos públicos.
Un desafío para los políticos, quienes siguen haciendo uso de su poder para controlar la sociedad, avalando la existencia de espacios oscuros de toma de decisión, carentes de transparencia y participación, tal como lo ha sido este proceso de negociación. Política que cada día más toma partido por la protección de intereses económicos, por sobre la perspectiva de la sociedad como el mandante de su acción. Espacios políticos que han contribuido a perpetuar el actual modelo de generación de medicamentos. No es de extrañar el grado de legitimidad con que la clase política cuenta hoy por hoy.
Un desafío para la sociedad, de buscar su camino de participación de manera simétrica a los poderes políticos, económicos y la voz autoritaria de la ciencia. Desafío de una sociedad que se reconozca a sí misma como legítimamente partícipe de los procesos de definiciones políticas y económicas, así como en la construcción de los hechos científicos. Una sociedad que sea capaz de emplazar al desarrollo de una ciencia que esté verdaderamente dispuesta al dialogo, donde lo colectivo no sea subyugado y privatizado.
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